Informes contradictorios, opacidad y riesgos ambientales: las sombras del nuevo megapuerto de Fuerteventura

“Una amenaza sin precedentes en Fuerteventura”. Así define el ecologismo el proyecto para ampliar el muelle de Corralejo, en el norte de la isla. El nuevo puerto, impulsado en 2020 por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, necesita un presupuesto de 32 millones de euros y se enfrenta a un fuerte rechazo social. El proyecto contempla la instalación de cuatro diques nuevos y una explanada comercial, ocupando 33.922 metros cuadrados de superficie de agua marina y 30.034 de zona terrestre. La obra se dibuja en un tramo de costa marcado por los deportes acuáticos, la pesca y el tránsito de especies protegidas, por lo que el activismo la tilda de “sobredimensionada e innecesaria”. Los riesgos ambientales, la opacidad y las contradicciones en los informes que se han elaborado sobre el proyecto lo mantienen stand by.

Al menos cuatro informes técnicos elaborados por el propio Ejecutivo regional advierten de los daños irreversibles que este megapuerto podría tener en el entorno. Sin embargo, tanto el estudio de impacto ambiental, adjudicado a la polémica empresa Evalúa Soluciones Ambientales, como un análisis elaborado por un instituto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) sostienen que la infraestructura es compatible con el espacio en el que se planea. 

Estudios contradictorios 

El Gobierno de Canarias adjudicó el 11 de diciembre de 2020 por 300.000 euros la redacción del proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental. El proyecto técnico, diseñado por la empresa Berenguer Ingenieros, cifra en 32,8 millones de euros el presupuesto total de ejecución. Por su parte, el análisis ambiental concluyó que la infraestructura se ajusta “a los criterios de compatibilidad de la estrategia marina en la Demarcación Marina Canaria”. Además, respecto a su posible afección a espacios marinos protegidos por la Red Natura 2000, el documento asegura que la actuación “es compatible con la conservación de los mismos”. 

El estudio fue elaborado por la empresa Evalúa Soluciones Ambientales, dirigida por el biólogo Rosendo López y responsable de los análisis ambientales de otros polémicos proyectos como el Puerto de Fonsalía, en Tenerife, o la ciudad del cine Dreamland, planificada en Fuerteventura y paralizada por la movilización social dada su proximidad al Parque Natural de las Dunas de Corralejo y la cantidad de agua que exigía. La eficacia de los informes elaborados por esta empresa ha sido cuestionada en varias ocasiones. En octubre de 2023, López dimitió como presidente del órgano ambiental de Adeje después de que se conociera que colaboraba al mismo tiempo con la promotora del proyecto turístico Cuna del Alma, que se construye en el mismo municipio.

El Ejecutivo regional también encargó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) un estudio de medidas para la conservación de la biodiversidad marina en el entorno del Puerto de Corralejo. En concreto, el análisis, al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, lo realizó el Instituto Universitario ECOAQUA y está firmado por el catedrático de gestión y conservación marina Ricardo Haroun. El informe, de 48 páginas, concluye que la nueva dársena comercial no afectará a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sebadales de Corralejo y que los avistamientos de delfín mular (una especie prioritaria de conservación) y de calderón gris están “bastante alejados” del área de influencia del proyecto. Con respecto a la afección sobre las tortugas marinas y, en concreto, sobre la tortuga boba (caretta caretta), el texto afirma que “la construcción de la nueva dársena [...] no debe representar ninguna interacción negativa con esta especie protegida”. 

La asociación Clean Ocean Project, que ya ha amenazado con denunciar la ampliación del puerto ante la Comisión Europea, critica que este estudio no haya sido incorporado a la documentación sometida a exposición pública por parte de la Consejería de Obras Públicas. Fuentes consultadas por esta redacción consideran que este ya es un motivo suficiente para “tumbar” el procedimiento. Además, insisten en que el periodo de alegaciones fue inferior al plazo de 30 días establecido por la ley. 

Los informes técnicos emitidos por el órgano ambiental del Gobierno de Canarias contradicen tanto el estudio elaborado por Rosendo López como las conclusiones del análisis de la ULPGC. El servicio de Biodiversidad de la comunidad autónoma resolvió en 2022 que “la ampliación planteada implicaría, sobre un entorno ya deteriorado, un impacto de graves e irrecuperables consecuencias”. Asimismo, subraya que la obra que pretende impulsar Obras Públicas afectará “gravemente” a la conservación de las especies que habitan en ese entorno, entre las que cita a la tortuga boba o la tortuga verde, de interés comunitario y protegidas por la normativa europea.

En este sentido, el documento emitido por el servicio de Biodiversidad añade que estos perjuicios se producirían sobre un entorno que ya está castigado. La construcción del muelle actual trajo consigo la destrucción de las praderas de sebadales que habitaban en la zona. Por ello, el órgano ambiental insiste en que “no pueden descartarse” nuevos daños sobre la ZEC Sebadales de Corralejo, uno de los puntos “con mayor riqueza florística y faunística” de Canarias. Otro informe emitido por Biodiversidad en febrero de 2023 en relación con esta nueva infraestructura reconoce que las principales vulnerabilidades de estos entornos son los vertidos de aguas residuales, la pesca ilegal y el fondeo de embarcaciones. 

Medidas correctivas

En noviembre de 2021, Biodiversidad propuso una serie de medidas correctivas para el proyecto, aunque advirtió de que estas no serían suficientes para impedir una grave afección a los espacios de la Red Natura 2000 y sus valores. En julio de 2022, el órgano dio a Obras Públicas un plazo de tres meses para subsanar los errores detectados. “Si transcurridos tres meses, el órgano sustantivo no hubiera remitido la información solicitada, o si una vez presentando el expediente siguiera estando incompleto, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria”, concluía el documento.

En diciembre de 2022, según la documentación consultada por este periódico, no se había subsanado el expediente, a pesar de haber ofrecido incluso una prórroga de un mes y medio. Ahora, desde la Consejería de Transición Ecológica que dirige Mariano Zapata (PP), aseguran que ya se está trabajando en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). “En este momento estamos pendientes de informes preceptivos dentro del proceso que se han solicitado a las administraciones correspondientes”, indican desde el área. 

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC), ya aseguró en septiembre en el Parlamento de Canarias que en julio y agosto de 2024 recibieron “el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental”, y que ambos documentos habían sido remitidos a Transición Ecológica para continuar la DIA. Los portavoces de la organización Clean Ocean Project ponen en duda la veracidad de estas afirmaciones y sostienen que a Obras Públicas no le ha dado tiempo de subsanar todos los errores detectados en los informes. 

La ONG insiste en que es necesario reformar el puerto actual por las malas condiciones en las que se encuentra. Sin embargo, advierten de que el proyecto planteado contradice todos los preceptos de sostenibilidad que reivindica la población de Canarias y por los que saldrán a las calles este domingo, en una protesta contra la sobreexplotación del territorio y el modelo turístico. En esta línea, han entregado al área de Pablo Rodríguez un dossier con distintas alternativas que eviten impactos ambientales negativos. Sin embargo, aseguran que no han obtenido ninguna respuesta. 

El Ayuntamiento de La Oliva, municipio al que pertenece la zona del puerto, ha mostrado ya su rechazo a la ampliación mediante un proyecto que califica de “megaconstrucción”. En esta línea, Coalición Canaria en La Oliva ha reivindicado un puerto ''más acorde al modelo de la isla'' que cubra todas las necesidades y demandas actuales y futuras.

En esta línea, el consejero Pablo Rodríguez aseveró en el Parlamento regional en septiembre de 2024 que ''independientemente de la ampliación de la dársena comercial, el Gobierno de Canarias no va a esperar más para rehabilitar los baños y los servicios que ya existen y que no están en condiciones óptimas para lo que merece la isla y el puerto''. Desde el área de Obras Públicas responden a esta redacción que “por ahora no hay novedad” sobre la ampliación del muelle. “Se está analizando el proyecto con todas las partes afectadas, para buscar una solución final consensuada”, indican.