Son las 19.30 horas en Dakhla y la cita es en la segunda planta de un restaurante. Las instrucciones son claras: pedir algo y esperar. A la media hora se acerca Rachid Esghayer. Se presenta como activista saharaui y dice que nos encontraremos en su casa junto a Mohamed Manolo, “preso político”, quien, añade, estuvo tres años encarcelado por participar en una protesta y mostrar su rechazo a la ocupación marroquí. Acto seguido, sale del restaurante y espera en un vehículo para que lo siga. Ambos mantienen precauciones para asegurarse de que la policía marroquí no nos vigila durante el trayecto, ante el temor a las represalias que pueden desencadenarse si los identifican hablando con un periodista.
En su casa, lejos del centro, apenas tiene muebles y en las habitaciones los enseres están amontonados. “Hace poco que me mudé”, se disculpa Esghayer por el desorden. Ya es de noche y vuelve a salir para cerciorarse de que no lo han seguido. Mientras, Manolo muestra sus cicatrices de las torturas que dice haber sufrido. Quince minutos después, vuelve Esghayer y trae café: “Ahora estamos con ustedes, pero os juro que no sé qué va a pasar cuando salga de esta casa, nos presionan porque somos defensores de los derechos humanos”, manifiesta.
En su último informe sobre la situación en el Sáhara Occidental (que abarcó desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2021), la ONU mostraba su preocupación por las “restricciones indebidas impuestas por Marruecos a los derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación” en el territorio. La organización indicaba que estos sucesos se han agravado “especialmente” desde noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario rompió el alto al fuego vigente de 1991 al denunciar los ataques de Marruecos a manifestantes saharauis que obstruyeron, entre octubre y noviembre de 2020, el tráfico en el paso fronterizo de Guerguerat con Mauritania.
A la par que se sucedían estos acontecimientos, los saharauis que habitan en las ciudades del territorio iniciaron manifestaciones en apoyo al Frente Polisario. La ONU señalaba “el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad marroquíes para dispersar las protestas”, además de “la realización de allanamientos de domicilios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarios, vigilancia ilegal y arbitraria, acoso, intimidación y destrucción de bienes”. En julio de 2021, la relatora especial de las Naciones Unidas que examina la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, demandó en un comunicado a Marruecos que cesara de hostigar, castigar y “criminalizar” actividades “legítimas” en el Sáhara Occidental.
Esgahyer cuenta que fue encarcelado durante seis meses en 2011, después de visitar los campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia). “Esa visita desmentía la propaganda marroquí, que defiende que los refugiados están secuestrados y sufriendo torturas. Nosotros vimos que hay un pueblo reivindicando su independencia y prefiere estar libre en un desierto inhóspito que bajo ocupación”, rememora. Recientemente también participó en las protestas de febrero y marzo en Dakhla por la desaparición del comerciante Lahbib Aghrichi.
Manolo explica que pasó tres años en la cárcel, entre 2011 y 2014, por decir en una manifestación “que el Sáhara no era marroquí”. Asegura que las protestas de los saharauis son reprimidas por la policía y sus participantes perseguidos y vigilados, con castigos que oscilan desde vigilancias constantes, despidos de trabajo, agresiones o la cárcel. En la prisión, Manolo afirma que sufrió torturas “día y noche” y, para demostrarlo, muestra cicatrices que aún permanecen en sus piernas o en sus brazos. “Tenía las manos atadas detrás de la espalda, me ponían vendas en los ojos y recibía golpes que no sabía de dónde venían”, añade. Le derivaron a la prisión en El Aaiún y asegura que no podía recibir visitas de familiares.
Después de salir de la cárcel, Manolo dice que ha sido vigilado “constantemente” y no puede encontrar trabajo. Gana algo de dinero para su familia saliendo a escondidas de la ciudad y vendiendo pescado a las afueras. Asegura que las protestas “son reprimidas por la policía” y a los que participan sufren “amenazas, allanamientos de casas, detenciones, amenazas o despidos”. “No nos dejan trabajar”, insiste, “somos marginados en nuestra tierra”, mientras “los marroquíes trabajan explotando los recursos naturales del Sáhara”.
Recursos naturales
Además de la pesca, el Sáhara Occidental es rico en fosfato, tiene reservas de hidrocarburos y minas de oro, en las que Esghayer relata que estuvo trabajando durante un tiempo. Con un préstamo que pidió a su familia, contrató a trabajadores y compró detectores. Por cada kilo, explica, podía ganar unos 50.000 euros y en un día “podía recoger hasta dos”. Iba con regularidad a la zona en la que se ubican los recursos, hasta que los militares marroquíes los expulsaron y le impidieron continuar. Reconoce que no sabe si esta decisión obedecía a que era saharaui, porque también echaron a otros que hacían lo mismo. Ahora tiene en mente montar un negocio en Mauritania porque en Dakhla ya no ve opciones.
Marruecos “vende al mundo que invierte mucho dinero en Dakhla”, pero “hay barrios marginales y casas construidas por el colonialismo español que siguen igual”. Esghayer recuerda que durante las negociaciones para renovar el acuerdo de pesca, representantes electos de las regiones de El Aaiún y Dakhla defendieron los beneficios que suponía el pacto para la población. “Dijeron que todos los saharauis cobran 700 euros al mes por la explotación de los recursos naturales; es cierto que hay gente que cobra unos 200 euros, pero no son los saharauis, son los colonos y hay muy pocos saharauis que se han beneficiado de esto”, explica.
El Tribunal General de la Unión Europea tumbó el acuerdo de pesca con Marruecos en septiembre de 2021 porque no se consultó adecuadamente a la población saharaui, ya que como había establecido el mismo tribunal en un informe jurídico, la explotación de recursos naturales debe contar con la aprobación del Frente Polisario y, a su vez, repercutir en beneficio de la población saharaui. La sentencia, que a su vez supone un reconocimiento implícito de que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, ha sido recurrida por la UE y, hasta que se dirima el asunto, el acuerdo permanece vigente.
La antigua Villa Cisneros, a unos 450 kilómetros de distancia de Gran Canaria, fue la ciudad en la que España construyó su primer fuerte en el Sáhara Occidental y la última en la que arrió su bandera, cuando abandonó el territorio de casi 100 años bajo su soberanía. En los acuerdos tripartitos de Madrid, celebrados el 14 de noviembre de 1975, el Estado español, a cambio de tener preferencia en la explotación de recursos naturales, entregaba el norte a Marruecos y el sur a Mauritania, incluyendo Dakhla. Lo hacía en contra de la propuesta de la ONU, que desde 1963 defendía un referéndum de autodeterminación para culminar el proceso de descolonización del territorio.
Paralelamente, el Frente Polisario, que se constituyó en 1973, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en 1976 y libró una guerra contra ambos países, obteniendo la victoria contra Mauritania en 1979, cuando Nuakchot firmó la paz y se retiró. Sin embargo, Rabat avanzó hacia el sur y materializó su ocupación de todo el territorio, con la construcción de los muros a partir de los años 80. La población saharaui se refugió en los campamentos de Tindouf (Argelia), en los territorio que Marruecos no llegó a controlar (el 15% aproximadamente del Sáhara Occidental), se exiliaron a otros países y algunos permanecieron.
Inversiones en Dakhla
Después de 43 años bajo control marroquí, Dakhla es una pieza clave en lo que el rey Mohamed VI denomina sus provincias del sur. Según el mismo informe de la ONU, el 30 de abril de 2021 Rabat anunció el ganador de la licitación para la construcción del gran puerto Dakhla Atlantique, cuyas obras ya están en marcha y, además, continúa la construcción de una autopista que unirá Tiznit (Marruecos) con la antigua Villa Cisneros. Cita además que los días 24 y 26 de junio de 2021, delegaciones diplomáticas de Arabia Saudita, Jordania, Omán y Yemen visitaron Dakhla para explorar oportunidades de inversión. Para el Frente Polisario, estas actuaciones tienen como objetivo “consolidar y normalizar la ocupación militar y la anexión ilegal del Sáhara Occidental”.
Esghayer ve que en los últimos años “la colonización” de Dakhla se ha acelerado. “Antes lo hacían paso a paso, pero ahora están trayendo a muchas personas desde Marruecos”, añade. Para atraer población a la zona, explica que la propaganda verbal y en los medios de comunicación difunden en las ciudades marroquíes que en Dakhla hay mucho trabajo y se gana un buen salario. “La mayoría son jóvenes y cuando vienen, comprueban que no es como les habían dicho; muchos acaban en grupos de venta de drogas”, porque, agrega Esghayer, “Dakhla se ha convertido en una zona peligrosa” al ser “un punto de tránsito de la droga” que llega vía marítima y “se blanquea a través de la pesca”.
Otra forma, narra Esghayer, es a través de las empresas congeladoras de pescado o conserveras de sardina o pulpo, que traen mujeres de ciudades marroquíes para trabajar. En ocasiones, “debido a las malas condiciones laborales, acaban siendo captadas por mafias de prostitución”, señala Esghayer. Y la emigración también contribuye a poblar la zona, ya que las personas que quieren cruzar la ruta atlántica, mientras esperan, “trabajan para pagar el alquiler”, remarca.
Los saharauis son minoría en la ciudad. Los que quedan, dice, permanecen porque tienen “un vínculo con esta tierra”, se han criado en Dakhla, residen con su familia y, también, se resisten a que Marruecos cambie toda la demografía de la zona. Aunque cada vez quedan menos. Y los que aún siguen defendiendo activamente el referéndum de autodeterminación desde la ciudad, reclaman más vigilancia y protección internacional. “Estamos en peligro”, insiste Mohamed Manolo.
“La responsabilidad de todo lo que está pasando aquí es del Gobierno de España”, acusa Esghayer. “La posición de España es vergonzosa”, añade Manolo. Desde Dakhla, han recibido la decisión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de apoyar la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental, como “anormal”. Piensan que “hay algo detrás” relacionado con los espionajes de Marruecos a través de Pegasus. “Eso nos ha llevado a entender que Marruecos tiene algo con lo que le ha hecho a Sánchez ceder a sus chantajes”.