Izquierda Unida Canaria (IUC) se posiciona “en contra de la cesión al Cabildo de La Palma del alumbrado público de los municipios de la Isla para su posterior privatización”, señala en una nota de prensa. A lo largo de esta legislatura, añade, “la búsqueda de un objetivo compartido, como es conseguir una mayor eficiencia energética, ha servido como excusa para el Cabildo, a través de su Consejería de Infraestructuras y del Proyecto Antares, para intentar privatizar un servicio público como el del alumbrado de los municipios”.
Indica que con argumentos como “evitar la pérdida de más de 700.000 euros de fondos europeos” o “integrar en un solo sistema el alumbrado público de toda la Isla” para alcanzar “un ahorro en el consumo energético de un 31% en un período de veinte años”, el Cabildo “ha evitado concretar el fin último de su proyecto que es transferir a una empresa de servicios energéticos (ESE) la gestión del suministro energético y del mantenimiento de la red durante 20 años”.
Para IUC existen “muchas dudas sin resolver sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso, algo que ha acompañado al Proyecto Antares desde sus comienzos”. En primer lugar, subraya, “el Cabildo hace referencia a la incorporación de la Isla y de sus municipios al conocido como ‘Pacto de los Alcaldes’, un compromiso de los firmantes por superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020. Entre los firmantes que recoge la web del Pacto no aparece ni el Cabildo, ni ninguno de los municipios de la Isla”.
En segundo lugar, añade, “tenemos dudas sobre el elevado coste de la auditoría energética, con un precio fuera del mercado según algunos técnicos (738.797,02 euros sufragados con fondos propios y con cargo a un préstamo del Fondo Europeo para la Eficiencia Energética) y que no ha sido publicada, pero a la que hemos tenido acceso. Una auditoría adjudicada a una empresa de servicios energéticos que se convierte en ‘juez y parte’, ya que no se trata de una simple consultora, sino de una empresa que tiene fuertes vínculos con una multinacional del sector integrada en el Proyecto Antares, para la que parece hecha a medida todo el proceso”.
Es más, resalta, “las pruebas realizadas en el mes de enero de 2015 con la luminaria LED que se recomienda en la auditoría fueron hechas con tecnología de la mencionada multinacional, como difundieron los medios de comunicación. Se da también la circunstancia de que ya en abril de 2013, el Cabildo había informado de que preveía lograr un ahorro anual de 6,3 GWh/año con una inversión de 10,5 millones de euros, cifras muy similares a las que la auditoría reseñada ofrece (5,6 GWh/año y 12 millones de euros de inversión). ¿Por qué entonces una nueva auditoría para reafirmar los datos con los que se contaban?”.
Además, se apunta en la nota de IUC, “según los datos publicados por el Istac (Instituto Canario de Estadística) en 2014, hubo 244,43 GWh disponibles en La Palma, por lo que el ahorro real que se plantea por la auditoría es del 2,29%, una cifra que no justifica la costosa inversión que se propone”. Por otra parte, detalla, “en la auditoría no se contempla ningún ahorro en algunas instalaciones importantes que podrían ser objeto de estudio para mejorar su eficiencia como es el caso de la estación de bombeo de Aduares, en Breña Alta, o en los túneles de Bajamar”.
En tercer lugar, prosigue, “y en caso de materializarse el proceso como se recoge en la auditoría, los ayuntamientos y el Cabildo pagarían, con cargo a sus propios presupuestos, el servicio a la empresa adjudicataria. Un negocio redondo para la empresa y ruinoso para la ciudadanía, donde los ayuntamientos, independientemente de los avances que en materia de alumbrado público y de eficiencia energética hayan desarrollado, tendría que pagar un coste, mucho nos creemos mayor que el actual que destinan para estas partidas. Por otra parte nos preguntamos cómo afectará a los empleados públicos en los ayuntamientos y en el Cabildo dedicado a estas funciones”.
En cuarto lugar, “y como técnicos del sector han señalado, el periodo de adjudicación del contrato por 20 años y la renovación del 83% del alumbrado público por luminarias LED PC Ambar, parece a todas luces excesivo. Existen avances tecnológicos que podrían dejar obsoleta rápidamente esta tecnología y que, por tanto, desaconsejan hipotecar durante un periodo tan largo de tiempo el alumbrado público de la Isla”.
Izquierda Unida insta a los ayuntamientos de la Isla a que “rechacen el proyecto y mantengan su compromiso, expresado en la comisión insular de la Fecam (Federación Canaria de Municipios), de posponer hasta después de las elecciones del 24 de mayo su decisión sobre el proyecto”.