La Audiencia Provincial de Las Palmas avala el registro de la casa del expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés. La Sección Sexta aprecia indicios de cohecho y prevaricación en la adquisición de la vivienda, por lo que ha desestimado el recurso presentado por el dirigente de Coalición Canaria contra la entrada de la Guardia Civil en su chalet el 28 de marzo de 2022. Esta vivienda, localizado en una exclusiva urbanización de Arrecife, fue uno de los bienes embargados a San Ginés en el marco del caso Minutas. La operación investiga los pagos sospechosos por un millón y medio de euros a Ignacio Calatayud, abogado y amigo del político, durante el mandato de CC en la isla. En total, las propiedades embargadas alcanzan un valor de 800.000 euros, a pesar de las recurrentes declaraciones de San Ginés que defendían su “exiguo patrimonio”.
El auto, al que ha tenido acceso este periódioc, concluye que el recurso “no puede alcanzar éxito”. Los hechos investigados “aparentan ser constitutivos de un delito de prevaricación” por parte de Pedro San Ginés “al contratar de forma verbal los servicios de un abogado llegando a acuerdos con el mismo sobre las costas”. La Audiencia de Las Palmas también ve indicios de un delito de cohecho por aceptar, supuestamente “sin contraprestación alguna”, la vivienda en la que reside por parte de la empresa Adelfas 24 S.L., administrada por el “coinvestigado” Felipe Fernández Camero.
Por otro lado, la Audiencia Provincial también ha desestimado el recurso de apelación presentado por Juana María Fernández de las Heras, apoderada de Adelfas 24 S.L., esposa de Calatayud e hija de Fernández Camero, contra el embargo de la casa de San Ginés ordenado en marzo de 2022. La empresaria alegó que no había indicios suficientes para sostener que la transmisión de la vivienda al político fuera constitutiva de delito. Sin embargo, tal y como adelantó La Voz de Lanzarote, la Audiencia ha concluido que hay indicios de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación.
95.000 euros en metálico
El portavoz de CC en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha defendido que él sí ha pagado por esta vivienda, que ocupa una superficie de casi 300 metros cuadrados. Según el nacionalista, pagó 270.000 euros por diferentes pagos a través de transferencia bancaria y 95.000 euros en metálico. Sin embargo, los informes que manejan tanto el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil como el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife no respaldan esta versión.
Los documentos demuestran que los pagos realizados desde su cuenta corriente ascienden a 274.564,29 euros, una cantidad que se aleja del precio de mercado que tenía entonces el inmueble: 360.000 euros. Ni rastro de los 95.000 euros en negro que San Ginés aseguró haber realizado.
La vivienda la compró a una empresa relacionada con el abogado Ignacio Calatayud, Adelfas 24 S.L. De esta entidad son titulares el abogado Felipe Fernández Camero y su hija Juana Fernández, pareja de Calatayud. Así, una de las líneas de investigación del ECO es la coincidencia temporal de los pagos al abogado desde Inalsa y el Consorcio de Agua con la compra de la vivienda.
La declaración de la hija de Fernández Camero durante la instrucción fue un golpe a la estrategia de San Ginés. Mientras que su padre se negó a declarar, Juana Fernández de las Heras afirmó que la compra se produjo por 270.000 euros aproximadamente y que todos los pagos se realizaron por “transferencias bancarias” y ''constan en las cuentas anuales“ de la sociedad.
Expolio al municipio de Yaiza
El administrador de Adelfas 24, Felipe Fernández Camero, es también uno de los acusados en el caso Jable, que investiga una trama de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas y aumentos de precios en el Ayuntamiento de Arrecife. Se trata de una pieza de la operación Unión, hasta ahora el caso de corrupción más importante de Lanzarote por su complejidad.
La Fiscalía acusa a Isabel Déniz y Dimas Martín de dirigir una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios con la ''contribución ineludible'' de Fernández Camero, entonces secretario municipal.
Camero también ha sido investigado por percibir casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza ''sin control fiscalizador alguno''. Por ello, el Ministerio Fiscal ha pedido para el abogado seis años de prisión. El caso es una pieza separada del caso Yate, que acreditó la concesión masiva e ilegal de licencias para hoteles y urbanizaciones en los municipios de Yaiza y Teguise.
Refuerzos urgentes
La complejidad del caso San Ginés ha empujado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a pedir refuerzos urgentes para el juzgado que lo instruye. Así, el TSJC ha pedido más funcionarios. La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha anunciado este lunes que la petición no se valorará hasta junio, cuando se celebrará la mesa sectorial de Justicia.