El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha afirmado este viernes que su Ejecutivo “no se arrepiente en absoluto” de la convocatoria de una consulta popular sobre las prospecciones pese a que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado varios preceptos del reglamento incluido en la ley de participación ciudadana por invadir competencias estatales.
En una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, ha comentado que el texto canario es una “herramienta innovadora” en España y por tanto, “susceptible de perfeccionarse”, que en su opinión, es lo que viene a plantear el Constitucional.
Según Marrero, la sentencia no anula todo el reglamento, solo los artículos que van del 9 al 26 que desarrollan la consulta por pregunta directa. Por ello, cree que es un “avance” porque delimita “las bases” para mejorar el reglamento.
“Es una materia jurídica novedosa, un mecanismo que trata de canalizar la participación sobre asuntos de interés general que son competencia de la Comunidad Autónoma”, ha señalado.
Para el portavoz del Ejecutivo, el TC expone que no es inconstitucional realizar consultas a entidades cívicas y ciudadanas, “sino que se haga individualmente”, un fallo que permitirá al próximo Ejecutivo “profundizar en otra redacción”, al tiempo que podrá apoyarse en la reforma del Estatuto que está en proceso de aprobación.
En su opinión, Canarias podrá dotarse de una herramienta con “garantías jurídicas” dentro del marco definido por el TC, y considera “imparable” el desarrollo de la participación ciudadana estableciendo “mecanismos” para que la opinión de la sociedad “se tenga en cuenta más allá de las convocatorias electorales”.