RAMALA, (CISJORDANIA), 9 (Reuters/EP)
La Autoridad Palestina ha informado este lunes de que no ha podido pagar en mayo los salarios de los funcionarios públicos por primera vez desde 2007 por la decisión de Israel de detener la transferencia de impuestos recaudados en nombre de los palestinos.
El primer ministro palestino, Salam Fayyad, ha asegurado que la decisión de Israel, adoptada en represalia por el acuerdo de reconciliación firmado por las facciones palestinas de Hamás y Al Fatá, ha dejado al Gobierno de Cisjordania en una situación financiera imposible.
Fayyad ha explicado que la Autoridad Palestina ha pagado desde mediados de 2007 los salarios de los 150.000 empleados públicos el quinto día de cada mes. “Ahora estamos en el noveno día (de mes) y no hemos podido cumplir esta obligación”, ha indicado.
El pasado 1 de mayo, el Gobierno israelí decidió detener la transferencia de los impuestos palestinos, que representan el 70 por ciento de los ingresos de la Autoridad Palestina, por el temor a que esos fondos se destinen a Hamás, un grupo que no reconoce la existencia de Israel.
“La situación ya era difícil antes de que Israel detuviera la transferencia de dinero. Ahora, con Israel deteniendo las transferencias, es imposible”, ha advertido Fayyad.
El primer ministro palestino ha afirmado que la Autoridad Palestina no podrá pagar los salarios de los funcionarios, que suman un total de casi 170 millones de dólares, unos 120 millones de euros, hasta que Israel vuelva a abonarle el importe de los tributos o los gobiernos extranjeros se encarguen de pagar esta deuda.
El pasado viernes, la Comisión Europea anunció que destinará una ayuda adicional de 85 millones de euros a la Autoridad Palestina, de los cuales 45 millones serán para funcionarios públicos, aunque, por el momento, no ha aclarado cuándo se hará efectivo este pago.
La Autoridad Palestina, que depende en gran medida del apoyo financiero de países donantes como Estados Unidos y la Unión Europea, ha reclamado la intervención de la comunidad internacional para convencer a Israel de que retome el pago de los impuestos.
El pasado viernes, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, reclamó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no detenga la transferencia de los impuestos a la Autoridad Palestina.
Fayyad ha explicado que no ha habido comunicación con el Ministerio de Finanzas israelí desde que decidió cancelar la reunión mensual en la que coordinaba con la Autoridad Palestina la transferencia de los impuestos, en su mayoría recolectados por productos importados a los territorios palestinos a través de Israel.
“Este tema ha obstruido las capacidades del Gobierno y ha limitado su capacidad para cumplir sus deberes, especialmente los salarios (públicos)”, ha afirmado Fayyad, en declaraciones a la prensa en Ramala.
Los salarios públicos que abona la Autoridad Palestina también incluyen a los cerca de 70.000 funcionarios de la Franja de Gaza, que han seguido recibiendo su remuneración después de que Hamás se hiciera con el control de este territorio en 2007.
Las facciones palestinas Hamás y Al Fatá, que controlan, respectivamente, los Gobiernos de Gaza y Cisjordania, firmaron la semana pasada en El Cairo un acuerdo de reconciliación que establece la creación de un gobierno de unidad y la convocatoria de elecciones en el plazo de un año
Hamás se opone a las conversaciones de paz impulsadas por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, con Israel para cerrar un acuerdo para crear un estado palestino. En el acuerdo de El Cairo, la facción islamista y Al Fatá acordaron constituir un nuevo gobierno compuesto por tecnócratas que convocará elecciones en el plazo de un año.
Estados Unidos ya ha dicho que el nuevo ejecutivo debe reconocer la existencia de Israel y rechaza la violencia, requisitos que Hamás ha rechazado con anterioridad.
El Gobierno liderado por Hamás que se hizo en 2007 con el poder en la Franja de Gaza está afrontando un boicot de los países occidentales que ha dejado a la Autoridad Palestina sumida en una crisis financiera por el rechazo del grupo islamista a reconocer a Israel y a rechazar la violencia.
Los palestinos estiman que el acuerdo de reconciliación nacional permitirá reforzar su campaña para conseguir apoyo internacional para establecer un estado palestino, al presentarse como un frente unido poniendo fin a la división entre Hamás y Al Fatá de los últimos años.