La presidenta de la distribuidora de agua de riego agrícola ‘Unión de Canales’, Josefa Pérez, ha elaborado un informe en contra de la creación del “Ecoresort La Pavona”, declarado de interés insular, porque asegura que no hay recursos hídricos suficientes para satisfacer la demanda.
Josefa Pérez ha defendido, en declaraciones a EFE, que “en la época en que estamos de receso hídrico, con una curva descendente en el volumen de producción de agua y el creciente riego de la zona”, en la actualidad encuentran dificultades para cubrir las necesidades de consumo agrícola.
En el informe elaborado por la presidenta de Unión de Canales, única entidad distribuidora de agua de la zona de San Isidro, donde está proyectado el ‘Ecoresort, se compara el consumo de agua anual del metro cuadrado de césped, en torno a los 1.800 litros, con los cultivos de plátano y aguacate, en torno a los 1.100 y 800 litros anuales respectivamente.
Este documento cita la Ley 12/1990 de Aguas, que refleja el orden de prioridades para el consumo de agua, siendo el más prioritario el abastecimiento de poblaciones, seguido del uso agrícola, y posteriormente los usos industriales, turísticos y recreativos.
Josefa Pérez asegura que las galerías desde las que se pretende suministrar agua al ecoresort, la galería del Mosquito y la galería de La Quebrada, están inactivas, “lo que en el argot del mundo del agua significa que están secas, además de abandonadas desde el siglo pasado, porque los que crearon esas captaciones no veían posibilidad de sacar agua”.
Por ello, a la presidenta de Unión de Canales le sorprende la ausencia de un “estudio viable de un geólogo o hidrogeólogo que aclare si existe la posibilidad de que esas galerías sean susceptibles de dar agua”.
El proyecto del ecoresort Camino Real La Pavona contempla también la creación de una nueva balsa en las cercanías, con capacidad de 50.000 metros cúbicos de agua, para el abastecimiento del mismo, aunque Pérez afirma que “su ubicación no se sabe aún a ciencia cierta, y debe colocarse donde más le interese a los regantes”.
Además, la autora de este informe ha señalado que “la balsa de San Isidro está en el programa de medidas del Plan Hidrológico Insular 2023-2027, que está parado en su desarrollo hasta 2024 a raíz de la erupción”.
Josefa Pérez defiende que esta balsa, y otras que están proyectadas dentro del plan hidrológico, “son necesarias para el desarrollo óptimo del regadío”, por lo que ha insistido en que, si se crea la infraestructura turística declarada de interés insular, “no habrá agua para satisfacer la demanda agraria”.
Desde Unión de Canales han recalcado que “no están en contra del desarrollo de la isla, sino defendiendo los intereses de sus regantes”, que cuentan con riego controlado por contadores y que temen que “se va a producir una subida disparada en el precio del agua y nos vamos a quedar sin regar”.
“Sinceramente este proyecto está desorbitado, estamos hablando de 18 hoyos y no sé cuántos chalets con su piscina privada pero no dejan claro de dónde va a salir esa agua. Así no puede llamarse sostenible”, ha reiterado Josefa Pérez.