El Hotel Fariones, propiedad del grupo empresarial de Juan Francisco Rosa, pretende cobrar diez euros por acceder a un embarcadero ubicado en zona de dominio público marítimo-terrestre. El complejo turístico obtuvo en 2019 la concesión de una prórroga de diez años, con opción de ampliarlo a 20 años y un máximo de 30, para la ocupación de 510 metros cuadrados de terrenos en dominio público “con destino a muelle-embarcadero y muros de sostenimiento” en el municipio de Tías y con el pago de un canon de 65,50 euros por metro cuadrado y año. Sin embargo, la resolución emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica a la que ha accedido Canarias Ahora matiza que su uso es “general y público”. El documento establece que en cada una de las entradas al lugar, el concesionario deberá instalar un cartel informativo que indique las dimensiones de la zona con la leyenda “Concesión en dominio público marítimo-terrestre. Instalaciones de uso general y público”. En el cartel del Hotel Fariones, además de esta aclaración, se puede leer en castellano y en inglés “previo pago de 10 euros en recepción”.
El cartel que anuncia que acceder al embarcadero cuesta dinero, tal y como ha explicado el Ayuntamiento de Tías a este medio, está situado en un paseo de tránsito público que comunica tres notorias playas próximas al lugar: playa chica, playa grande y playa del medio. El complejo tuvo que levantar esta pasarela como exigencia del Ministerio para evitar su cierre, después de que el único acceso a una de las playas fuera a través del hotel. El concejal de Playas del Ayuntamiento de Tías, Andrés Manuel Fernández, ha respondido a este periódico que Costas otorgó una “concesión administrativa” del muellito al Hotel Fariones y que esto permite a la empresa “hacer lo que quiera”, “cobrar o no”. Además, ha destacado que “por primera vez en más de 50 años” hay una conexión que une las tres zonas de costa.
Otra de las prescripciones recogidas en la concesión de la prórroga, explica que debe quedar garantizada la servidumbre de tránsito que contempla la legislación de costas, “mediante una franja de al menos tres metros de ancho desde la terraza, libre de cualquier obstáculo para el paso público peatonal, libre y gratuito, que permita el acceso público entre la playa y la cala, ubicadas a ambos lados del hotel”.
“La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito es considerada infracción grave [...] y tendrá una sanción de entre 1.000 y 5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido”, señala el texto. Y añade que “el otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes”. La resolución, firmada por la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Ana María Oroño, advierte de que el concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios para las personas, las cosas y el medio ambiente que se puedan derivar de la actividad en los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
La pretensión de uno de los hoteles de Rosa, que lleva en reformas desde hace cuatro años, ha indignado a la población de Lanzarote en redes sociales. “Desgraciadamente vemos como en esta islas, los mismos de siempre les importa bien poco ocupar lo que es de todos y hacer negocio de ello. No conozco en la isla ni fuera de ella, que en España, por bañarte en el mar o pasear por un muelle publico, tengas que pagar. La era de la pandemia es lo que trae, la privatización de nuestras costas”, lamenta un usuario.
La empresa que preside Hotel Fariones es BTL Lanzarote, dedicada a la promoción inmobiliaria y la explotación de instalaciones y negocios de hostelería y turismo, propiedad de Rosa y acusada en el caso Stratvs, que investiga la edificación de una bodega industrial en el Espacio Natural Protegido de La Geria. También son socias del complejo las entidades Bodega Stratvs S. L. y Centro Deportivo Fariones S. L., vinculadas al mismo grupo empresarial.
La presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, María del Río, ha solicitado de forma urgente a la Dirección General de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que remita a la Cámara regional la documentación sobre la concesión del dominio público marítimo terrestre que ocupa el Hotel Los Fariones, en Puerto del Carmen, y su posterior prórroga. De esta forma, Del Río estudiará “las posibles irregularidades” que este establecimiento hotelero puede estar cometiendo al “cerrar un espacio de uso público como es el muellito”, toda vez que se ha vallado y se ha anunciado el pago de diez euros para poder acceder al mismo. “No puede ser que los intereses de un hotelero estén por encima de los derechos de la ciudadanía de Lanzarote”, ha afirmado.
La concesión del terreno donde se construyó el muelle fue otorgada por orden ministerial por primera vez el 20 de marzo de 1968, “en plena etapa franquista”, para 510 metros cuadrados por un periodo de cincuenta años, que culminaba en 2018, pero la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar decidió prorrogarla recientemente. Según Del Río, “es necesario conocer los términos y condiciones de la concesión, pues en cualquier caso se debe garantizar el acceso al público, excluyendo la posibilidad de cobro alguno en ese sentido”.
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