Guía del caso Montecarlo: a juicio el fraude en los contratos del Ayuntamiento de Arrecife

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga a partir de este jueves la pieza del caso Montecarlo que investiga el fraude en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Arrecife. Los empresarios Javier Betancort y José Vicente Montesinos, el antiguo interventor de la corporación municipal Carlos Sáenz y el abogado Federico Toledo declararán como acusados desde los Juzgados de Arrecife por la presunta sustracción de fondos públicos del municipio entre 2007 y 2010. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, representada en este caso por Carla Asensio, los pagos por servicios inexistentes a tres empresas administradas por uno de los investigados superarían los 300.000 euros. Las tres sesiones del juicio previstas para los días 2, 3 y 6 de julio podrían reducirse a una si se alcanza un acuerdo de conformidad

¿Qué se juzga?

Entre 2008 y 2012, Carlos Sáenz y el entonces concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, fallecido en 2017, “se valieron de las funciones públicas que ostentaban” para sustraer ilícitamente fondos municipales del Ayuntamiento de Arrecife mediante el abono de facturas a las sociedades mercantiles Gestecal S.L., Recingest S.L. y Progestril S.L. Todas ellas con el acusado Montesinos como administrador único. Estas facturas tenían “apariencia de legalidad mediante la adjudicación fraudulenta de contratos con dichas empresas y de una ficticia prestación de asesoramiento y colaboración con los servicios económicos municipales”, según la Fiscalía.

El precio de los contratos se fijaba por debajo del límite máximo legal de 18.000 euros previsto en la norma de contratación pública para contratos menores. “Se aseguraba camufladamente su adjudicación a dichas empresas”. La decisión sobre el destino del dinero era de Montesinos. Betancort se encargaba de la gestión de los contratos, la simulación de los pliegos y la elaboración de las facturas. Después, Sáenz se encargaba de que se elaboraran los documentos contables y los mandamientos de pago “incumpliendo sus obligaciones fiscalizadoras más elementales”. Las órdenes de pago las daba el entonces concejal de Hacienda. Los pliegos “nunca se ejecutaron materialmente” y tampoco se presentaron en el Ayuntamiento.

¿Quiénes son los acusados?

Carlos Sáenz. Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Arrecife en el momento de los hechos. Ha ocupado también este mismo puesto en las corporaciones municipales de San Bartolomé, de Teguise y de La Oliva, en Fuerteventura. Sáenz ya fue condenado a prisión por malversación y prevaricación en una pieza separada del caso Montecarlo relacionada con el Ayuntamiento de La Oliva. Hechos que confesó ante el tribunal, así como también reconoció otro delito de malversación en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé. El exinterventor también está implicado en la pieza número 12 del caso Unión referida a la financiación ilegal del PIL, partido político liderado por Dimas Martín, a través de malversación de fondos y sobornos. En el juicio de este caso, Sáenz reconoció los delitos de fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación al autorizar el pago de facturas sin fiscalizarlas por tener un acuerdo con el PIL y el concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez.

José Vicente Montesinos. Empresario en prisión. También fue condenado por la pieza del caso relacionada con el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde malversó casi medio millón de euros. Las prácticas que él y Sáenz desarrollaron en Arrecife según la Fiscalía, también las ejecutaron en este municipio a través de las mismas sociedades administradas por el empresario, tal y como él mismo confesó. “Obtuvieron importantes cantidades de dinero que convertido en metálico después incorporaron al circuito económico legal”.

Javier Betancort. Gerente de Lancelot medios y exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Bartolomé también fue condenado por prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de fondos públicos en la corporación municipal.

Federico Toledo. Abogado y expresidente del comité local del PP de Arrecife. El designado como letrado en defensa de los intereses municipales “no defendió deliberadamente los intereses patrimoniales públicos encomendados, [...] simulando ejercer una defensa ficticia incluso después de declarar formalmente como imputado en la causa”.

Delitos y penas

La Fiscalía pide para el exinterventor Carlos Sáenz quince años y seis meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio del cargo de interventor durante doce años, inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo y el pago de una multa de 770.000 euros. Los delitos que se le imputan son prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delito continuado de falsedad en documento oficial, cohecho y blanqueo de capitales.

Para el empresario José Vicente Montesinos, la Fiscalía pide también quince años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta durante diez años y el pago de una multa de 670.000 euros. Los delitos que se le atribuyen son prevaricación administrativa, cohecho y blanqueo de capitales.

Por su parte, el Ministerio Fiscal exige para Javier Betancort penas de diez años y ocho meses de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años por un delito de prevaricación administrativa. El abogado Federico Toledo se enfrenta a cuatro años y diez meses de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de prevaricación administrativa.

También se exige que los acusados indemnicen al Ayuntamiento de Arrecife. En el caso de Carlos Sáenz y Javier Montesinos la aportación será de 310.544,92 euros. Este último también abonará abonará 63.794,92 como responsable de la mercantil Gestecal S.L., 77.700, y como responsable de Progestril S.L., 169.050 euros. Por su parte, Federico Toledo, 67.200 euros y Javier Betancort 287.175.