Las mujeres residentes en Francia que no acaten la ley de prohibición total del burka que prepara el Gobierno de Nicolas Sarkozy pese a la recomendación adversa del Consejo de Estado serán multadas y si no pagan se les retendrán sus salarios o prestaciones sociales, según adelanta este jueves el diario Le Figaro.
La decisión de Sarkozy de seguir adelante con esta ley ha reabierto la polémica en Francia, sobre todo porque el Ejecutivo ha optado por no seguir la recomendación del Consejo de Estado, que había expresado sus reservas jurídicas respecto a esta medida.
Según el diario, una vez que se apruebe el proyecto de ley, se dará un margen de seis meses para que las nuevas normas se conozcan pero después, las mujeres que se nieguen a descubrirse no podrán entrar en los edificios públicos o las tiendas.
Además, la Policía podrá pararlas por las calles y pedirles que se quiten el burka para confirmar su identidad y para hacerles llegar una multa a su domicilio, cuya cantidad aún se desconoce pero parece que no serán los 750 euros que mencionó el líder de la UMP en la Asamblea Nacional, Jean-François Copé, en su proposición de ley.
En caso de la multa no se pague, siempre según Le Figaro, se ordenará retener el salario de las sancionadas o se les descontará de las prestaciones sociales que éstas pudieran recibir. Además, si la mujer cubierta se niega a quitarse el velo a petición de los agentes, será llevada a comisaría. “No es difícil”, aseguró Copé al diario.
Asimismo, el proyecto de ley contemplará sanciones más fuertes para aquellos hombres que obliguen a sus mujeres o familiares a ir cubiertas de la cabeza a los pies, algo que había reclamado el Consejo de Estado.
Desde la UMP se ha defendido la prohibición total del velo. “Una prohibición clara y legible respecto a portar el velo integral en todo el espacio público y no sólo en los servicios públicos es la mejor opción”, subrayó su secretario general, Xavier Bertrand, dado que, señaló, la protección de la “dignidad de la mujer” es una “cuestión primordial”.
Reacciones
Pero en el opositor Partido Socialista no lo tienen tan claro. El diputado Pierre Moscovici consideró este jueves que este proyecto de ley supone “un paso de fuerza frente a la Constitución” además de una “estigmatización” que corre el riesgo de ser “inaplicable”.
“No digo que el burka no sea un problema, es una indignidad que se hace a las mujeres y el burka no tiene cabida en el espacio público”, añadió Moscovici. Sin embargo, la nueva ley “corre el riesgo de reavivar una serie de disputas religiosas y comunitarias”, añadió.
Para la presidenta de la asociación Ni Putas ni Sumisas, Sihem Habchi, “se trata de la victoria de las mujeres, es el principio de una nueva página para la emancipación de las mujeres de los barrios populares a las que se va a proponer algo que no sea el encierro o la muerte social”, subrayó.
Desde SOS Racismo, sin embargo, no lo ven así. La prohibición total sería “contraria a la Constitución y a la Convención Europea de Derechos Humanos”, afirma la organización. “Luchar por el derecho de las mujeres es indisociable de la lucha antirracista pero el actual proyecto de ley no persigue de ninguna forma esta finalidad”, lamenta.
Tampoco está de acuerdo con la medida Human Rights Watch. “Las prohibiciones de este tipo crean una situación en la que todo el mundo pierde”, afirma la organización internacional, argumentando que “violan los derechos de las que han optado por portarlo y no ayudan en nada a las que se ven obligadas a hacerlo”. Asimismo, “no hay ninguna prueba” de que llevar el burka suponga una amenaza para la seguridad, subraya.