Iniciativa Popular Canaria denuncia que Marruecos ya no reconoce la frontera marítima con las Islas

Hasta la fecha, España ha mantenido la separación del mar entre Canarias y Marruecos a través de la mediana, una línea equidistante entre Gran Tarajal y Juby, a unos 100 kilómetros de distancia, con la mitad para cada territorio. Pero la plataforma ciudadana Iniciativa Popular Canaria (IPC) considera que Rabat ha renunciado a la posición que mantiene desde que aprobara la ley sobre su Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 1981, y “sólo reconocerá, entre ambos territorios, una mediana establecida mediante sus particulares criterios de equidad, descartando cualquier otro de equidistancia y emplazando al Gobierno español para concluir las negociaciones tendentes a delimitar una mediana equitativa”.

Esto, a juicio del colectivo, ha sido decidido por Marruecos de forma “aparentemente unilateral” y provoca que quede “sin definir la separación provisional entre Canarias y Marruecos, justo cuando vuelven a sonar los tambores de guerra en el Sáhara Occidental”. Tal afirmación la extrae la organización del Boletín Oficial del Reino de Marruecos (BORM) del pasado abril, cuando publicó una modificación del límite de las aguas territoriales y fijó una zona económica exclusiva de 200 millas a lo largo de las costas marroquíes, según esta organización.

En la nota, IPC señala que esta última ley se ha modificado en varios aspectos: uno de ellos ya no solo se refiere a la ZEE, sino también a la plataforma continental (PC), con el fin de poner en valor a esta última, tanto para su “ampliación más allá de la mediana equidistante con Canarias”, como para su solicitud de ampliación de la plataforma continental del Sáhara Occidental hasta las 350 millas.

En el texto que mantenía desde 1981, Marruecos fijaba que “la delimitación debe ser efectuada según los principios equitativos bajo el derecho internacional, a través de acuerdos entre Estados y el límite exterior de la ZEE no se extenderá más allá de la línea mediana”, por lo que “cada punto de los cuales será equidistante desde los puntos más cercanos sobre las líneas de base de las costas” del país alauí y “las costas de países extranjeros opuestas a las de Rabat o fronterizas con ellas”.

Pero en la modificación de esta ley se establece que “la delimitación de la ZEE del Reino de Marruecos se efectúa sobre la base de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, teniendo en cuenta “los factores geográficos, geomorfológicos y/o las circunstancias particulares y los intereses del Rabat, con el fin de lograr un resultado equitativo”.

De esta manera, a juicio de IPC, “se elimina cualquier referencia explícita a la mediana equidistante que sí quedaba recogida en el texto original y representaba el único compromiso por escrito adquirido hasta la fecha por Marruecos”. Al tomar esta decisión, se reducen los mismos espacios marítimos generados por las costas orientales de Lanzarote y Fuerteventura.  

Posición del Estado

Además, la IPC estima que, ahora, al “Estado español se le abren muchos frentes al tener pendientes varias delimitaciones con Marruecos y Portugal, como la limitación frontal entre la costa del Golfo de Cádiz y la atlántica marroquí entre un punto triple (Portugal, Marruecos y España), que ha creado una creciente tensión con Rabat. A esto se añaden los acuerdos pesqueros para la flota andaluza en aguas del norte de Marruecos, los intereses económicos empresariales españoles en dicho país y su imprescindible papel de gendarme como dique de contención de la inmigración irregular tanto magrebí como subsahariana”.

IPC ha señalado en el comunicado que “Marruecos promulgó en su BORM, el pasado 2 de abril, la también renovada Ley 1-73-211, de 2 de marzo de 1973, ahora titulada relativa al mar territorial del Reino de Marruecos”. En ella, se establece que las coordenadas geográficas de las líneas de base recta (LBR) desde las que se mide el límite exterior del mar territorial serán fijadas por vía reglamentaria, reglamento no publicado, según la organización, por “la peculiar forma que tiene Rabat de presionar y marcar los tiempos negociadores”.

En una declaración oficial reciente, publicada en el BORM de 26 de junio de 2008, se expresa que “las leyes y reglamentos relativos a los espacios marítimos vigentes en Marruecos siguen siendo aplicables sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención. El Gobierno del Reino de Marruecos reafirma nuevamente que Ceuta, Melilla, el islote de Alhucemas, la roca de Badis (Peñón de Vélez de la Gomera) y las islas Chafarinas son territorios marroquíes. Marruecos nunca ha cesado de reivindicar la recuperación de esos territorios bajo ocupación española para concluir su unidad territorial”.

Ante una negociación global, IPC se pregunta “en qué zona estarán las contrapartidas que Madrid ofrecerá como almoneda para preservar sus intereses en la zona mediterránea y norte de Marruecos”.

Repercusiones y propuestas

La organización considera que ante “los antecedentes históricos” de Canarias se producirá un “efecto muy desfavorable económico y social de abandono repentino del Sáhara; desmantelamiento del subsector pesquero canario, lo que supone un grave retroceso de nuestra actividad portuaria; casi desaparición del la actividad tomatera por la competencia desleal de las exportaciones marroquíes a Europa o la importante presión migratoria magrebí planificada para aliviar los problemas sociales en el país vecino”.

El grupo propone que “Canarias deje de ser moneda de cambio entre España y Marruecos” e incide en la importancia de “un estatus político que le permita dejar de ser simplemente objeto de la negociación de los asuntos que nos afectan, para convertirnos en sujeto protagonista de la misma”.

Para ello, IPC recomienda una Plena Autonomía Interna (PAI) que, “entre otras competencias importantes, permitiría delimitar los espacios marítimos canarios, como parte de la CONVEMAR, tal como se contempla en su Artículo 305, incluyendo las Aguas Archipelágicas”.

IPC subraya en la nota que esta solución “convendría incluso al propio Estado”, ya que “vería aliviada su carga negociadora y disminuida la capacidad de presión marroquí, facilitándole alcanzar otros acuerdos”. Además, asegura que “resultaría muy sencillo la delimitación de sus espacios marítimos, negociando directamente con Rabat el establecimiento de la mediana que deslinde las ZEE y PC en la zona pertinente situada entre la costa este de Lanzarote y Fuerteventura, y el sur de Marruecos, sin otros condicionantes ajenos a los previstos por la Convención”.

En la nota indican que “existe suficiente jurisprudencia para establecer dicha mediana atendiendo a circunstancias equitativas razonables” y que “la Corte no cree que haya que acordarle el más mínimo peso al argumento nicaragüense según el cual las islas colombianas se encuentran en ”su“ plataforma continental, y ha precisado en reiteradas ocasiones que las consideraciones geológicas y geomorfológicas no tenían ningún rol en el marco de la delimitación de una zona de superposición dentro del límite de las 200 millas contadas a partir de las costas de los Estados parte en el litigio”.

La organización considera que primero Marruecos debería establecer cuál es la costa relevante de su territorio para el establecimiento de la mediana. “Rabat pretende fijarla desde Cabo Juby a Agadir, que sería el triple de la costa este de Lanzarote y Fuerteventura; aunque Canarias debe defender como costa relevante marroquí la situada frente a las dos islas más orientales, desde Cabo Juby a Sidi Ifni, que sería sólo el doble que la costa este relevante canaria.

Pero IPC recuerda que la Corte Internacional de Justicia “ha dejado bien claro” que “las longitudes dispares de las costas no implican una aplicación directa y matemática de las mismas”. Por lo tanto, “la teórica mediana equidistante se desplazaría como máximo un 5% hacia el oeste, como mediana equitativa” y “en ningún caso podría tolerarse la superación de la señalada línea roja, para la línea imaginaria que separa ambas aguas”.

Por último, el colectivo destaca que estos son los “verdaderos intereses nacionales canarios que estamos obligados a defender” y no los intereses respecto al monte Tropic, situado en la Zona de los fondos marinos internacionales, que según IPC está “fuera de la jurisdicción de los Estados y, tal vez dentro de varias décadas, llegue a formar parte de la ampliación de la PC, pero no de Canarias sino del Sáhara Occidental”.