Veinte años de turismo rural asociado en Canarias (1993-2013)

La pretensión de este primer artículo es servir de marco genérico y descriptivo de los principales rasgos que caracterizaron la trayectoria del turismo rural, impulsado desde el asociacionismo, durante una década. Tras este encuadre, en posteriores escritos con análisis más pormenorizados y críticos, si que se incidirá en aquellos ámbitos que nos permitan obtener enseñanzas de utilidad práctica para dar continuidad y mejorar la presencia y la incidencia económico- social del turismo rural en nuestro territorio.

Ya hace más de dos décadas desde que se empezaron a conceder en Canarias las primeras subvenciones para rehabilitar casas antiguas que se convirtieran en hoteles o casas rurales. El turismo rural, era en aquel momento -y posiblemente siga siendo- la actividad con mayor potencialidad para generar riqueza y estabilizar población de nuestras zonas rurales; y por esa razón esta medida concentró esfuerzos financieros por parte de las diferentes administraciones, empezando por los programas e iniciativas europeas. El marco normativo regional que regulaba el turismo rural fue el decreto 18/1998 de 5 de marzo, posteriormente modificado por el decreto 39/2000 de 15 de marzo.

En modo inmediato se constituyeron las asociaciones de propietarios de alojamientos tradicionales que habían sido rehabilitados para dedicarlos a turismo rural. Inicialmente abundaron las asociaciones que trabajaban en nuestros municipios y comarcas para, al cabo de unos años, ir disminuyendo en favor de un lógico proceso de concentración, en primer término a nivel insular, pero también en los ámbitos regional y nacional.

De esta manera y en lento proceso, las asociaciones insulares se dotaron de sedes y de equipos de trabajo y en torno a su saber hacer y el de los propietarios asociados, se iban articulando soluciones para los diferentes retos de la actividad turística en el medio rural. La combinación del trabajo voluntario - pero no por ello menos cualificado- de los propietario, junto con la aportación de los técnicos contratados de las asociaciones, generó un genuino y operativo formato de intervención en el territorio que se mostró eficaz y cuya implementación ha perdurado en el tiempo.

De este modo, el sector del turismo rural se fortaleció, y ganó en imagen común, y sobre todo, se procuró soluciones propias a los desafíos que se iban planteando en relación a la legalización de la actividad, a la calidad global del producto, o a la promoción y comercialización.

Se trataba de un esfuerzo del propio sector y formulado de abajo a arriba, para el que, en modo continuo, se hacía preciso buscar apoyos en otras organizaciones – principalmente los Grupos de Acción Local que gestionaron las diferentes ediciones de la Iniciativa Comunitaria Leader-, así como en diversos niveles de la Administración Pública. De esta manera, en un formato asociativo regional que tuvo en ACANTUR (Asociación Canaria de Turismo Rural), creada en 1993, su principal exponente, Canarias lanzó durante más de una década una imagen comercial corporativa muy sólida y reconocible. Se acudía a ferias y eventos promocionales de la mano de la Consejería de Turismo, y su página web se convirtió en el portal de referencia para la promoción y comercialización del turismo rural de Canarias.

Las asociaciones insulares que integraban ACANTUR fueron: Grantural (Gran Canaria), Ecotural (La Gomera), Meridiano Cero (El Hierro), ATTUR (Tenerife), Isla Bonita (La Palma) y Fuerteventura Rural (Fuerteventura). Estas asociaciones llegaron a agrupar en 2006 en torno a 400 alojamientos, un 40% de la oferta total del archipiélago.

En los primeros años el alojamiento turístico era el principal foco de atención del trabajo asociativo, puesto que se hacía prioritario consolidar una oferta legal, de calidad homogénea y suficientemente representada en todas las islas. Pero, muy pronto, las asociaciones de turismo rural hicieron suyo un enfoque que todavía hoy está vigente: el turismo rural es la suma de múltiples elementos físicos y humanos, tangibles e intangibles, que concurren en un territorio concreto y de los que el establecimiento turístico es tan sólo uno de ellos. Esta visión del turismo rural, amplia e inclusiva, vino a añadir nuevos campos de trabajo, nuevas tareas a las asociaciones. Ya no se trataba únicamente de promocionar establecimientos sino también de poner en valor un conjunto amplio de atributos relacionados con nuestro medio rural. De este modo los instrumentos promocionales –folletos y páginas web principalmente- se nutrían de información acerca de elementos patrimoniales, recursos culturales, eventos y equipamientos existentes en las diferentes islas. Se venía a ofrecer, pues, una visión amplia de los diferentes atractivos y atributos de cada isla o comarca rural.

Los congresos regionales de la Asociación Canaria de Turismo Rural, que se distribuyeron periódicamente por las diferentes islas, posibilitaban el encuentro, la discusión y la puesta en común entre asociados. El último tuvo lugar en Telde en octubre de 2014.

La pretensión de este primer artículo es servir de marco genérico y descriptivo de los principales rasgos que caracterizaron la trayectoria del turismo rural, impulsado desde el asociacionismo, durante una década. Tras este encuadre, en posteriores escritos con análisis más pormenorizados y críticos, si que se incidirá en aquellos ámbitos que nos permitan obtener enseñanzas de utilidad práctica para dar continuidad y mejorar la presencia y la incidencia económico- social del turismo rural en nuestro territorio.

Ya hace más de dos décadas desde que se empezaron a conceder en Canarias las primeras subvenciones para rehabilitar casas antiguas que se convirtieran en hoteles o casas rurales. El turismo rural, era en aquel momento -y posiblemente siga siendo- la actividad con mayor potencialidad para generar riqueza y estabilizar población de nuestras zonas rurales; y por esa razón esta medida concentró esfuerzos financieros por parte de las diferentes administraciones, empezando por los programas e iniciativas europeas. El marco normativo regional que regulaba el turismo rural fue el decreto 18/1998 de 5 de marzo, posteriormente modificado por el decreto 39/2000 de 15 de marzo.