Después de más de una veintena de sesiones, el juicio del denominado caso Stratvs, que juzga la edificación de una bodega industrial de 12.000 metros cuadrados en un Espacio Natural Protegido de Lanzarote, entra en su recta final. Este martes comienzan en la Audiencia Provincial de Las Palmas las cinco últimas sesiones del caso, con la declaración de peritos, las conclusiones y el derecho a la última palabra de los acusados, que continuarán el 22, 23, 24 y 28 de julio. En la última vista del pasado 22 de junio en los Juzgados de Arrecife, los peritos que declararon como testigos aseguraron que el complejo turístico propiedad del empresario Juan Francisco Rosa está “incrustada” en La Geria y mide más de lo autorizado.
El principal acusado, para el que la Fiscalía pide quince años de prisión, y el arquitecto del complejo, Miguel Ángel Armas Matallana, reconocieron que la instalación superaba “un poco” la superficie para la que habían recibido licencia. El escrito de acusación, por su parte, detalla que la bodega mide 12.000 metros cuadrados, pese a que el permiso fuera obtenido para rehabilitar una vivienda familiar de 900 metros cuadrados. Ambos también coincidieron en que las obras comenzaron antes de que tuvieran la autorización.
Los delitos de los que se acusa Rosa son falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. En esta línea, cinco agentes del Seprona, en su declaración como testigos, aseveraron que el olor de las aguas residuales vertidas desde la bodega Stratvs era “nauseabundo” y se filtraban al Espacio Natural de La Geria: “El sistema de gestión de aguas residuales era totalmente ineficaz”.
En el caso de Armas, el Ministerio Fiscal pide diez años de cárcel por delito de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y por delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa. También podrán ejercer su derecho a la última palabra tres antiguos técnicos del Gobierno de Canarias investigados en esta causa, los exjefes de Ordenación Urbanística Faustino García Márquez y Armando Villavicencio y el exdirector general de Urbanismo Juan César Muñoz, acusados de un delito de prevaricación urbanística.
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