El siguiente objetivo de las instituciones canarias serán los accionistas españoles de Repsol, particularmente Caixabank y Sacyr, que suman entre ambos el 21% del capital de la petrolera, el único de nacionalidad española. Lo advertía desde Estados Unidos el presidente canario, Paulino Rivero, y lo confirmaba con menos sutileza desde Arrecife de Lanzarote el presidente del Cabildo de esa isla, Pedro Sanginés: “Vamos impedir con todas las armas legales a nuestro alcance que el Estado perpetre este atentado contra Canarias”, afirmó.
Consciente de que las compañías petroleras no se pueden permitir lo que llamó “daño de marca”, el presidente del Cabildo de Lanzarote confesó que ya ha testado la preocupación latente en la dirección de Caixabank en Canarias, que le ha mostrado su interés por tener mayores relaciones comerciales con la institución.
No parece que sea el mejor momento, porque el sentido de las palabras de Sanginés iban en la línea de hacer tambalear la imagen de los accionistas de Repsol, sin concretar medidas, para que “pierdan todo el interés económico por las prospecciones”.
No sería la primera vez que una petrolera abandona proyectos ante la contestación social o política y el deterioro de su imagen de marca. A uno de los socios de Repsol, Woodside, le ocurrió recientemente en Australia ante el rechazo provocado entre los miembros de una etnia local; incluso existen antecedentes en la compañía que preside Antonio Brufau, que reculó frente a las costas de Cuba ante una carta dirigida por la que fuera presidenta del Congreso norteamericano en la que le expresaba los riesgos tras el accidente del Golfo de México y la postura de Washington por el bloqueo a la isla caribeña.
En el frente político y judicial, el presidente del Cabildo de Lanzarote tampoco descartó nada. A la espera de conocer la sentencia y el voto particular de uno de los cinco magistrados de la Sala Tercera que este martes rechazó los siete recursos presentados contra, los juristas de las instituciones que capitanean la oposición al petróleo (cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y Gobierno de Canarias) ya preparan estrategias.
La más inmediata, en base a esa última sentencia y su voto particular, será recurrirla por nulidad si se apreciara que contraviene directivas europeas. Luego, a partir de que Industria autorice las prospecciones a Repsol, recurrir “esa inmensa chapuza” que es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y por último, acudir a Bruselas para comunicar posibles vulneraciones de directivas comunitarias.
Todo ello bajo un principio básico que este miércoles remarcó el presidente del Cabildo de Lanzarote: “No vamos a permitir pinchazos bajo ningún concepto”.