El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado este miércoles que Canarias obtendrá beneficios fiscales por la eventual extracción de petróleo frente a sus costas. En concreto aseguró que “una parte de los ingresos fiscales que grava esa actividad iría a la comunidad autónoma más próxima, en este caso Canarias, que sería la más beneficiada”. Soria sumó a los beneficios fiscales toda la actividad logística que generaría esta actividad en el Archipiélago.
En relación a las declaraciones del presidente canario, Paulino Rivero, de si se autorizan las prospecciones en Canarias pero no en Baleares 'sería dinamita', a lo que Soria respondió, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, preguntando por qué ha cambiado la posición, “eso es lo que tiene que explicar”.
Respecto a llevar a cabo una consulta para preguntar a la sociedad canaria si quieren o no prospecciones, Soria dijo que “ningún gobierno autónomo puede hacer ninguna consulta sobre materias que no son de su competencia”. Agregó que “esto nada tiene que ver” con Canarias “salvo los beneficios” que obtendría.
Traslado del borrador de la resolución
Por otro lado, Soria anunció que esta semana se ha dado traslado a las partes interesadas del borrador de la resolución para llevar a cabo la investigación de si existe o no petróleo en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Soria matizó que este es un procedimiento “reglado”, “muy tasado en las normas españolas, en la ley de impacto medioambiental”, de ahí que se ha informado del citado borrador al Gobierno canario y a la empresa autorizada para llevar a cabo las prospecciones petrolíferas, que ahora tendrán un periodo de diez días hábiles antes de firmar la citada resolución.
Respecto a cuándo se iniciará este proceso, Soria manifestó que es una cuestión que depende del operador, que “siempre han dicho que después de la firma de la resolución pasarían unos meses, unos tres meses”, por lo que prevé que comiencen a finales de octubre. De descubrir petróleo en este proceso de investigación, habría que abrir otro proceso que podría “durar hasta cuatro o cinco años” para determinar las condiciones “exigibles” de si puede o no extraerse.