Un nuevo macroproyecto en el mar mantiene en alerta a Lanzarote. La promotora Yaizatún S.A., con el visto bueno del Gobierno de Canarias, pretende instalar 56 jaulas marinas para el cultivo de peces en el litoral de la isla. La iniciativa ocupará 5,5 kilómetros de costa y se extiende por aguas protegidas por la Unión Europea y una Zona de Especial Conservación. Una asociación ecologista ha presentado una serie de alegaciones al proyecto en las que advierte de su “total incompatibilidad” con la normativa internacional, con la biodiversidad de la isla y con el interés general de la sociedad lanzaroteña. El gobierno insular, con Coalición Canaria al frente, tampoco apoya las jaulas, distanciándose así de la postura del Ejecutivo autonómico, liderado por el mismo partido.
Una de las críticas a este proyecto está relacionada con la empresa promotora. Yaizatún gestionó durante 20 años 53 jaulas marinas ubicadas en la Bahía de Ávila, entre Punta Gorda y Playa Quemada (Yaiza) para producir dorada y lubina. Aunque en agosto de 2021 se caducó su concesión, la empresa siguió con su actividad. La zona ni siquiera era apta para la acuicultura y el cultivo de peces provocó importantes daños medioambientales en la zona. La Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (ADACIS) recuerda en sus alegaciones que esta actividad acabó con el sebadal que habitaba entonces en el fondo marino de ese enclave.
Unas imágenes incluidas en el documento y tomadas en el año 2000 por la organización internacional WWF evidencian la “putrefacción” del fondo marino provocado por “acumulación de excrementos y restos de pienso”. En las redes de las jaulas se acumulaban peces muertos, cuya descomposición contribuyó “a la contaminación del fondo marino y al desplazamiento y asentamiento de especies psicícolas salvajes en busca de alimento”. En 2022, Ecologistas en Acción otorgó una de sus banderas negras a esta playa por “contaminación orgánica”.
Aguas protegidas
El proyecto se localiza en el ámbito de la Red Natura 2000. Esta red ecológica europea pretende asegurar la supervivencia a largo plazo de especies y tipos de hábitat del continente y frenar la pérdida de biodiversidad. ADACIS advierte que, al situarse en este espacio, es preceptivo un informe previo favorable por parte de la administración responsable de la gestión.
La mayor parte de las jaulas se ubican sobre la Zona de Especial Conservación Sebadales de Guasimeta, donde habitan especies como la tortuga boba y el delfín mular. Parte del proyecto también se solapa con el Lugar de Interés Científico Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura. En el entorno inmediato está también la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Espacio marino de La Bocayna. Se trata de una zona de paso para la población reproductora de pardela cenicienta y de colonias de petrel de Bulwer, la pardela chica, el paíño europeo y el paíño de Madeira.
La asociación advierte también de que el proyecto está muy cerca de áreas señaladas por la ciencia por su importancia para especies gravemente amenazadas, como el tiburón angelote. Esta especie está clasificada En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Desde 2019 también se considera en peligro de extinción y en Canarias ha encontrado “un último refugio para su supervivencia”, estando presente en la zona costera de todas las islas.
Cultivo de peces
Las jaulas se extenderán por el litoral de tres municipios: Arrecife, San Bartolomé y Tías. Todas ellas serán “visibles desde tierra”, según ADACIS, al estar a menos de 3,5 kilómetros de la costa. En 36 viveros circulares flotantes de 20 metros de diámetro se cultivarán dorada y lubina. En otras 20 de 50 metros de diámetro se procederá al engorde de atún rojo y rabil. El informe de evaluación de impacto ambiental prevé una capacidad productiva máxima de 9.000 toneladas al año.
El ciclo de producción desde el comienzo del engorde de los ejemplares hasta su sacrificio será de 18 meses para la dorada, seis meses para el atún y entre 16 y 17 meses para la lubina. El 100% de la producción del atún será destinada a “congelado” y todos los residuos orgánicos, como cabezas, vísceras, espinas y aletas serán entregados a un gestor autorizado para producir harina de pescado.
ADACIS señala en sus alegaciones que ni la dorada ni la lubina son especies autóctonas de Canarias. La fuga de estos peces de las jaulas, como consecuencia de roturas, puede poner en riesgo a otras especies “de gran interés pesquero”, al tratarse de “depredadores voraces sobre crustáceos y peces”. “El cultivo de especies localmente ausentes - o potencialmente dañinas para el frágil ecosistema marino insular - debería estar prohibido”, insiste la asociación.
El documento, firmado por el prestigioso ambientalista Ezequiel Navío, subraya que el atún rojo suele tener problemas de parasitismo que puede transferir a otras poblaciones salvajes de peces. Además, el engorde del atún rojo en España “no está regulado”, por lo que la actividad pesquera y de engorde en Lanzarote no se podría desarrollar.
En esta línea, la asociación advierte importantes lagunas en el proyecto. “No se indica bajo qué cuota pesquera se contabilizará el atún salvaje destinado para el engorde. Se ignora el límite de enjaulado de atún rojo salvaje y límite de capacidad de engorde en España”, sostiene el texto. El método por el que se capturarían los ejemplares de atún para su posterior engorde sería el cerco. En España no está autorizada la pesca de cerco de atún rojo en el Atlántico, asegura ADACIS.
Impacto ambiental
Las alegaciones presentadas por la asociación insisten en que la calidad del agua y de los fondos marinos puede verse “gravemente comprometida” por el uso de agentes químicos como pesticidas, antibióticos y hormonas. Estos elementos se utilizan para controlar las enfermedades de las especies cultivadas y para el mantenimiento de las instalaciones. Estos elementos químicos pueden resultar también “un peligro para la propia salud humana”, al consumir organismos contaminados.
Las jaulas de cultivo también ejercen atracción sobre especies marinas que comienzan a concentrarse a su alrededor en busca de alimento y refugio, “alterando la estructura de la población local”. Entre estas especies destacan las tortugas, las aves y los mamíferos marinos, lo que implica un “claro desequilibrio en el ecosistema” y la posible ingesta por parte de estos animales de plásticos o cuerdas.
Economía local
Más allá del impacto ambiental, la asociación analiza el efecto que las jaulas pueden provocar en la economía local a través de sus consecuencias en la pesca, el buceo, la navegación o el turismo. El cultivo de peces supone una importante competencia para la pesca artesanal, disminuyendo el precio del producto y, en consecuencia, los ingresos de los pescadores.
La implantación de la acuicultura en una localidad puede “agravar el problema de la sobrepesca”. “Lejos de contribuir a una disminución de las tasas de captura de las especies silvestres [...] puede ocasionar un aumento del nivel de captura, motivado por un aumento del esfuerzo pesquero para capturar más pescado y poder competir con el excedente de la producción acuícola”.
En esta línea, ADACIS también advierte sobre el impacto de la luminaria de estas instalaciones en el mar, muy próximas al Aeropuerto César Manrique. La asociación exige un análisis exhaustivo del posible impacto por deslumbramiento y confusión de los pilotos de las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo.
Rechazo político
En el Cabildo de Lanzarote, tanto el gobierno como la oposición coinciden en su rechazo a este proyecto. El pleno de la corporación insular ratificó en julio de este año por unanimidad su oposición a la instalación de las jaulas marinas. “Es lo mejor para nuestras islas”, subrayó el presidente, Oswaldo Betancort (CC). El PSOE ya había exigido al partido nacionalista que siguiera la línea iniciada por la expresidenta socialista Dolores Corjuo y que “no se doblegara” ante el presidente autonómico, Fernando Clavijo, también de CC.
Los grupos políticos también avalaron a Betancort para presentar un recurso judicial contra la aprobación del proyecto. En 2021, los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé ya llevaron a los tribunales la ordenación que autoriza la instalación de jaulas marinas en todo su litoral.
Las jaulas marinas también fueron uno de los puntos de conflicto entre el gobierno insular y el autonómico en la legislatura pasada, con el PSOE al frente de ambas administraciones. La expresidenta Dolores Corujo exigió entonces al expresidente canario Ángel Víctor Torres que el Gobierno regional respetara las competencias que la isla tiene para otorgar concesiones en materia de acuicultura. Petición a la que la comunidad autónoma hizo oídos sordos.