El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), ha declarado este martes en el juzgado de Arrecife (Lanzarote) por la causa que investiga el presunto pago de más de un millón de euros al abogado Ignacio Calatayud durante la tramitación del concurso de acreedores de la empresa de aguas de Lanzarote, Inalsa.
El juez investiga a San Ginés por dos presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por ese supuesto pago a Calatayud, quien fue, además, su asesor jurídico. Calatayud también está citado en la misma condición procesal.
Los hechos investigados se remontan al procedimiento concursal (2009-2013) en el que se vio envuelto la compañía Inalsa y que tuvo como letrado a Calatayud. Este abogado cobró más de un millón de euros a lo largo del procedimiento, tanto por parte de Inalsa como de los contrarios, y lo hizo sin autorización de los órganos de administración de la empresa pública ni del Consorcio del Agua. De esos pagos nunca se dio cuenta a los órganos de gobierno del Consorcio del Agua ni de Inalsa, según el sumario. Es más, el expresidente supuestamente ocultó su existencia hasta el punto de llegar a emitir certificaciones presuntamente falsas en las que solo constaba una mínima parte de los pagos efectivamente realizados.
San Ginés fue sujeto de una investigación y registro domiciliario de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el pasado 28 de marzo.
Durante las sesiones el juez tratará de dilucidar si ese pago a Calatayud tiene relación con una vivienda adquirida por San Ginés que pertenecía al suegro de Calatayud, el también letrado Felipe Fernández Camero, a quien, en otra causa, el pasado junio la Fiscalía de Las Palmas le acusó de “expoliar” un millón de euros al Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) por cobrarle las minutas de servicios jurídicos que en su opinión nunca se prestaron.
En un comunicado difundido este martes, San Ginés, afirma que “aunque ya ha quedado aclarado por los informes de la UCO” que no hay “ningún vínculo entre los fondos de Ignacio Calatayud y su entorno familiar conmigo” y que, por tanto, “el cómo pagué mi vivienda no debiera ser objeto de investigación”, ha explicado ante el juez “con todo lujo de detalles cuánto, cuándo y cómo la he pagado, de lo cual daré cumplida cuenta a la opinión pública en cuanto tenga acceso a toda la documentación que fue retirada de mi domicilio”.
San Ginés añade que también respondió y cree haber aclarado todo lo concerniente a la contratación de Ignacio Calatayud y el cobro de las costas procesales. “En mi declaración me brindé a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal pero, para mi sorpresa, este no asistió a la vista. Al juez instructor no le respondí, en coherencia a mi adhesión a la petición de archivo de la causa por considerar incompetente a este juzgado para instruirla, solicitando su pase a otro, solicitud que se encuentra pendiente de resolución por parte la Audiencia Provincial”, concluye su comunicado.
El pasado junio, San Ginés fue absuelto de la causa que lo investigaba por incautarse en 2014 de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote, en Montaña Roja (Playa Blanca).
Entonces la sentencia no entró en el fondo del asunto y no analizó si San Ginés y los otros dos acusados prevaricaron o no al ordenar la incautación de la desaladora, porque la juez concluyó que ya no hay ninguna acusación válida contra ellos al apreciar que la acusación que en un principio se había personado, el grupo Podemos del Cabildo de Lanzarote, desapareció en 2019.