¿Todo comenzó en Gamonal?

España se ve sometida a un saqueo ejecutado por un conjunto de corruptos, incompetentes, corsarios de corporaciones y los necesarios cómplices en cada caso.

Más pronto que tarde, las aseguradoras ya se han lanzado por campañas publicitarias llenas de “sensibilidad y humanidad”, legítimamente, a la búsqueda de clientes a quienes prestar la seguridad que los sistemas públicos parecen comenzar a flaquear. Desde los responsables de la gestión de los recursos públicos en sanidad o pensiones, por ejemplo, se está comenzando a repetir el relato contumaz de que el sistema “tal como lo conocíamos” no puede seguir sosteniéndose. Demás está recordar que pueden ser objeto de revisión sus actuaciones.

El gobierno que sucediera a estas camarillas de imputados con el sentimiento de la impunidad asegurada, en términos de revisión de su gestión se debería proceder sobre los patrimonios personales de los responsables de esas decisiones. Los funcionarios y cargos designados se apresuraran, seguramente, a presentar una modificación del Código Civil y del Penal, para evitar tales consecuencias. Pero, habrá que modificar esas legislaciones espúreas.

Se deberá abrir el espíritu de la Ley a la verdad y a la rendición de cuentas. Que ya está bien de camarillas que se protegen desde los cargos institucionales, empresariales y políticos. Organizaciones religiosas tienen colocados a miembros destacados en puestos clave de la gestión de la “cosa pública”. Habrá que revisar su gestión y recuperar el fruto de su labor “disfuncional”.

Contrataciones oscuras. Desviaciones presupuestarias fruto de ofertas temerarias. Asociaciones ilícitas. En suma, toda manifestación de una organización con el fin de enriquecerse a costa del patrimonio de los españoles. La derivación de bienes públicos. Activos inmobiliarios derivados a los fondos “buitre”. La dejación de la función de responsabilidad pública debería generar penas de prisión preventiva de manera tan ágil como se ha condenado a miembros de piquetes de huelga o personas que se “resistieron a la autoridad”.

Para nuestro caso sería una manera novedosa y disuasoria que, tal vez deberíamos considerar a la hora de pedir cuentas, a los que tan alegremente se están convirtiendo en los ejecutores de un sistema de servicios sociales y sanitarios ejemplares en todo el mundo. En esas cuentas se podrían valorar las responsabilidades penales acerca del incremento en la mortalidad de los ciudadanos españoles, como consecuencia de la desatención a que están siendo sometidos por el desmantelamiento de la estructura sanitaria y de la dependencia.

Como curiosidad es menester recordar que el principio de responsabilidad que cualquier conocedor de la Administración Científica reconoce que no resulta “delegable”. Va con el cargo. El juicio de Nürenberg podía haberse resuelto con la libertad de buena parte de la cúpula de los jerarcas nazis si se aplicasen los criterios inauditos de “ignorancia” de las consecuencias de sus actos que manifiestas muchos imputados en nuestro país. No en vano ya figuramos a la altura de países “bananeros”, lo que parecía significar una inmoralidad escasa y una actuación de la justicia que destruye la dignidad de las personas.

El eludir responsabilidades es otro aspecto de este modo de entender la representación en una gestión. Las víctimas del metro de Valencia, los primeros pasos en el caso del accidente en las vías del AVE en Santiago suponen un intento evidente de cubrir con misas el desempeño de los gestores responsables. Su dignidad ha sido afectada. El respeto a los muertos no parece el correcto. Ha debido ser un programa de televisión el que pusiese en conocimiento ciudadano tales episodios.

La agilidad con la que este gobierno atiende los reclamos de las empresas del IBEX, eléctricas y petroleras incluidas, colisiona con las necesidades insatisfechas en dependencia, o pone en riesgo las pensiones, al ser derivados los recursos necesarios a los requerimientos de sus donantes, para seguir manteniendo aquellos servicios sanitarios y sociales. El énfasis con el que la Fiscalía General del Estado, en 2013, ha debido recibir una severa observación desde el Consejo de Europa, para que evite un desempeño partidista de su cometido específico es una prueba de tales distorsiones.

Es que, al fin de cuentas, es una cuestión de dignidad. De un reparto inequitativo de los esfuerzos. De un expolio a la renta ganada con esfuerzo por la mayoría de los españoles, a favor de solventar la impericia o la gestión delictiva de los “amigos” del poder. En ese devenir se alude a la democracia mientras se violenta la economía real de los ciudadanos sin el menor respeto a sus derechos.

En definitiva, los juicios se alargan, los dineros expoliados no aparecen, los imputados están disfrutando de una libertad obtenida a base de subterfugios, mientras los ciudadanos no hacen más que descender en la escala no ya de su nivel económico, ese al fin y al cabo podrá recuperarse. Ese descenso es el de su propia consideración como personas. El de su propia dignidad.

Veamos los pasillos de los servicios de urgencias o los comedores de ONG como Cáritas o similares. ¿Es ése el patriotismo de esta gente? ¿Es esa su humanidad? Se compadecen de su catolicismo fundamentalista el tener sobre su espalda las consecuencias que ya se están advirtiendo en la calidad asistencial y en la nutrición de los niños españoles.

No debemos olvidar que el barrio de Gamonal se convirtió en una demostración de qué es lo puede ocurrir si se transgreden los límites en el acoso y derribo de una democracia digna, que no fue precisamente una concesión. Fue el resultado de la generosidad de la mayoría de los españoles a lo largo de más de cuarenta años de una de las dictaduras más genocidas de la historia de la humanidad. Gamonal respondió no desde partidas ideológico políticas. Surgió desde la defensa de los principios éticos que los ciudadanos le han atribuido a Podemos. Al menos por ahora.

Algunos de los descendientes de aquellas camarillas se atreven a jugar con los límites de esa dignidad que Gamonal ha puesto de manifiesto. La demonización a través de los canales de comunicación serviles con el poder, son la evidencia.

El señor Rajoy debe ser consciente de que su manera de comportarse como mandatario, es decir al que se le otorga el deber de realizar un programa de gobierno, por unas elecciones legítimas, ha sido arquitecto de un fraude programático. Un modo desdeñoso de ejercer el poder desde posiciones bastante alejadas de la democracia participativa. Esos modos pueden exacerbar el sentido de la responsabilidad que los ciudadanos no han perdido.

El señor Rajoy, que nunca ha ocultado sus orígenes en los modos de ejercer los diferentes cometidos que la política lo ha tenido como actor, está llevando a cabo no una liquidación de algunas áreas de gestión. Ojalá fuese así.

A su propuesta de elección directa de los alcaldes, se le supone una picardía de tintes totalitarios. El señor Rajoy está preparando el terreno para perpetuarse en el poder, con artilugios tales también los aplicará su hombre en Galicia.

Alberto Núñez Feijoó, desde siempre vinculado a la empresa más que a la dignidad de la política, piensa llevar a cabo un desmantelamiento, como lo está haciendo de la sanidad y la educación en Galicia, del fin político representativo del parlamento de Galicia. Así, producirá una reducción tal en el número de diputados del Hórreo, que el coste en votos de una banca de diputado se encarecerá de tal modo que la pluralidad que expresa en sus últimas intervenciones, nada tiene que ver con los hechos. Ése será el modelo que se aplicará en las Cortes Generales, posiblemente con la complicidad de parte de la más que penosa oposición que tiene España en esta legislatura.

La confesión cristiana tiene algo que ver con el sentido del indulto. Tú puedes matar, robar, y cualquier otra tropelía por la que has sigo juzgado y condenado... Y puedes luego regresar a la política a desempeñar cargos electos sin el menor rubor. Es legítimo para un cristiano sentirse liberado luego de esa exoneración del delito. Pero que se le permita el regreso a la fuente del que se derivó la situación es, al menos, una inmoralidad institucionalizada que pretende destruir la creencia en la Justicia, en la Democracia y en la Ética de la cosa pública.

Curiosa manera de hacer política la que esta gente demuestra. Dicen cosas que contradicen sus actos. Cualquiera diría que hay algo psicológico en esa modalidad. En cualquier caso, cada uno es lo que es y puede hacer de su intimidad un sayo. Lo que sucede es que en el desarrollo del uso de recursos públicos, las consecuencias de sus actos no le deben resultar gratuitas a los que se atreven a una actuación más allá de los límites de la dignidad.

Gamonal dijo “basta”. No creo personalmente que sea un capítulo cerrado. Creo que se están aplicando los mecanismos de la gestión de conflictos. Con el manejo de tiempos y el desgaste de las emociones puestas en juego en su transcurso. También estoy persuadido que se esperará a que pasen las elecciones de mayo para el Parlamento Europeo. Luego, ya veremos. Entonces, será bueno recordar lo que Eduardo Chillida nos dejó: “un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo.”

España se ve sometida a un saqueo ejecutado por un conjunto de corruptos, incompetentes, corsarios de corporaciones y los necesarios cómplices en cada caso.

Más pronto que tarde, las aseguradoras ya se han lanzado por campañas publicitarias llenas de “sensibilidad y humanidad”, legítimamente, a la búsqueda de clientes a quienes prestar la seguridad que los sistemas públicos parecen comenzar a flaquear. Desde los responsables de la gestión de los recursos públicos en sanidad o pensiones, por ejemplo, se está comenzando a repetir el relato contumaz de que el sistema “tal como lo conocíamos” no puede seguir sosteniéndose. Demás está recordar que pueden ser objeto de revisión sus actuaciones.