El proyecto que pretende instalar 56 jaulas marinas en el litoral de Lanzarote ha quedado congelado. La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental ha exigido a la promotora, Yaizatún S.A., que realice una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Un contundente escrito al que ha tenido acceso Canarias Ahora sostiene que el proyecto de acuicultura podría afectar de forma directa o indirecta a un espacio de la Red Natura 2000, por lo que la evaluación simplificada presentada por la empresa resulta insuficiente para medir sus efectos reales sobre el entorno natural.
Yaizatún S.A. quiere instalar y poner en funcionamiento una granja destinada al engorde de dorada, lubina y atún atlántico. El proyecto contempla 56 jaulas flotantes. Una veintena de ellas tendrán 50 metros de diámetro y estarán reservadas al atún atlántico, mientras que las demás tendrán 30 metros de diámetro y se destinarán a la lubina y a la dorada. La superficie de agua marina requerida son 138,2 hectáreas que se prolongan a lo largo de 5,5 kilómetros de costa de los municipios de Arrecife, San Bartolomé y Tías.
Las administraciones locales, que han mostrado su rechazo frontal al proyecto, comparten su preocupación por los efectos negativos de las jaulas sobre la Zona de Especial Conservación Sebadales de Guasimeta. La mayor parte de las jaulas se ubican sobre ella, donde habitan especies como la tortuga boba y el delfín mular. La resolución de la Comisión Autonómica advierte de que todas las alternativas planteadas por la promotora afectan no solo a este espacio de la Red Natura 2000, sino también al Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura. ''No se han tenido en cuenta los impactos sobre todas las variables ambientales establecidas en la legislación vigente'', añade.
''Si como afirma el evaluador, se trataba de minimizar los impactos producidos y las posibles interferencias con otros usos, la mejor solución habría sido seleccionar una alternativa de ubicación del proyecto fuera de los límites de la ZEC'', asevera el texto. Según el documento, la producción total de la granja marina de Lanzarote asciende a las 9.000 toneladas al año, lo que equivale a la de las tres últimas granjas marinas instaladas en Gran Canaria. ''Cabe esperar que los efectos ambientales que pueda producir también serán de mucha mayor magnitud'', reza la resolución.
Potencial impacto
La probabilidad de que se produzcan en la costa de Lanzarote los impactos asociados a este tipo de actividad ''es alta'', al tratarse de una ubicación ambientalmente sensible desde el punto de vista ecológico y social. Tal y como resume el Comité, los sebadales han demostrado que las poblaciones canarias de esta especie ''son mucho menos resilientes'' que las del Mediterráneo y no pueden recuperarse tras graves impactos. ''Tampoco puede descartarse que se produzca un impacto sobre la calidad del agua que afecte a los usos sociales en esa zona del litoral'', continúa el texto.
Asimismo, la Comisión recuerda a la promotora que los impactos de la granja sobre las praderas de sebadales no han sido correctamente evaluados en la declaración ambiental, donde se considera que realmente no hay un impacto sobre este hábitat. ''Es precios tener en cuenta que [...] son muy sensibles a ligeros aumentos en las concentraciones de nutrientes respecto a las concentraciones naturales en las aguas oligotróficas de Canarias'', alerta el órgano ambiental.
Los impactos de la granja comienzan desde la fase de instalación, subraya el órgano. El tráfico de embarcaciones trae consigo emisiones de gases y ruidos. El traslado y la instalación de anclas y amarres provoca una “alteración del fondo marino”. Durante el funcionamiento, los daños están relacionados con la acumulación de residuos bajo las jaulas, la contaminación orgánica disuelta en el área, la acumulación de peces salvajes, la liberación de sustancias químicas al medio natural, escapes de peces de los cultivos e incluso posibles interacciones con zonas de baño y tráfico marítimo.
Según los documentos presentados por la promotora, las jaulas marinas no implican riesgos para la salud humana. Sin embargo, la zona donde se proyecta tiene algunos usos sociales como la pesca profesional, la navegación recreativa y el uso de playas para el baño. ''Teniendo en cuenta la capacidad productiva de la instalación cabe esperar un deterioro de la calidad del agua en la zona de influencia del proyecto'', adelanta la Comisión.
La resolución incluye además el contenido de un informe emitido por la Dirección General de Salud Pública en el que muestra su preocupación por el posible alcance de la contaminación a las playas que ''gozan de una calidad excelente''. Algunas de ellas incluso cuentan con bandera azul. La contaminación orgánica y la microbiota asociada son algunas de las principales fuentes de contaminación derivadas de las jaulas.
Por su parte, la actividad genera importantes residuos como los sacos plásticos donde se almacena el pienso, trozos de cabos, cartones o maderas. Los peces que mueren en las instalaciones se consideran residuos orgánicos, que se suman a los tóxicos y peligrosos como los aceites de motores y embarcaciones. La promotora es la responsable de trasladar todos estos desechos a tierra para que sean tratados.
El Ayuntamiento de San Bartolomé ha celebrado la decisión y valora que las alegaciones presentadas han llevado a que la empresa deba presentar una evaluación ordinaria. Según la corporación municipal, los requisitos de este tipo de evaluaciones son mucho más complejos y hacen que el proyecto sea “prácticamente incompatible”. El alcalde, Isidro Pérez, ha aplaudido la solvencia del equipo jurídico y técnico del ayuntamiento, que ha logrado que “se desestime la propuesta inicial de la empresa”.