Coalición Canaria afora ante el Supremo a su líder en Lanzarote, investigado por seis delitos

El Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria (CC) acordó en la tarde de este miércoles designar como candidato al Senado por la Comunidad Autónoma a Pedro San Ginés, actual diputado del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento regional pese a que está siendo investigado por la presunta comisión de hasta seis delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios.

Tal y como adelantó Canarias Ahora, San Ginés sigue los pasos del secretario general de su partido y actual presidente autonómico, Fernando Clavijo, quien durante la última legislatura también se refugió en el Senado y disfrutó de su consecuente aforamiento mientras se resolvían las causas judiciales pendientes contra él.

CC ha informado este jueves de que será en el próximo pleno del Parlamento de Canarias, que está previsto se celebre el próximo martes, 25 de julio, cuando el Grupo Parlamentario

Nacionalista Canario eleve la propuesta al pleno que tendrá que designar a los tres senadores por la Comunidad Autónoma que le corresponden a Canarias.

En el perfil enviado por el partido consta que San Ginés es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que en 1999 accedió al Cabildo de Lanzarote, donde fue elegido presidente insular en 2009, un cargo que ocupó hasta 2019.

En la legislatura 2019-2023 fue consejero y portavoz de los nacionalistas canarios en la corporación insular. En las elecciones locales y autonómicas del pasado mes de mayo resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Arrecife, aunque finalmente renunció a su acta. Actualmente es diputado regional del Grupo Nacionalista Canario por la circunscripción de Lanzarote, añade CC.

Lo que no ha mencionado el partido es que San Ginés decidió apartarse de la primera línea política meses antes de las elecciones del 28M por las complicaciones penales en las que se haya envuelto en los juzgados de instrucción de Arrecife, donde se le investiga por seis posibles delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios del abogado Ignacio Calatayud, su amigo. Su designación como senador lo convertiría en aforado, con lo que las causas que tiene en curso pasarían a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el canario Manuel Marchena.

A esa Sala de Marchena correspondió en 2020 y el pasado mes de marzo dar carpetazo a dos causas penales consecutivas que tenían como investigado al de nuevo presidente de Canarias, Fernando Clavijo, los llamados caso Grúas y caso Reparos, que fueron despachados por el Supremo sin ni siquiera llamarlo a declarar como investigado, a pesar de los duros escritos remitidos desde Canarias por las juezas y los fiscales que lo investigaron.

El Senado, el refugio habitual de los imputados de CC

Clavijo no fue el primer alto cargo de Coalición Canaria que optó por guarecerse en el Senado. También lo hizo en 2011 con la misma fórmula, pero con suerte contraria, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo en los meses más álgidos del llamado caso Las Teresitas, por el que finalmente resultó condenado a siete años de prisión. Zerolo, sin embargo, optó por renunciar a su acta de senador en 2014 después de ser condenado por el Supremo a ocho años de inhabilitación especial por adjudicar unas obras ilegalmente, por lo que fue juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la causa que le llevó a la cárcel. Ahora goza del tercer grado penitenciario.

Delitos de corrupción

La investigación, que lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, se inició hace dos años a raíz de las acciones judiciales emprendidas por el Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa). Ambos organismos dependientes del Cabildo detectaron una supuesta apropiación indebida por parte del abogado Ignacio Calatayud de costas judiciales pertenecientes a ambas entidades por un importe superior a 800.000 euros. Esta sospecha fue puesta en conocimiento de la Asamblea del Consorcio e Inalsa, que acordó iniciar acciones penales para recuperar los fondos públicos sustraídos a ambas entidades aprovechando los procedimientos incidentales que rodearon el concurso de acreedores en que se vio inmersa la empresa pública.

Calatayud, que se iniciaba en los años bajo sospecha en el ejercicio del derecho como profesional independiente, y carecía por tanto de experiencia o especialización que pudiera justificar su elección, fue contratado por Pedro San Ginés de manera supuestamente irregular y sin más méritos que la intensa relación de amistad que sostenía con el que era en esa época presidente del Cabildo y máximo responsable de los entes públicos perjudicados.

Esta relación, llegó a ser reconocida por San Ginés sin que, paradójicamente, se abstuviera de contrataciones en favor de su amigo. Ahora, a partir de la investigación del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, ha quedado acreditada gracias, entre otras pruebas, a numerosas imágenes intervenidas en varios dispositivos electrónicos que demostrarían la intensidad de ese vínculo pues recogen momentos de especial intimidad, como viajes compartidos y celebraciones privadas.

A lo largo de la investigación, que ha supuesto un año y medio de diferentes pesquisas a cargo del ECO, se ha acreditado que la apropiación de estas costas, pertenecientes a ambos entes públicos, se llevó a cabo con pleno conocimiento y con la complicidad de Pedro San Ginés, quien complementó los onerosos encargos con otros que supusieron para su letrado amigo unos ingresos por un importe de más de 1.500.000 euros.