El nuevo marco europeo para la migración reglada facilitará la cooperación de Canarias con sus países vecinos

La Comisión Europea propuso el pasado 27 de abril un nuevo cuadro legislativo para modificar el sistema de acceso de la ciudadanía de países no europeos al mercado laboral de la Unión. Este marco viene dictaminado por la revisión de dos piezas normativas fundamentales para los trabajadores extra-europeos: la  Directiva relativa al permiso único y la Directiva relativa a los residentes de larga duración. El conjunto de propuestas incluye, además, acciones específicas destinadas a facilitar la inserción en el mercado laboral de la UE de las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania.

Cada año llegan a la UE de forma legal entre 2 y 3 millones de personas, lo que supone un aporte cualitativo a la fuerza de trabajo de Europa. La migración reglada es una de las fuentes principales de recursos laborales, teniendo en cuenta que el espacio europeo atrae talento extracomunitario con el fin de suplir las carencias de los mercados laborales fragmentados de sus Estados miembros. Con el fin de mejorar y simplificar las vías de acceso a la UE, la Comisión ha propuesto dos modificaciones sustanciales. 

En primer lugar, un procedimiento simplificado para la obtención del permiso único, que combina el permiso de trabajo y el permiso residencia. La tramitación administrativa del permiso único se agilizará y facilitará, beneficiando a solicitantes y empleadores. La clave de este cambio recae en que ahora será posible que los solicitantes presenten la documentación tanto desde terceros países como desde los Estados pertenecientes a la UE. 

En segundo lugar, el ejecutivo propone una revisión de la Directiva relativa a los residentes de larga duración. La orientación política de este cambio es similar, buscando facilitar la obtención del   estatuto de residente de larga duración, una de las demandas que el tejido asociativo europeo lleva tiempo poniendo encima de la mesa. Al simplificar las condiciones de admisión, aumentará el número de personas que podrán beneficiarse de este estatus.  

La cooperación entre Canarias y los países de su entorno depende de la flexibilización de los cauces de migración reglada

Uno de los puntos estratégicos de las relaciones exteriores del archipiélago reside en la cooperación regional en el marco de la política europea. Canarias mantiene relaciones cercanas con Mauritania, Senegal y Cabo Verde, países con los que desarrolla a menudo proyectos de investigación, innovación y desarrollo. Uno de los retos fundamentales de este tipo de proyectos de cooperación internacional es la dificultad en la obtención de permisos de residencia vinculados al ámbito profesional. Los trámites administrativos complejos y de larga duración impiden, en muchos casos, el tránsito de población desde estos territorios hacia Canarias, lo que erosiona el resultado de los proyectos. A través de la simplificación y agilización de la fase administrativa, se podría profundizar más en las relaciones económicas entre las islas y sus países vecinos. Además, este nuevo marco legal permitiría realizar la solicitud del permiso único directamente en el territorio, sin necesidad de hacer pasar el trámite desde el estado español. De este modo, la participación de técnicos especialistas en materias comunes, como son el medio ambiente, la diversidad, las energías renovables o el turismo, se vería reforzada, al existir mejores posibilidades de acceso al mercado laboral canario, incentivando asimismo el desarrollo de nuevos proyectos. 

Por otro lado, las modificaciones traen consigo un nuevo hito, el derecho del titular del permiso a cambiar de empleador mientras el permiso sea válido. Esta medida mejoraría la calidad de vida de los nacionales de terceros países que residen en el territorio canario, aumentando el margen de maniobra para permanecer en la UE de forma legal. 

Por último, la directiva incluirá nuevas disposiciones sobre las sanciones a empresas en caso de violaciones de las condiciones de trabajo, una medida que servirá para luchar contra la explotación laboral en sectores como la agricultura o el sector servicios. 

Si bien los gobiernos nacionales son autónomos a la hora de decidir el número de migrantes que admiten en su territorio, el desarrollo de un marco legal homogéneo en el territorio europeo favorece la movilidad entre estados miembros y aumenta las garantías para la población migrante en términos de respeto a los derechos fundamentales, la igualdad de trato y la prevención de la explotación laboral.