LA HAYA, 30 (EUROPA PRESS)
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, ha advertido de que el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo va a ser “el primero, pero no el último”, en responder por los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la violencia postelectoral que vivió el país entre el 16 de diciembre de 2010 y el 12 de abril de 2011.
“Ha pasado justamente un año desde las elecciones presidenciales, que dieron lugar a uno de las crisis más violentas conocidas por Costa de Marfil”, declaró este miércoles el fiscal en un comunicado. “La población civil pagó un pesado tributo” por unos crímenes que fueron “aparentemente cometidos por los dos bandos”, prosiguió.
“Se va a hacer justicia con las víctimas marfileñas de los crímenes cometidos a gran escala: el señor Gbagbo va a ser el primero en rendir cuenta de sus actos”, pero “no será el último”, aseveró. “Tenemos pruebas que nos permiten asegurar que la violencia no se desencadenó por azar: los ataques sistemáticos y generalizados contra los civiles a los que se consideraba enemigos políticos habían sido premeditados”, denunció Moreno Ocampo.
“Gbagbo debe rendir cuentas a título individual de los ataques contra civiles por parte de las fuerzas que actuaban en su nombre”, advirtió el fiscal. “Tiene presunción de inocencia en tanto no se demuestre su culpabilidad y se beneficiará de todos los derechos y de la posibilidad de organizar su defensa”, informó Moreno Ocampo.
“Seamos claros: la investigación sigue su curso. Seguiremos recogiendo elementos de pruebas con absoluta imparcialidad e independencia y presentaremos otros casos ante el Tribunal, sea cual sea la filiación política de las personas afectadas”, anunció.
“Los dirigentes políticos deben comprender que ya no les será posible recurrir a la violencia para acceder al poder ni para mantenerlo”, manifestó. “Nadie podrá escapar a la justicia por estos crímenes”, concluyó.
DETENIDO
Tras las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2010, Costa de Marfil se sumió en una ola de enfrentamientos entre partidarios de Gbagbo, que se negó a entregar el poder, y de Ouattara, reconocido como legítimo vencedor por la comunidad internacional. Según datos de Naciones Unidas, más de 3.000 personas murieron durante el conlficto.
Laurent Gbagbo llegó este miércoles al aeropuerto de Rotterdam, un día después de que las autoridades marfileñas lo entregaran al TPI en cumplimiento de la orden internacional de arresto emitida el pasado 23 de noviembre. El expresidente había sido informado de su traslado a La Haya, en presencia de sus abogados, en el centro de detención de Korhogo (norte de Costa de Marfil), donde estaba encarcelado desde abril, cuando fue detenido por las tropas francesas.
Según informó la Fiscalía del TPI en un comunicado, Gbagbo, de 66 años, ya se encuentra en el cuartel penitenciario del TPI. La primera comparecencia tendrá lugar “próximamente”, indicó el Tribunal, sin más precisiones.
Laurent Gbagbo, según la Fiscalía, tiene “responsabilidad penal individual, en tanto que coautor indirecto, en cuatro cargos de crímenes contra la Humanidad, en concreto por homicidios, violaciones y otras agresiones sexuales, actos de persecución y otras acciones inhumanas, que habrían sido perpetradas en el contexto de la violencia postelectoral que ocurrieron en territorio de Costa de Marfil entre el 16 de diciembre de 2010 y el 12 de abril de 2011”.
El pasado 3 de octubre, la sala de instrucción número tres autorizó al fiscal del TPI la apertura de una investigación, a instancias de éste, sobre los crímenes cometidos en Costa de Marfil a partir del 28 de noviembre de 2010, así como sobre los que se pudieran perpetrar en el futuro en el mismo contexto.
Más concretamente, los jueces autorizaron al fiscal la apertura de investigaciones sobre los crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra supuestamente cometidos tanto por las fuerzas de Gbagbo como por las milicias del actual presidente, Alassane Ouattara, entre los que figuran homicidios, violaciones, desapariciones forzosas, encarcelamientos, saqueos, torturas y ataques intencionados contra civiles.