El Tribunal de arbitraje sobre el Derecho Internacional del Mar resolvió, con motivo del abordaje y detención del buque de Greenpeace Arctic Sunrise en el Ártico el 19 de septiembre de 2013, que la protesta en el mar “es una actividad lícita en relación con la libertad de navegación”, lo que significa que se puede protestar contra las prospecciones petrolíferas como hizo el mismo buque en noviembre del pasado año.
Por esta protesta el pasado mes de julio la activista Matilde Brunetti tuvo que prestar declaración como imputada en la Audiencia Nacional por una denuncia interpuesta por la armada. Brunetti fue la joven italiana herida después de que una lancha del Ejército embistiera a las lanchas neumáticas de los ecologistas, que querían colgar una pancarta del Rowan Renaissence, barco contratado por Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en Canarias.
Según recoge Greenpeace en su página web, este fallo llega después de que el Arctic Sunrise, protestara “de forma pacífica contra la empresa Gazprom” que a través de su plataforma petrolífera Prirazlomnaya lidera la extracción comercial de petróleo en el Ártico. Por ello las autoridades rusas retuvo durante tres meses a los activistas y durante más de un año el barco de bandera neerlandesa.
Los ecologistas recuerdan que durante los meses que duró la detención ilegal, “las acusaciones de piratería, de vandalismo e incluso de llevar drogas a bordo aparecían en los medios de comunicación rusos”, lo que está penado con una condena, mínima, de siete años de prisión para los activistas. Una amnistía del Gobierno de Putin, previo a los Juegos Olímpicos de Invierno, liberaba sin retirar los cargos a los activistas, a los periodistas e incluso a las Pussy Riots.
Las autoridades de los Países Bajos denunciaron esta detención y el Tribunal de arbitraje, dependiente de las Naciones Unidas respondió de forma contundente que el abordaje y la detención del rompehielos de los ecologistas fue ilegal y que se debe compensar por los daños morales y materiales al país y, por ende, a Greenpeace.
En una decisión unánime del 14 de agosto, la corte de La Haya considera que Rusia violó sus obligaciones con los Países Bajos al subir sus agentes de seguridad a bordo del Arctic Sunrise, inspeccionarlo, detener a la tripulación e incautarse del barco sin el consentimiento previo de ese país, bajo cuya bandera navegaba la embarcación, según recoge Efe.
Las cuestiones sobre la cantidad de la indemnización y los intereses que debe pagar Moscú serán resueltas en una fase posterior de los procedimientos, indicó el tribunal.
La corte sostiene que los Países Bajos “está en su derecho de recibir una indemnización (con intereses) por el daño material sufrido por el Arctic Sunrise, por el daño no material y por los costes en los que ha incurrido en conexión con la emisión de una garantía bancaria por orden del Tribunal Internacional del Mar”.
Se trata en concreto de una indemnización por los costes en los que incurrió el Estado neerlandés a para preparar el barco para su viaje de regreso y por los costes debido a la pérdida del uso del rompehielos durante el periodo en el que quedó inmovilizado.
También por el arresto, el procesamiento y la detención ilegales y por la fianza pagada por el país de la Unión Europea para la liberación de la tripulación, los gastos asociados a su encarcelamiento y los que hubo entre su liberación y su salida de Rusia.
El alto tribunal ha ordenado a Moscú que devuelva los objetos incautados del Arctic Sunrise y de los 30 tripulantes que aún no ha entregado y que, si no lo hiciera con prontitud, recompense a los Países Bajos por su valor.
El tribunal de la ONU también determinó que Rusia violó sus obligaciones para con los Países Bajos por no haber cumplido con prontitud la orden del Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, del 22 de noviembre de 2013.
En esa fecha el Tribunal de Hamburgo exigió a Rusia la liberación inmediata del Arctic Sunrise y de los 30 del Arctic -como son conocidos los miembros de la tripulación por Greenpeace- a cambio de una fianza de 3,6 millones de euros por parte de Holanda.
Los 30 del Arctic fueron liberados bajo fianza el 29 de noviembre de 2013 y amnistiados por decreto de la Duma rusa con respecto a los delitos de vandalismo, después de que inicialmente fueran acusados de piratería. Los tripulantes no rusos pudieron abandonar Rusia el 29 de diciembre, y el 6 de junio de 2014 Rusia levantó el arresto que pesaba sobre el barco.
Greenpeace cree que esta sentencia sienta un precedente “importantísimo para la protesta pacífica en alta mar” y se trata de un fallo “que las autoridades españolas deberían leer detenidamente”.