En Corralejo se repiten las playas de arena blanca y los chiringuitos. Los hoteles se acumulan a pocos metros del mar y se acercan, cada vez más, como si en un futuro próximo fueran a levantarse sobre el agua. Por sus calles, las del pueblo marinero y turístico por excelencia de La Oliva, resulta utópico encontrarse a dos residentes majoreros de forma consecutiva. A este pequeño municipio de poco más de 25.000 habitantes en el norte de Fuerteventura vienen alemanes, ingleses e italianos. Aterrizan turistas todo el año. Y el diseño urbanístico está pensado para ellos.
La Oliva es el municipio español con más de 1.000 viviendas turísticas cuyo porcentaje sobre el total es el más elevado del país. El 23,7% de los domicilios son vacacionales, un total de 2.662. Para la isla, en principio, es rentable. Los viajeros que se alojan en ellas suelen pasar más noches y regar con ingentes cantidades dinero los comercios locales. De los últimos datos de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias se desprende el caso de varios extranjeros que alquilaron una “vivienda propia, de amigo o familiares u otros alojamientos privados” y desembolsaron alrededor de 100.000 euros entre hospedaje, ocio y consumo en poco más de un mes de estancia.
Eso la mayoría de los residentes canarios no lo pueden hacer. Muchos llegan en busca de un trabajo temporal en la hostelería o en los grandes hoteles. Como camareros o recepcionistas. La precariedad se siente en todos los puntos de La Oliva, donde la tasa de paro ronda el 22%, uno de cada dos empleos está vinculado a la restauración y cerca del 40% de los contratos son de carácter estacional. La pandemia lo ha agravado todo.
Manuela busca una casa en la que asentarse. Es extranjera y vive en Fuerteventura desde hace 14 años. No encuentra nada a buen precio y su problema, dice, es que ama a la isla majorera más que a su país. De no ser así, quizá ya habría regresado al lugar en el que nació. “Es un gran problema. Los precios son absolutamente inasequibles, especialmente para una persona. Piden contrato fijo, dos o tres mensualidades (a veces hasta seis y un año por adelantado) para entrar. La mayoría ni te hacen un contrato y vives constantemente con el miedo de que de un día para otro te echen”, relata.
Una solución para Manuela podría ser una vivienda de protección oficial. Pero en La Oliva escasean. Solo hay 43, según datos facilitados por el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), que en su plan para los próximos cuatro años ha proyectado construir 21 más. Sin embargo, la espera a que ese objetivo se concrete es un mundo para personas como ella, que no piden nada en especial, solo un hogar donde poder satisfacer sus necesidades materiales.
“No pido una casa de protección oficial. Pido simplemente una casa donde no deba renunciar a comer o encender el termo para ducharme con agua caliente. Donde pueda estar tranquila de que no me echan de un día para otro, donde me hagan un contrato legal y me devuelvan la fianza”, lamenta.
La ratio de viviendas vacacionales por alquileres sociales en La Oliva es de 62/1. Algunos vecinos del municipio, ante la escasez de oportunidades y alternativa habitacional, se han visto obligados a vivir en contendores gigantes en medio de la nada. A la concejala de Disciplina Urbanística y Medioambiental del ayuntamiento majorero, María del Carmen Cabrera, no le gusta eso. “[Se pretende] hacer desaparecer todas esas instalaciones porque causan impacto medioambiental y visual y afean al municipio, aparte de ir contra la Ley del Suelo que establece que están sujetos a previa licencia urbanística los actos de construcción y uso del suelo”.
El consistorio local, en un informe elaborado hace unos años para cuantificar el impacto de los pisos turísticos en el territorio, apuntó que el crecimiento “imparable” de estas viviendas ha desplazado a la población a las afueras, interfiriendo en la riqueza de las familias que han de invertir más en tiempo y dinero para el transporte; ha expulsado a personas y trabajadores que con carácter temporal no han podido encontrar un alquiler de acuerdo al salario que perciben; ha empeorado la calidad de vida al haber creado comunidades en el mismo domicilio donde se alquilan literas, habitaciones o sofás; y ha alejado la posibilidad de contratación de profesionales, en especial aquellos ligados a la hostelería, la educación y la sanidad.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también se centró en la proliferación de pisos de uso turístico en España en el año 2018. Y aunque dejó claro que el alquiler vacacional ha contribuido al aumento generalizado de los precios de la vivienda, señaló que es difícil discernir en qué medida lo ha hecho ya que existen más factores económicos que intervienen en esto.
El lío con esta modalidad de alojamiento no solo está en sus efectos sociales. En Canarias se ha librado una batalla jurídica en el último lustro con varias sentencias que han anulado algunos artículos de la regulación de las viviendas vacacionales, impulsada por el Gobierno de Coalición Canaria en 2015. La actividad ha resistido en las Islas a pesar de los intentos por ponerle límites, llegando incluso a proponer su prohibición en zonas turísticas. Pero las continuas movilizaciones de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) han terminado por resignar al Ejecutivo, que no pretende tocar ningún punto de la normativa actual en la que los ayuntamientos se hacen cargo de la materia urbanística.
Volviendo a La Oliva, en estos momentos sobresalen dos conclusiones: no parece que las viviendas turísticas vayan a esfumarse de un día para otro, sino todo lo contrario (en el Archipiélago se han multiplicado desde principio de siglo); y los altos precios están frenando a los residentes de Fuerteventura a tan siquiera buscar piso en el norte de la isla.
El Gobierno de España se comprometió a regular los alquileres en las denominadas zonas de mercado tensionado, esto es, las regiones en las que el precio de la vivienda ha crecido por encima de lo que se consideraría razonable. Según el acuerdo al que llegaron Unidas Podemos y PSOE, uno de los puntos a tener en cuenta es que el gasto medio en el alquiler no supere el 30% de los ingresos.
Partiendo de esta premisa, Canarias Ahora ha cruzado los datos de la renta media de cada municipio, publicados por la Agencia Tributaria en 2018, y las cifras del gasto medio en el arrendamiento de las viviendas unifamiliares, también desglosadas por municipios y hechas públicas en 2018 por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Así, en caso de que el Gobierno apruebe una ley de vivienda con estas características, vemos que en Canarias habría 53 municipios candidatos a ser considerados áreas de mercado tensionado. En primer lugar estaría Valle Gran Rey, el segundo territorio más poblado de La Gomera, en el que el 57,35% de la nómina percibida se destina a pagar el alquiler. A continuación irían El Sauzal (53,98%), Adeje (51%) y Guía de Isora (48,92%). La Oliva, por su parte, estaría en el undécimo puesto (44,44%).
Bárbara tiene 25 años y vive en casa de sus padres. Lleva más de media vida en Fuerteventura. Con los estudios terminados, ahora solo piensa en independizarse con su pareja y empezar a crecer. Pero las cuentas no le salen. “Unos precios… Con un salario de mileurista es imposible alquilar. Hay mucha gente que no puede permitírselo. Tengo una amiga con dos hijas que también lo está intentando. Se ha informado de las viviendas de protección oficial que se pretenden construir, pero aquí las cosas van muy lentas”, concluye.
Necesitamos tu apoyo para poder seguir informándote. La crisis del coronavirus ha supuesto un duro golpe para todos los medios de comunicación, incluido este. Pretendemos evitar cualquier tipo de recorte que suponga una merma en la calidad de la información que nos demandas. Pero para eso, necesitamos tu respaldo.
Síguenos en Telegram para no perderte las últimas novedades de la crisis del coronavirus
Suscríbete a nuestro boletín para estar al día de lo que pasa