El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera ha autorizado este viernes a la Guardia Civil a retirar los animales domésticos abandonados por su dueño “en condiciones deplorables” en una finca del municipio de Vallehermoso (La Gomera).
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado de que la orden judicial responde a una petición formulada por el Seprona-Garajonay de la Guardia Civil tras realizar una inspección en una finca ubicada en el caserío de Los Manantiales-Chipude.
El juez instructor ha autorizado el decomiso de los animales y la retirada de su guarda y custodia a su dueño, que acumula 14 denuncias de la Guardia Civil por irregularidades respecto al trato a los animales.
En esa finca se detectó, entre otros animales descuidados, tres perros (dos pointer hembra, Pinta y Laika, y un mestizo, Felipe) y una cabra “en unas condiciones higiénico sanitarias deplorables, careciendo de comida y agua, presentando heridas sin curar uno de ellos”, según detalla el atestado remitido al Juzgado.
En la resolución judicial se señala que a la cabra “se le había realizado un orificio en los cuernos, en los que se había introducido una verga metálica a modo de anilla para poder amarrarla”, y de los perros dice que presentaban síntomas de desnutrición, acusando Laika “lesiones dérmicas crónicas”.
La orden de retirada de perros y cabras se ha dictado tres días después de que el mismo Juzgado ordenara la apertura de diligencias previas contra el propietario de la granja como presunto autor de delitos relativos a la protección de animales de compañía y domésticos.
Mientras se tramita la causa, el juez ordena que los tres canes pasen a guarda y custodia de la entidad Pro Animal Gomera, “sin perjuicio de que tras valoración y los correspondientes trámites puedan ser entregados en adopción, previa autorización judicial”.
Respecto de los otros animales, su tutela queda en manos del área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Gomera.
La resolución detalla que no puede aplicar, por no estar vigente, la nueva Ley 7/2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales ni la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, pero sí las disposiciones normativas precedentes, esto es, entre otros, los artículos 13,326 y 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Detalla el auto que, en el momento de la inspección de la finca por el Seprona, se encontraba en el lugar su dueño, “quien manifestó ser el titular de los animales y encontrarse en el lugar para echarles de comer, reconociendo que en ocasiones tardaba algún día en darles alimentación”.
Según la resolución, cuando los agentes inspeccionaron el lugar, el pasado 13 de marzo, se encontraron a los perros y al ganado caprino “ubicados en un cuarto de aperos o vivienda en estado de abandono, cerrados mediante una puerta metálica sujeta por una cuerda.
La estancia estaba “en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, con excrementos, restos de madera, piedras y sobre un palet lo que pareciera ser utilizado como cobijo frente a las inclemencias meteorológicas para los perros”.
Continúa con que “de igual modo se puede observar a uno de los perros con heridas o llagas sin curar o tratar en la zona trasera, sin ningún tipo de alimentación ni agua en ninguno de los cuencos destinados a tal fin”.
Asimismo, respecto del ganado caprino, se encontraba estabulado al tiempo de la inspección, sin identificación alguna por medio de crotales, careciendo de número de explotación y “presentado uno de los ejemplares macho cabrío la realización de un orificio mediante perforación mecánico-manual en su cornamenta, a través del cual se procedió a introducirle una verga metálica a modo de anilla a efectos de ser usada como asidero a una cuerda y que el mismo quedase sujeto contra la pared”.