En la era de la digitalización y la innovación constante, los debates en torno a la ética en la inteligencia artificial (IA) se han convertido en una conversación ineludible. Mientras la Administración Pública busca modernizarse para ofrecer servicios más eficientes, la implantación de tecnologías de IA se revela como una solución aparentemente mágica. Sin embargo, como isleños en un mundo cada vez más interconectado, sabemos que toda magia tiene su precio.
Concebida como un apoyo para el análisis de datos y la toma de decisiones, la IA podría transformar radicalmente el funcionamiento de nuestras instituciones públicas. Desde la optimización del transporte público hasta la mejora del sistema sanitario, los algoritmos pueden proporcionar respuestas más rápidas y efectivas a los retos cotidianos. Pero también nos enfrentamos al peligro de que dicha tecnología se utilice de forma irresponsable, como en la discriminación algorítmica o el mal manejo de datos personales. Por eso, más que nunca, se necesita una ética de la IA que no solo garantice el cumplimiento de las leyes, sino que también establezca límites en su aplicación para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pensemos, por ejemplo, en un sistema de IA aplicado a la gestión de emergencias sanitarias. Con el correcto tratamiento de datos y el respeto a la privacidad, podríamos prever la propagación de virus o el impacto de desastres naturales, permitiendo una mejor distribución de recursos. Pero, ¿quién establece los criterios que el algoritmo deberá seguir? Si los programadores o los responsables políticos toman decisiones sin un marco ético, podríamos caer en patrones de discriminación o en una mala asignación de esos recursos vitales.
Una de las maneras de fomentar un uso ético de la IA en la Administración Pública es la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones. A través de consultas públicas y la colaboración con expertos en ética, tecnología y derecho, podemos construir una inteligencia artificial más justa y transparente. En las Islas Canarias, podríamos implementar, por ejemplo, un proyecto piloto que utilice IA para optimizar la gestión de residuos y el reciclaje, involucrando a los ciudadanos en la fase de diseño para asegurar que el sistema responda a las necesidades y valores de la comunidad.
La irrupción de la IA en nuestras vidas es un hecho que ya no se puede detener. Lo que sí podemos hacer es guiar su desarrollo para asegurarnos de que beneficie al conjunto de la sociedad y no solo a unos pocos. Al igual que los vientos alisios modelan nuestro clima, nosotros tenemos el poder de modelar la tecnología para que sople a favor de una Administración Pública más eficiente, ética y cercana a los ciudadanos.
Este artículo se enmarca dentro de las actividades divulgativas del proyecto GobLab Gran Canaria, que tiene lugar bajo el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública (PEGIP) del Cabildo de Gran Canaria. Financiado en su totalidad por el Cabildo, este proyecto busca potenciar la innovación en la gestión de servicios públicos, promoviendo la utilización de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. La administración del proyecto GobLab Gran Canaria está en manos de la Fundación Emprende Canarias. No dudes en visitar la web del Laboratorio de Innovación y la de la Fundación Emprende.