La jueza de Instrucción 4 de La Laguna, Ana Serrano-Jover, decidió el pasado 1 de julio llamar a declarar en condición de investigado (imputado) al expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por su presunta implicación en el conocido como caso Reparos. En una providencia fechada ese día, se fijaba la citación de Clavijo para el 6 de octubre de las diez de la mañana. Era el último de los diez citados en una ronda de interrogatorios que comenzarían el 17 de septiembre con la declaración de la concejala Aymar Calero.
Advertida de su error al haber incluido a Fernando Clavijo entre los investigados, siendo como es aforado por su condición de senador, la jueza emitió al día siguiente, 2 de julio, un auto de rectificación de su propia providencia, dejando sin efecto la citación y acordando en su lugar “incorporar la documentación referente a los expedientes administrativos en que fueron dictados los decretos número 2.237/2014, 533/2015 y 661/2015 a la pieza separada a fin de determinar junto con el resto de documentación si hay indicios suficientes en la causa de perpetración del delito para su elevación al Tribunal Supremo por la condición de aforado del investigado”.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió una nota informativa a mediodía de este viernes matizando una información de este periódico en el sentido de que no se había decidido aún la remisión de la causa sobre Clavijo al Supremo y alegando que “se ha solicitado documentación al Ayuntamiento de La Laguna, que tiene hasta el 10 de julio de plazo para remitirla. Una vez que se reciba esa documentación, profusa, se estudiará si se remite o no la pieza al alto tribunal”. En realidad, toda esa documentación ya obra en poder del juzgado, y en base a ella se emitieron las citaciones a todas las personas investigadas.
De acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, la jueza deberá tramitar ahora la pieza separada sobre Fernando Clavijo y, en base al resultado, elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo en el que se contengan los argumentos que considere oportunos para que el expresidente sea investigado por el alto tribunal.
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