El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la ampliación de la partida presupuestaria destinada a compensar a las Pequeñas y Medianas Empresas y a las trabajadoras y trabajadores autónomos de la isla de La Palma por las pérdidas que les ha ocasionado la erupción volcánica, se informa en nota de prensa.
Ya el año pasado, el Gobierno autonómico tramitó unas primeras ayudas para las personas que habían perdido o tenido que cerrar sus negocios. Esas ayudas supusieron el pago de 2,4 millones de euros, en dos convocatorias abonadas en los meses de diciembre y enero, a través de la Dirección General de Promoción Económica, que permitieron compensar a 177 damnificados y damnificadas.
Con la aportación aprobada hoy, sumada a las remesas anteriores, el Gobierno prevé llegar a entre 350 y 400 empresas en total, que serían todas las que vieron sus negocios devastados, dañados o cerrados por la lava.
Además, el Ejecutivo recuerda que las bases de este crédito, que tiene carácter ampliable, incluyen la posibilidad de volver a recibir la ayuda, en el caso de que transcurran tres meses desde el primer cobro sin que se haya podido recuperar la normalidad del negocio.
El Gobierno de Canarias trabaja para lograr que todas las ayudas que se puedan poner a disposición del tejido productivo palmero lleguen a materializarse. En consecuencia, el Consejo de Gobierno entendió que era necesario ampliar esta partida concreta, ahora que llega el momento de impulsar la reconstrucción, para la que muchos negocios en la isla parten en condiciones desventajosas.
Por eso, las solicitudes para el cobro de las ayudas no han parado de tramitarse a través del Registro de Personas Afectadas y se seguirán recogiendo, tramitando, subsanando de ser necesario y posible, y concediendo durante todo el año, mientras duren las causas que motivaron la puesta en marcha de esta línea de ayudas.
Una línea de ayudas, cuyo requisito de acceso fundamental es haber sufrido la paralización total y continuada de la actividad económica o profesional desarrollada en infraestructuras afectadas por la erupción volcánica, ya sea como consecuencia de la pérdida total del establecimiento o por otras circunstancias sobrevenidas que hayan impedido el normal desarrollo del negocio: corte de los accesos al municipio, pérdida de suministros básicos, cierre del espacio marítimo o confinamiento de la población, entre otras cuestiones, con la consiguiente pérdida total de ingresos propios de la actividad empresarial.