El promotor de Stratvs, Juan Francisco Rosa, levantó la bodega en 2003 sobre una finca de la que no era dueño porque “no tenía dinero” para comprarla y pagar a sus propietarios, según la declaración de la entonces dueña del terreno Olga María Ramos de Paiz durante la sesión del juicio del caso Stratvs celebrado este miércoles en Arrecife. Ramos es esposa del también propietario y familiar del arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, el ya fallecido José Negrín. La testigo sostiene que tuvo constancia de la obra cuando ya estaba muy avanzada y que el empresario comenzó sin su autorización.
Cuando se pusieron en contacto con Rosa, él les ofreció “formar parte de sus sociedades” a cambio de la finca por no tener liquidez suficiente para adquirir la zona. “No emprendimos acciones legales contra él porque es un hombre muy poderoso y todos los abogados nos ponían excusas para no asumir el procedimiento. Es muy difícil ir en contra de él”, argumentó Ramos.
En su declaración como acusado el pasado mes de enero y con respecto al delito de usurpación que se le imputa, Juan Francisco Rosa aseguró que, a cambio, había permitido que la hija de los propietarios de la finca celebrara su boda en Stratvs. Un argumento que negó con rotundidad Olga María Ramos: “Mi hija nunca quiso casarse en Lanzarote, y mucho menos en su bodega. Nunca hemos entrado ahí ni por curiosidad. Es una de las grandes mentiras que ha dicho este señor”. Tiempo después, percibieron el pago por la compra de la finca.
Rosa impidió al Ayuntamiento inspeccionar la bodega
Otro de los testigos que prestó declaración ante el tribunal este martes fue Antonio Andrés Lorenzo Tejera, ingeniero industrial y exjefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, donde trabajó hasta 2019. Ese mismo año fue inhabilitado por un delito de prevaricación urbanística. Interrogado por la letrada de la acusación particular, Irma Ferrer, Lorenzo narró que Juan Francisco Rosa obstaculizó a través de una llamada telefónica una inspección ordenada por la entonces alcaldesa, Gladys Acuña, a la bodega. “Pudimos ver la tienda, los aseos y el restaurante, pero no nos dejaron entrar a la bodega porque decía que nos faltaban permisos”, señaló.
Lorenzo afirmó también que la obra autorizada por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza en La Geria, la rehabilitación de una vivienda y la creación de un almacén-bodega de 900 metros cuadrados, dista de la que finalmente se ejecutó, ya que el complejo ocupa más superficie. Tampoco le consta al testigo que se incorporara al expediente de la reforma el acta de replanteo, documento que debe describir con detalle la obra que finalmente se desarrollará en el suelo.
La solicitud ante el Gobierno
En sesiones anteriores, el nombre de Luis Castro fue mencionado tanto por el Ministerio Fiscal como por los acusados, al plantearse que fue el trabajador de Juan Francisco Rosa que presentó, en nombre de Piedad del Río Sendino, la solicitud para autorizar la obra de Stratvs. Este miércoles, Castro se personó como testigo asegurando que no recuerda haberse trasladado a Gran Canaria para presentar este documento en las dependencias del Gobierno de Canarias. “Solo recuerdo que Rosa un día me dijo: ”Ya que vas para Yaiza, lleva este documento al Ayuntamiento“, pero no sabía cuál era el contenido”, apuntó.
Piedad del Río insistió, durante su declaración prestada el 11 de febrero, en que su idea era solo rehabilitar la vivienda familiar, pero que las cuestiones administrativas las delegó tanto en su marido, el acusado Miguel Ángel Armas Matallana, como en Juan Francisco Rosa. Sin embargo, cuando percibió las aspiraciones del empresario decidió apartarse por ser “demasiado lujosas y exigir un excesivo presupuesto”.
Los acuerdos con Hacienda
La prima de Juan Francisco Rosa, Rosa María Rosa Martín, declaró ante el tribunal por haber sido miembro del departamento mercantil del Hotel Princesa Yaiza. Según el escrito de acusación, la Agencia Estatal de Administración Tributaría decidió en 2012 suspender la sociedad Hotel Princesa Yaiza S. A. por impago del impuesto de sociedades. En este contexto, la entidad decidió ofrecer como garantía cinco fincas de su propiedad. Sin embargo, “por orden de su socio y primo”, Rosa María Rosa ofreció la sustitución de estos terrenos como garantía por una finca de BTL Lanzarote, sociedad dirigida por el empresario y accionista de Hotel Princesa Yaiza S. A.
Pese a que en los documentos se incluía la presencia de una “obra de nueva construcción” en esta finca, Stratvs no estaba levantada sobre ella, sino en una próxima. “El ofrecimiento de dicha garantía fue ideado y ejecutado por el acusado [...] con el fin de constituirse como garantista y dilatar, y en su caso imposibilitar, la eventual ejecución de la garantía, por cuanto era plenamente conocedor de que no había bodega alguna sobre ella y el valor real de la finca no podía cubrir el importe garantizado”, señala la Fiscalía. Finalmente, tal y como declaró la testigo interrogada por el tribunal, la deuda con Hacienda fue saldada y no fue necesario mantener esta garantía.
Respecto al control de los supuestos vertidos contaminantes que generó la bodega y su consecuente afección al entorno natural de La Geria, declararon el actual gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Erik Martín, y el vigilante de cauces Gerardo Cancio Álvarez. Ambos subrayaron el gran volumen de trabajo que tiene el organismo. “En esa época había poco personal. Solo había dos técnicos y encargaron un censo de todas las galerías subterráneas de la Isla por una tragedia que ocurrió en Tenerife. Hicimos lo que pudimos”, apuntó Martín.
También estaba prevista para este miércoles la declaración de José Juan Hernández Méndez, el hijo del acusado José Juan Hernández Duchemín, exgerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. Sin embargo, la defensa renunció a él como testigo. El juicio se reanudará este jueves en el palacio de Justicia de Arrecife con los testimonios de cinco agentes del Seprona, de Aureliano Negrín Armas y de Yolanda Machín Gutiérrez.