En el sur de Lanzarote, enclavado en primera línea de playa, pervive el hotel ilegal Papagayo Arena. Su gran edificación blanca de siete plantas interrumpe la vista del Monumento Natural de Los Ajaches, una enorme formación volcánica que se extiende por el municipio de Yaiza. Junto a él continúa funcionando este complejo turístico de cuatro estrellas y 485 habitaciones, a pesar de que la Justicia anuló su licencia urbanística al haber sido concedida de manera ilegal por el exalcalde José Francisco Reyes, actualmente en la cárcel por corrupción. El ahora llamado Sandos Papagayo sigue en pie a pesar de ser uno de los símbolos de la etapa más oscura de la isla, y la batalla por su legalización se estanca en los tribunales y en las administraciones públicas.
La historia del Papagayo Arena comenzó el 29 de mayo de 1998, cuando la promotora Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia S.L. pidió una licencia para construir un hotel con 764 plazas y doce plantas en las parcelas 1 y 2 del Plan Parcial de Las Coloradas. En solo tres días, el 1 de junio, el alcalde concedió la autorización. En tiempo récord, el político no sólo dio luz verde a este proyecto, sino que impulsó más de 1.500 plazas turísticas de golpe. La sentencia del bautizado como caso Yate es contundente, y recoge que Reyes ideó un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, haciendo de su puesto “una manera de hacer negocio”.
Yaiza era entonces la joya urbanística de la isla, un municipio distinguido por playas vírgenes y el buen clima y en el que decenas de empresas deseaban hacer realidad sus grandes proyectos turísticos. El entonces alcalde aprovechó estos ingredientes para patentar el “urbanismo de promotor”, tal y como se desprende de la sentencia del caso Yate. El político “solicitaba cantidades económicas” a los promotores con intereses urbanísticos en Yaiza con el “pretexto de agilizar los trámites para otorgar las licencias”, omitiendo requisitos como los informes jurídicos o la autorización turística de los complejos.
Para poder construir el Papagayo Arena, el Ayuntamiento unificó dos parcelas. Así, la construcción del hotel ha hecho desaparecer un vial público de acceso a la playa. Además, el complejo tiene más plantas y más altura de las permitidas e incumple los retranqueos establecidos para dos parcelas separadas. “Con su actuación ilegal propició una alteración total de la realidad urbanística de Yaiza”, reza la sentencia.
La búsqueda de una solución para restablecer la legalidad en Yaiza se ha prolongado durante más de dos décadas. El último episodio de la pugna judicial data de diciembre de 2023, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó un recurso presentado por la propiedad y revocó un auto en el que se acordaba restablecer la legalidad urbanística en la zona. Ahora, la legalización del hotel está en manos del Ayuntamiento. Ya en 2013 la corporación municipal requirió a los propietarios que en un plazo máximo de tres meses legalizaran las obras, pero aún no lo han hecho.
Para poder legalizar el hotel, el municipio debe ahora sortear un nuevo obstáculo. El Ayuntamiento subraya que no puede resolver licencia urbanística para el complejo sin el visto bueno de Costas. Este año, la Dirección General de la Costa y el Mar ha situado al complejo en la zona de protección del litoral, al revisar el deslinde de playa y confirmar que la servidumbre son 100 metros y no 20. La resolución de Costas ordena “rectificar las situaciones jurídicas registradas contradictorias con el deslinde aprobado”. Yaiza también exige que el hotel devuelva a la población el vial público que ocupó de manera ilegal, lo que requeriría derruir buena parte del edificio. Otro requisito clave es que el Cabildo conceda al hotel la autorización turística. Un trámite que la máxima corporación insular ya ha acordado iniciar.
En los últimos meses, el hotel ha vuelto al ojo del huracán a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Arrecife. La asociación cívica El sol sale para todos denunció al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Yaiza por inacción al “desobedecer resoluciones judiciales firmes y omitir su deber de perseguir delitos”. Según la asociación, que se eternice la situación solo beneficia al complejo, que sigue funcionando a pleno rendimiento y recibiendo ingresos de sus huéspedes, que disfrutan “en exclusiva” de una playa pública privatizada.
El Papagayo Arena además ha recibido una ayuda económica de 2,45 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias. El Ejecutivo regional otorgó esta subvención a las empresas del Archipiélago para compensar las pérdidas que sufrieron durante lo más duro de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las pérdidas del hotel, según la información publicada en el Registro Mercantil, fueron inferiores a la cuantía recibida. En 2020, las pérdidas fueron de 1,48 millones de euros y en 2021, de 51.237 euros. Ese curso, su patrimonio neto ascendía a 40,91 millones.
Este mes de agosto, el Gobierno que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria) ha firmado un convenio de colaboración con Papagayo Arena S.L. para promover la formación del personal y de personas desempleadas para su posible incorporación a la empresa. Este convenio no implica aportaciones económicas y entrará en vigor en caso de que el hotel obtenga la licencia urbanística.
Corrupción y masificación turística
La autorización de nuevas camas turísticas mantiene hoy a la población de Lanzarote en alerta. El movimiento contra la saturación de las islas se ha extendido por todo el Archipiélago, que ha salido a las calles para exigir medidas contra la destrucción del medio natural por parte del sector turístico y soluciones a la falta de vivienda. La masificación que atraviesa la isla conejera arrastra también el sello de la corrupción. La sentencia del caso Yate, emitida en 2017, subraya que la autorización masiva de licencias por parte del Ayuntamiento de Yaiza no tuvo en cuenta la carga edificatoria de la isla. Se concedieron “desenfrenadamente” miles de plazas en contra de las propias determinaciones del Cabildo, órgano responsable de “velar la adecuada armonización y crecimiento sostenible y adecuado de la carga edificatoria de la isla”.
El gobierno municipal tampoco tuvo en cuenta que “el crecimiento incontrolado podría afectar servicios básicos de la isla de Lanzarote, como el agua y la luz”. La isla está sumida en la actualidad en una crisis hídrica, con cortes de agua diarios en casas y fincas. El informe sobre capacidad de carga encargado en la pasada legislatura por el Cabildo insular ya alertó de que la isla, como consecuencia de su crecimiento “imparable”, “ha superado con creces” los umbrales de riesgo en relación a su capacidad de carga. El descontrol convierte a esta Reserva de la Biosfera en un espacio “vulnerable”, por sus recursos limitados y la fragilidad de sus ecosistemas.