Un juez de Las Palmas de Gran Canaria será, previsiblemente, el primero de toda España en dictar sentencia en la veintena de demandas civiles dispersas por varios juzgados de España por el accidente mortal del JK5022 de Spanair, ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid cuando en el aparato de Boeing con destino a Gran Canaria se dejaron la vida 154 personas.
El titular de Mercantil 2 de la capital grancanaria, Carlos Martínez-Uceda Calatrava, ha decidido este miércoles en la tercera audiencia previa de una demanda civil celebrada en la isla no acudir a juicio, a diferencia de su colega de Mercantil 1, Alberto López Villarrubia, por considerar en esta nueva acción judicial que no hay discrepancias sobre los hechos y solo se cuestiona la cuantía indemnizatoria.
Mapfre ha admitido con mayor rotundidad en esta demanda presentada por siete familiares de una fallecida que acepta toda la responsabilidad del accidente “bajo el contrato de transporte”, según expuso el letrado de la aseguradora Paulino Fajardo, y de nuevo avanzó que se reserva las acciones judiciales oportunas para pleitear contra Boeing cuando le convenga “en otros foros”.
Es más, en este caso, la compañía ni siquiera impugnó los informes periciales presentados por los demandantes, que reclaman 8.284.501, 10 euros incluidos intereses para la madre y seis hermanos de la fallecida. Mapfre, lo que no admite, lógicamente, es la valoración del daño causado que sí asume como aseguradora de la desaparecida Spanair y ofrece solo a la madre 13,708, 35 euros, al no considerar que los hermanos sean perjudicados y haber recibido el marido de la fallecida, que no es demandante, el anticipo a todo familiar directo tras el accidente: 25.000 euros.
Al ser acerca de este aspecto de valoración del daño, mera cuestión jurídica, sobre lo que ha de juzgar el magistrado, ha quedado vista para sentencia sin juicio, como sí están fijados el 30 de septiembre en Mercantil 1. Es la primera de toda España que queda ya en manos de un juez para fijar una indemnización a los perjudicados por el mortal suceso de Barajas, y encima de la mesa está la controversia ya vista en previas anteriores entre la “responsabilidad ilimitada” a la que apelan los demandantes acogiéndose al convenio de Montreal, o el baremo de accidentes de tráfico al que alude siempre Mapfre citando “criterios de la jurisprudencia española”.
Indignación de perjudicados y eufemismos tácticos
El abogado de la familia demandante, José María Aranda, calificó de “ofrecimiento absolutamente ridículo” los poco más de 13.000 euros con los que pretende compensar Mapfre a la madre por la pérdida de su hija, aparte de cuestionar el proceder de su colega de la parte contraria de enviar un burofax con un ofrecimiento previo de 12.260 euros que entiende que es una comunicación entre abogados que no debía aportarse a la causa, contraviniendo las normas de los letrados. Mapfre ha argumentado siempre que esta práctica es prueba de su “buena fe” e intentos de llegar a acuerdos extrajudiciales, por lo que pide en algunos casos no cargar con las costas judiciales y en otros que no se apliquen intereses de mora a la indemnización.
Además, Aranda también criticó en la sala los eufemismos que utiliza Mapfre para ocultar que se rige por el baremo de accidentes de tráfico a la hora de cuantificar los daños también en sucesos mortales de aviación, como es este, porque “Mapfre llama tendencia de los tribunales españoles a lo que es el baremo” para eludir la “interpretación correcta” del convenio de Montreal, que recoge “hasta 100.000 euros por el mero hecho de producirse el accidente, y a partir de ahí se puede fijar la irresponsabilidad ilimitada de la compañía”, criterio aplicado por los demandantes.
Es esa cuestión jurídica la que debe resolver el magistrado Martínez-Uceda Calatrava, y que, si bien un juzgado mercantil no sienta jurisprudencia sí que marcará un primer criterio, tendencia a tener en cuenta por parte de otros juzgados, entendiendo que debe ser la primera de todas en España al haberse celebrado solamente tres audiencias previas -todas en Gran Canaria- de los veinte procedimientos civiles abiertos en España. La siguiente será el 20 de mayo, en Madrid, en el Mercantil 12, pero ni siquiera es la primera de las demandas, del Mercantil 11, donde Mapfre ha pedido que se acumulen todos los procedimientos. Su audiencia previa no tiene aún fecha.
En esta de Las Palmas de Gran Canaria, el magistrado no llegó a admitir la renuncia ya prevista por parte de Mapfre a que Boeing sea codemandada, como ha planteado la aseguradora en las dos anteriores de Mercantil 1, sino que el mismo juez, de oficio, rechazó que así fuera, por entender que no se puede extender la presunta responsabilidad civil y quien debe acarrear con ella es la aseguradora de la culpable, como ha admitido Mapfre que lo fue Spanair en el JK5022.
Este miércoles también se suspendió una cuarta audiencia previa prevista -en realidad, iba a ser la tercera, antes que la única celebrada-, por el fallecimiento de uno de los demandantes. Ahora se debe dar traslado a sus herederos para poder celebrar. Se trata de un grupo de siete familiares de cinco víctimas. La siguiente audiencia prevista en Gran Canaria es el 9 de julio, también en el 2, con 14 familiares perjudicados por el fallecimiento de cuatro pasajeros de aquel mortal boeing.
Esta vez la sala polivalente de los juzgados de lo mercantil grancanarios contó con una mayor afluencia de medios de comunicación, de otros abogados y de más familiares de víctimas. Entre ellos, Federico Sosa, que perdió a cuatro familiares el 20 de agosto de 2008, comentaba a las cámaras de televisión “que un accidente de este tipo no le puede salir tan barato a Mapfre, esto es indignante, es un insulto lo que hace Mapfre”.