Las multinacionales petroleras que operan en Venezuela fueron llamadas este lunes por el Gobierno a “negociaciones por separado” para definir su permanencia en el país como socias minoritarias, anunció el ministro de Energía, Rafael Ramírez.
“Estamos llamando a todos los socios en convenios de asociación a discutir por separado cuál va a ser su futuro en este negocio, que deja una rentabilidad extraordinaria”, reveló en rueda de prensa el también presidente de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Tras recordar que el año pasado se adoptaron nuevas medidas tributarias en el sector y se crearon “empresas mixtas” con las multinacionales, Ramírez destacó que sigue pendiente “los temas vinculados a los negocios” en la llamada Faja Petrolera del Orinoco.
“Nos queda como remanente los convenios de asociación de la Faja (centro del país) y los convenios de ganancias compartidas, en los que también se avanza en la nacionalización porque no quedará en el país ningún negocio petrolero al margen” de la nacionalización, reiteró.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, remarcó el pasado sábado que nacionalizará “absolutamente todo” en los sectores eléctrico y energético, y en éste último las multinacionales petroleras que lo deseen podrán quedarse como socias minoritarias.
“Hemos decidido nacionalizar todo el sector energético y eléctrico venezolano; todo, absolutamente todo”, subrayó Chávez, durante su discurso de rendición de cuentas sobre su gestión del año pasado.
“Dejamos abierta esa posibilidad (de participación a los grupos petroleros privados, nacionales y extranjeros), pero el que no quiera quedarse como socio minoritario, entrégueme el campo y good bye, good luck, thank you very much (hasta luego, buena suerte, muchas gracias)”, afirmó.
Ramírez complementó este lunes que “vamos a discutir, por supuesto, la participación minoritaria” de los privados, e insistió en que “el Estado va a asumir el control mayoritario de estas asociaciones y en toda la cadena de valor y, como ya lo estable la Ley Orgánica de Hidrocarburos, hasta la comercialización de la producción”.
Chávez añadió el sábado que en la Faja del Orinoco su Gobierno aspira a que sean certificadas como reservas probadas unos 272.000 millones de barriles (20% recuperable del crudo allí existente), proceso internacional que se cumple desde el año pasado.
“Una vez que se emita la ley respectiva para la nacionalización, podremos dar más detalles de los plazos y lapsos e iniciaremos la discusión con las empresas transnacionales (...), una enseñanza que nos dejó la discusión de (la migración de) los convenios operativos a empresas mixtas”, agregó a su vez Ramírez.
En el marco de la llamada “internacionalización” de PDVSA, a inicio de la década de 1990, firmó con empresa privadas nacionales y trasnacionales de EEUU, el Reino Unido, Francia y Noruega cuatro “convenio de asociaciones estratégicas” y 32 “convenios operativos”.
Estos últimos ya fueron sustituidos por “empresas mixtas”, con mayoría accionarial de PDVSA y presencia minoritaria de British Petroleum, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips y Total and Statoil y al respecto, remarcó, Ramírez, “ahora no hay negociación posible”.
Gracias a lo ya actuado, añadió Chávez, PDVSA se ahorrará 6.000 millones de dólares “que se hubieran tenido que desembolsar hasta el año 2017” sin esos cambios contractuales, suma similar a que reveló que la estatal ha invertido ya en sus instalaciones.
“¡Cómo nos saquearon! Habría que preguntarse cuánto dinero se fue antes (...), porque estas petroleras invertían y luego PDVSA tenía que pagarle su inversión, sus costes, y muchas otras cosas que se acabaron; ahora PDVSA es la dueña del negocio”, remarcó Chávez.
El gobernante ya había adelantó a inicios de la semana pasada su anuncio de esas nacionalizaciones, que también alcanza al sector de las telecomunicaciones, lo que provocó fuertes descensos en la Bolsa de Valores de Caracas de las acciones de la telefónica privatizada nacional CANTV y también de la empresa Electricidad de Caracas.
Estas se incrementaron después al estimarse que habrá “un precio justo” en las indemnizaciones, especialmente en el caso de la telefónica CANTV, actualmente controlada por la estadounidense Verizon.