El Frente Polisario ha declarado este sábado 7 de noviembre el estado de alerta máxima en el Sáhara Occidental ante las tensiones con las autoridades de Marruecos en la brecha de Guerguerat, cercana a la frontera con Mauritania. La población civil se ha concentrado en la zona para bloquear el transporte de recursos extraídos del territorio ocupado, como frutas y verduras, hacia el Sahel a partir de este punto fronterizo. “Después de la movilización pacífica y desarmada de la población saharaui, las autoridades marroquíes han enviado fuerzas policiales a las zonas de protesta y excavadoras para abrir una nueva brecha ilegal en la frontera de una longitud de cinco kilómetros”, explica a esta redacción el delegado del Frente Polisario en Canarias, Hamdi Mansour. Ante esa “provocación”, el Polisario advierte de que “si hay algún ataque a los civiles, se desatará la guerra”. “La protesta del Guerguerat no deja de lado el espíritu de lucha y sus reivindicaciones para el cierre de esta brecha ilegal que Marruecos utilizaba para la salida de mercancías del territorio”, resaltan en un comunicado.
Según declararon fuentes policiales de Mauritania a Efe, un gran número de vehículos, entre ellos camiones, permanecen atascados a un lado y a otro de la frontera por el bloqueo organizado por civiles, que son protegidos por otros con uniformes militares que pertenecen supuestamente al ejército del Frente Polisario, que controla la situación “desde colinas cercanas”. Efectivos de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) intentaron, sin éxito, descongestionar el tráfico. Por su parte, el ministro de Seguridad saharaui, Abdellahi Lehbib Al Bilal, defendió el bloqueo en declaraciones a la Agencia de noticias privada de Mauritania. Además, alertó de que “todas las opciones” están sobre la mesa. Incluidos “el combate y la lucha armada”.
El Frente Polisario ha cargado además en contra de Naciones Unidas, asegurando que es “el guardián de la ocupación y que está apoyando la invasión”. La MINURSO se estableció en 1991 como una herramienta de vigilancia para el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y con el fin último de celebrar un referéndum para resolver el conflicto territorial, que ha mantenido más de 40 años al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo y pendiente de la descolonización. Sin embargo, según Mansour, esta misión lleva años utilizando el alto al fuego para que “Marruecos siga explotando los recursos de las zonas ocupadas y vulnerando los derechos humanos de la población”.
Desde que en 2019 dimitiera Horst Koehler por motivos de salud, la MINURSO no tiene enviado especial en la región. Estancando aún más la resolución del conflicto. Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, confía en que sea posible llegar a una solución pese a la pausa en este proceso político. Por su parte, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, asegura que la organización internacional sigue cumpliendo su función en este enfrentamiento a través del representante especial Colin Stewart.
El principal precedente de la tensión actual en Guerguerat tuvo lugar en 2017, cuando Marruecos y el Frente Polisario estuvieron al borde de un conflicto armado porque las autoridades marroquíes pretendían construir una carretera en este punto fronterizo. En enero de 2018, ambas partes se retiraron del lugar ante la intervención de la ONU, que pidió la máxima contención. En ese momento, Guterres criticó el bloqueo del comercio, asegurando que “el tráfico normal, civil y comercial no debería verse obstruido y no debería llevarse a cabo ninguna acción que pudiera cambiar el statu quo de la zona de separación”. En ese momento, el Gobierno de Marruecos denunció que la presencia de militares del Polisario en Guerguerat suponían una vulneración del alto el fuego acordado en 1991.
El delegado del Frente Polisario en Canarias subraya que tanto el incremento de las migraciones desde Marruecos hacia Canarias como las aspiraciones del Gobierno marroquí sobre las aguas de las Islas son dos estrategias utilizadas para presionar a la Unión Europea y obtener fondos millonarios para contener el flujo de migrantes. Además, según Hamdi Mansour, otro de los propósitos es obtener el apoyo de España y de Canarias en el conflicto con el Sáhara Occidental. “Nadie le puede dar el apoyo a Marruecos, por ser colonizador y ocupante”, asevera.
El Parlamento de Marruecos aprobó de forma unilateral en diciembre de 2019 dos leyes que ampliaban su espacio marítimo, haciendo suyas las aguas del Sáhara Occidental y creando problemas de solapamiento con las aguas canarias. El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, respondió de forma contundente, mostrando un rechazo absoluto a cualquier aspiración de Marruecos a tocar “un milímetro” de las aguas del Archipiélago.
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