El Tribunal Supremo ha desestimado los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012 que autorizaba la realización de prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago canario.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo notificará en los próximos días las sentencias en las que rechaza los recursos presentados por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, Ecologistas en Acción-Ben Magec, la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida, según ha informado el propio tribunal. Las citadas sentencias que confirmarán la legalidad del decreto del Gobierno que concedía los permisos de investigación de hidrocarburos contarán con, al menos, un voto particular, según fuentes del tribunal.
En una nota hecha pública este martes, la Sala adelanta el sentido de su fallo aunque la sentencia todavía no haya sido notificada y señala que “la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos” contra el citado decreto. Según fuentes del Cabildo de Lanzarote, “la decisión del Alto Tribunal, compuesto por cinco jueces, ha sido adoptada al parecer con dos votos particulares en contra, lo que quiere decir que en el seno de los magistrados existen argumentos de peso para poner en cuestión el dictamen favorable a la petrolera”.
Este decreto era “referente a los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En los próximos días se notificarán las sentencias que resuelven dichos recursos, con los votos particulares, si los hubiere”. El citado decreto autorizaba las indagaciones frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
Autorización ambiental
El pasado 29 de mayo, semanas antes de que el Supremo diera a conocer su dictamen, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorizó a Repsol a realizar estas prospecciones petrolíferas en el Atlántico, entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura y Marruecos, aunque con condiciones.
El pasado 17 de junio representantes de las cinco principales organizaciones ecologistas españolas entregaron en la sede de Repsol en Madrid más de 200.000 firmas, recogidas en 183 países, contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. Repsol obtuvo los primeros permisos para explorar posibles hallazgos petrolíferos en los fondos marinos del archipiélago canario en 2001, pero el Supremo anuló aquellos permisos porque carecían de las precauciones ambientales exigidas por la ley. En 2012 un nuevo decreto volvía a adoptar aquella decisión.
Los expertos de Repsol creen que, bajo las aguas que separan Canarias de la costa marroquí, existen reservas de hidrocarburos suficientes como para satisfacer el 10 % del consumo de crudo en España.