El enviado de las Naciones Unidas (ONU) para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, ha anunciado que viajará por segunda vez a la zona para reanudar el proceso político entre Marruecos y el Frente Polisario con el fin de buscar una salida al conflicto, enquistado durante 47 años. El pasado miércoles, informó en el Consejo de Seguridad de su primer itinerario tras acceder al cargo en octubre de 2021, cuando mantuvo contactos con Marruecos y el Frente Polisario, así como países implicados como Argelia o Mauritania. Desde 1963, el Sáhara Occidental está incluido en la lista de “territorios no autónomos” de la ONU, que actualmente incluye 17, y los mediadores de la organización internacional han tratado de ofrecer distintas vías para lograr una solución, basada principalmente en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui para decidir si quiere la independencia o la integración con Rabat, pero todos han fracasado.
“En las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU ha ido desapareciendo paulatinamente la palabra referéndum, aunque se sigue insistiendo en el derecho de autodeterminación”, explica Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco que lleva 30 años trabajando el conflicto. Desde 1966, la ONU solicitó la celebración de un referéndum, cuando el Sáhara Occidental era aún una colonia española. Al año siguiente accedió e incluso elaboró un censo electoral en 1974, en el que figuraban unos 74.000 saharauis, según recuerda Soroeta. Sin embargo, en noviembre de 1975 Marruecos ejecuta su Marcha Verde, enviando cientos de miles de ciudadanos marroquíes a entrar al Sáhara Occidental, que fue condenada por la ONU. Pocos días después, se firman los acuerdos tripartitos de Madrid con Marruecos y Mauritania, a los que se entregaba el territorio.
Según la ONU, los territorios no autónomos son aquellos “cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio” y cuentan con potencias administradoras que deben asumir la responsabilidad de administrar y descolonizar la zona. Sin embargo, de los 17 territorios no autónomos que existen actualmente, el Sáhara Occidental es el único que en el apartado de potencia administradora tiene un asterisco, que aclara que el 26 de febrero de 1976 España informó a la ONU de que daba término a su presencia y se desligaba de responsabilidades en cuanto a su administración. El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL) y senador del PSOE Santiago Pérez recuerda que partir de ese momento en las resoluciones y gestiones de los órganos de la ONU a España se le da el trato de “parte interesada”, el mismo que a otros países como Francia, Reino Unido o EEUU.
Sin embargo, Soroeta replica que la Asamblea General de la ONU “aprueba una resolución todos los años en el que dice que una potencia administradora no deja de serlo hasta que la Asamblea General lo decide; y esto no ha ocurrido nunca con el Sáhara”. Además, hace referencia al auto de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 2014, en el que se afirma que “hay un importante sector doctrinal que considera que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental de iure aunque no de facto”. Para Pérez, esta aseveración “carece de relevancia” teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas por la ONU desde que España pone término a su presencia en el Sáhara Occidental y se desliga de toda responsabilidad internacional con relación a la administración de ese territorio.
En un debate organizado por la Universidad de La Laguna en el que participaron Pérez y Soroeta, el profesor de Derecho Constitucional resaltaba este punto porque “la situación de una potencia administradora es de facto: el control de un territorio por un estado que no tiene título jurídico para estar en ese territorio y, de esa situación de facto, derivan las obligaciones que les impone la ONU”, es decir, poder, por ejemplo, organizar un referéndum. Y, en este sentido, Soroeta considera que la posición de España carece de relevancia para la solución del conflicto y, en referencia a la carta enviada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, al rey de Marruecos Mohamed VI, en la que reconocía que “la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución” del contencioso, considera que “no supone un cambio en la postura de los gobiernos socialistas respecto al conflicto, solo que el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio se dice expresamente”, añadió.
Para el profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, la solución al conflicto ya está establecida y pasa por una consulta a la población. Tras el abandono de España del territorio en 1976, Marruecos y el Frente Polisario estuvieron en guerra hasta 1991, cuando se firma un alto el fuego y se acuerda la vía pacífica como salida al conflicto. Ese año se crea la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) con el objetivo de preparar la celebración de un referéndum para el 26 de enero 1996 mediante la elaboración de un censo electoral y también tenía cometidos relacionados con la vigilancia del alto el fuego entre las partes.
La MINURSO tardó casi una década en elaborar el censo: en el año 2000 “se registraron 84.000 saharauis con derecho a participar en el referéndum”, recuerda Soroeta, porque “Marruecos puso obstáculos a que se confeccionara” y, cuando se logró, “acusó a la MINURSO de haber estado de parte del Frente Polisario y dijo que nunca más aceptaría un referéndum de autodeterminación”. Unos años después, durante la Secretaría General en la ONU de Kofi Anan, se propusieron diferentes opciones fruto del trabajo del representante especial para el Sáhara Occidental James Baker, de quien reciben su nombre los planes que intentaron desatascar el conflicto. En 2003, el Plan Baker II, proponía una autonomía de cinco años con elecciones al inicio y, una vez cumplido ese periodo, celebrar un referéndum que tuviera como opciones la independencia o una integración bajo soberanía marroquí, incluyendo tanto a la población saharaui como marroquí del Sáhara Occidental (que se cifra en unos 500.000 habitantes). El Frente Polisario aceptó, pero Rabat se negó.
En 2007 se retomaron las negociaciones y ambas partes presentaron sus propuestas para la salida al conflicto. Marruecos ofreció que el Sáhara Occidental fuese una autonomía bajo su soberanía, algo que la ONU rechazó, mientras el Frente Polisario volvió a insistir en la celebración de un referéndum de autodeterminación. Desde entonces, la ONU “no ha aportado nada nuevo”, asegura Soroeta, más allá de las mediaciones de los enviados especiales y sus correspondientes informes. Al final de su mandato como secretario general de la ONU, Ban Kin Moon, “cuando fue a los campamentos de refugiados saharauis dijo que no le habían permitido la entrada a los territorios ocupados y esto generó la indignación de Marruecos; Mohamed VI criticó que los llamara territorios ocupados y expulsó a la mitad de los miembros de la MINURSO”, recuerda Soroeta.
El secretario general de la ONU desde 2017, Antonio Guterrez, apenas “ha aportado nada al conflicto”, añade Soroeta. El puesto de enviado especial al Sáhara Occidental permanecía vacante desde 2019 y nombró a Staffan de Mistura “para retomar las negociaciones”. En este sentido, la última resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU prolongó el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2022 y puso de relieve “la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes y esté basada en la avenencia” y “que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.
En este sentido, el documento especifica que “el logro de una solución política a esta prolongada controversia y la mejora de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión del Magreb Árabe contribuirían a la estabilidad y la seguridad, lo que a su vez generaría puestos de trabajo, crecimiento y oportunidades para todos los pueblos de la región del Sahel”. Sin embargo, Soroeta se pregunta “¿qué se va a negociar? Ya han negociado, el problema es que una de las partes no cumple”. En el escenario actual, además del final del alto el fuego anunciado por el Frente Polisario y el retorno al conflicto armado, el contencioso también se dirime en los tribunales.
Soroeta recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó los acuerdos comerciales y de pesca de Marruecos con la UE en el Sáhara Occidental al estimar que para explotar recursos en el territorio, se debe contar con la aprobación del Frente Polisario, lo que implícitamente reconoce que “el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos”. Aún no es firme, pues la UE ha recurrido ambas sentencias, pero supone una perspectiva diferente a la solución propuesta por Marruecos apoyada por España y otros países como Estados Unidos o Francia. De hecho, Soroeta añade que esto se puede extrapolar a las aguas territoriales de Rabat y de España en Canarias. “No se puede plantear la división oficial de las aguas porque viola el derecho internacional. Eso es directamente denunciable ante el Tribunal Internacional. Si España y Marruecos quieren negociar, tienen que hacerlo con el Frente Polisario”, señala.
Santiago Pérez recordó durante su intervención en el debate de la ULL que “la causa del pueblo saharaui tiene para los canarios un valor emocional, moral, político, de identificación”, algo que comparte. Pero no es de “una fácil solución”. Recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU se ha negado a imponer una solución empleando el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que habla de principios de acción en caso de quebrantamiento de la paz, sino del Capítulo VI, que opta por la vía del diálogo.
“Esa es la posición que se ha ido consolidando por Naciones Unidas a lo largo del tiempo. También se insiste en el derecho a la libre autodeterminación. Que se consolide un status quo y un bloqueo entre Marruecos y el Frente Polisario a la larga acostumbrará a la comunidad internacional a aceptar por la vía de los hechos el control de Rabat sobre ese territorio, que usa la represión, explota sus recursos y desarrolla políticas de integración de una parte de la sociedad saharaui”, remarca Pérez, quien señala que solo ve en las negociaciones la única vía para evitar esta situación.