“Aquí se ha dicho una cosa que no es verdad. Se ha dicho que España no es la potencia administradora del Sáhara Occidental y está reconocida en la ONU como potencia administradora de iure”, replicaba Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria. “¡Qué dices! Pero vamos, por favor. Es que lo haces adrede. No es que tengas ignorancia, es que tienes mala fe”, espetaba el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Rafael Esparza, quien había defendido que la ONU no consideraba a España con este estatus y, como ejemplo, exponía que “cuando ha pedido reuniones para resolver acuerdos entre las partes, cita a Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania, pero no a España”.
Habían transcurrido casi dos horas de debate sobre Los acuerdos sobre la situación del Sáhara y sus consecuencias para el Archipiélago, celebrado en la sede la UNED en Las Palmas de Gran Canaria y organizado en colaboración con el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias. Junto a Lola García Martínez, vicepresidenta primera del Cabildo de Fuerteventura; Ana Gloria Sánchez Ruano, docente, integrante del CCA de Podemos Canarias y Hach Ahmed Bericalla, secretario general del Movimiento Saharauis por la Paz, Ramírez (pro saharaui) y Esparza (pro marroquí) habían defendido sus posturas en un ambiente que se fue caldeando hasta su punto álgido, cuando se tocó el asunto de la responsabilidad de España.
Las dudas al respecto surgen porque de los 17 territorios no autónomos que recoge la ONU, el Sáhara Occidental es el único que en el apartado de potencia administradora tiene un asterisco. En este punto aclara que el 26 de febrero de 1976 España informó a la ONU de que daba término a su presencia y se desligaba de responsabilidades en cuanto a su administración. Es por ello por lo que tanto Esparza como Bericalla defendían que España es parte interesada del conflicto, al mismo nivel que Francia o Estados Unidos, pero no tiene título jurídico para ejercer las obligaciones que impone la ONU para las potencias administradoras, como convocar un referéndum.
Sin embargo, Ramírez mostró una resolución de la Asamblea General de la ONU, “la máxima representación democrática de la organización”, del 14 de febrero de 2020, en el que señala que España es potencia administradora “de iure”. Por lo tanto, defendió que “no es verdad que España no tenga responsabilidad en este tema, le entregó ilegalmente la administración del Sáhara Occidental a Marruecos en base a los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid. Y eso ha servido para que Rabat ocupe el territorio”.
Esparza intentó intervenir, pero Ramírez recordó que estaba en su turno de palabra. “Esparza, por favor, vamos a respetar un poquito esto”, subrayó. En este sentido, recalcó que Marruecos “potencia lobbies y usa el chantaje o la compra de voluntades para hacer campaña por las tesis marroquíes, incluso con voces saharauis, ejerce una estrategia de compra de voluntades para distorsionar la realidad” y señaló a Rabat como el principal responsable del bloqueo a la solución del conflicto del Sáhara Occidental. “Ni Hash ni Esparza exigen responsabilidades a Marruecos y hablan de la propuesta de Pedro Sánchez como un punto de partida. Eso no es un punto de partida, es defender la tesis de la ocupación marroquí. Si eso se acepta como marco de negociación, el asunto se convierte en un tema interno y desaparece el papel de la ONU”.
En este punto, la moderadora puso fin a la exposición de las ponencias y dio paso a la intervención del público, cuando se generó un encendido debate sobre un asunto que en las Islas toca muy de cerca.
Previamente, el encuentro había versado sobre la propuesta marroquí para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, es decir, un estatuto de autonomía bajo su soberanía, una opción que había apoyado el presidente del Gobierno de España. En este sentido, Esparza dijo que la carta de Sánchez al rey de Marruecos fue “oportuna” porque se alinea con las posiciones de Estados Unidos o Francia, y defendió que el estatuto de autonomía para la región propuesto por Rabat. Así, expuso el artículo 15 de esta propuesta: “La responsabilidad del Estado en lo que se refiere a las relaciones exteriores será ejercida en consulta con la región autónoma del Sáhara (...). La región autónoma del Sáhara, en concertación con el Gobierno, puede establecer lazos de cooperación con regiones extranjeras a fin de desarrollar el diálogo y de la cooperación internacional”.
“Quien sabe como será el futuro, pero será una andadura en libertad, sin dictaduras, donde la gente puede votar, eso pasa en el interior del Sáhara y no en los campamentos”, añadió. Esparza acudió a argumentos históricos para refrendar su postura. “El Sáhara Occidental siempre estuvo integrado en el imperio sherifiano, al igual que una gran parte del Sáhara argelino y este fue mutilado por el colonialismo franco-español”, expuso.
A su juicio, todo lo que ha sucedido y sucede en el Sáhara Occidental, obedece al enfrentamiento durante la guerra fría entre Marruecos, aliado del mundo occidental, y Argelia, alineado con la Unión Soviética, en la denominada “guerra de las arenas” por la hegemonía en el Magreb. Firme defensor de la idea “del Gran Magreb”, el profesor del ULPGC considera al Frente Polisario “un brazo operativo de la política argelina” y ambos, dice, utilizan a los refugiados saharauis en el campamentos de Tindouf “como rehenes estratégicos”.
Esparza añadió que a diferencia de los saharauis que habitan los campamentos de Tindouf, “con nula participación democrática”, los que viven en el territorio ocupado por Marruecos “están integrados en diversos y numerosos partidos políticos y votan en elecciones a todos los niveles: en el parlamento y en el senado tienen 37 representantes; en los consejos regionales, tres presidentes; en los cabildos, 116 consejeros y en los municipios, 1.340 concejales”. Con esta exposición, Esparza quería defender que, aunque el Gobierno marroquí “no es una democracia homologada como la española o la francesa”, sí es, a su juicio, “más democrática en su constitución que los países que tiene al lado”. Al respecto, preguntaba al resto de los ponentes: “¿Han hablado ustedes alguna vez con algunos de los saharauis que habitan en El Aaiún, Dakhla, Smara o Bojador?”.
“Yo no he podido hablar con los saharauis en los territorios ocupados porque siempre me echan”, respondía Ramírez, “no solamente a mí, a muchas delegaciones de observadores internacionales, representantes institucionales, europarlamentarios, parlamentarios españoles o canarios”. Y preguntaba, “¿Qué democracia es esa?”. “Eso es una dictadura de corte medieval en la que se mantiene la ocupación del Sáhara en base a la represión de los derechos humanos. Hay más de 50 saharauis en cárceles, condenados hasta a cadenas perpetuas. Es un gobierno de corte medieval y por eso los saharauis rechazan la autonomía bajo su soberanía”.
Ramírez también inquirió por qué los defensores de la autonomía para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí no permiten el referendum “si están tan seguros de que los saharauis lo aceptarían”. El derecho a la libre autodeterminación sigue siendo el postulado que defiende la ONU para resolver el conflicto y “la propuesta unilateral de Rabat, que ha hecho Sánchez o Trump, significa imponer la soberanía marroquí a los saharauis y eso no es democrático ni legal; además, atenta a los derechos históricos y reconocidos por la legalidad internacional a su libre autodeterminación con la celebración de un referéndum, donde la consulta sea: independencia o autonomía”.
En su intervención, Sánchez Ruano recordaba que Sánchez ni siquiera había contado con el apoyo del Congreso ni del Senado para apoyar la propuesta marroquí y esto, a su vez, conlleva el incumplimiento de las resoluciones de la ONU, que abogan por una solución negociada, no que la salida del conflicto sea solo la tesis de una de las partes. Además, recordó que aunque no ha visitado el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, sí tiene constancia de “las violaciones de los derechos humanos”; también, remarcó “habría que ver si los procesos democráticos que se celebran ”son limpios“.
Por su parte, García Martínez quiso centrar su exposición en “las personas que habitan el Sáhara Occidental y los campamentos” y, en concreto “sus derechos históricos y ansias de libertad”, porque “solo ellos deben poder decidir sobre su futuro”. La vicepresidenta primera del Cabildo de Fuerteventura considera que “Sánchez tomó una decisión unilateralmente que afecta a los derechos de un pueblo reconocido internacionalmente” que puede traer consecuencias a Canarias, que “ha sido y sigue siendo la región más sensible a este conflicto, por los lazos históricos”. Por ello, insistió en la defensa del “marco jurídico de la ONU y la legalidad internacional para buscar una salida pacífica al conflicto”.
Hach Ahmed Bericalla quiso alejarse de lo que denominó “debates retóricos” y centrar el asunto en la población saharaui, “que vive en condiciones inhumanas en los campamentos de Tindouf, dependiendo de la ayuda humanitaria y que languidece desde hace muchos años”. Por ello, considera que “no se le puede exigir más sacrificios” y se debe aprovechar la ocasión que ha ofrecido, a su juicio, la carta de Sánchez, que ha vuelto a “desempolvar un conflicto olvidado”, para “conducir a una coalición internacional que favorezca una solución, con independencia de cual sea”.
Pero Ramírez recordó que la solución ya está sobre la mesa desde 1991. “La celebración de un referéndum que Marruecos ha incumplido a pesar de que lo firmó”.
Consecuencias para Canarias
Esparza defendió que el acuerdo de 16 puntos entre España y Marruecos, alcanzado en una reunión celebrada tras reconocer su soberanía sobre el Sáhara Occidental, contiene “ventajas para Canarias”. Entre otras, señaló “la delimitación de los espacios marítimos”, porque “por primera vez, tenemos la posibilidad de delimitar las aguas de forma interesante para Canarias, como si fuese un Archipiélago de estado; esa oportunidad no la podemos perder”. También señaló la posibilidad de retomar “la línea marítima entre Fuerteventura y Tarfaya”.
Sin embargo, Ramírez replicó que de los 16 puntos “del acuerdo entre ambos países, el punto número 1 es el reconocimiento de la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental”, lo que ya contraviene la legalidad internacional al negociar sin su representante, el Frente Polisario. El consejero del Cabildo de Gran Canaria recuerda que Marruecos hace chantaje con la inmigración, pretende ejecutar prospecciones petrolíferas y delimita sus aguas solapando las de las Islas. “Tener a 100 kilómetros de Canarias un Sáhara marroquí es lo peor para el Archipiélago”, concluyó.