La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, manifestó este jueves, en el marco del X Foro del Sector Agroalimentario en Canarias, que desde el Ejecutivo regional “iremos puliendo las controversias que genera la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en aspectos como la fijación de precios para cubrir los costes mínimos, dado que el gasto de producción varía en las distintas islas, incluso de una zona a otra en el mismo territorio, por lo que entendemos la preocupación del sector y buscaremos soluciones consensuadas”. Resaltó que “la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria protege al agricultor y pone en evidencia al infractor”.
Vanoostende, se apunta en una nota de prensa del citado departamento autonómico, puso énfasis en la coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el diálogo con las organizaciones agrarias, y explicó que el objetivo de dicha modificación es “principalmente la protección del agricultor y ganadero frente al fraude”, y en este sentido expuso algunas de las disposiciones más relevantes de la Ley, que pasan por una coordinación efectiva con el Gobierno de España.
En esta línea, se añade en la nota, destacan el incremento del control en las promociones que se hacen en la gran distribución, para evitar la utilización de los productos para hacer promociones por debajo del coste de producción. También, el aumento de la capacidad sancionadora, que correspondería a cada comunidad autónoma, en apartados como la intensificación de los controles en la lucha contra el fraude de los alimentos, estableciendo normas de calidad y programas que permitan su control y garanticen su cumplimiento y pongan en evidencia al infractor. Otra de las medidas de este real decreto-ley, apunta, incide en el cumplimiento riguroso de las normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas en todos los eslabones de la cadena, incluido el punto de venta al consumidor. Por último, “otro aspecto prioritario” en la ley que desarrolló la consejera en su ponencia, incide en el aumento de los seguros agrarios en un 10% dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2020, acción para la que el Gobierno canario ha destinado una partida que alcanza los 3,4 millones de euros, 1,2 millones más que en 2019.
En el contexto del foro celebrado este jueves en La Laguna, la titular de Agricultura expuso, aparte del trabajo coordinado con el Gobierno de España, las líneas de actuación de la Consejería para mejorar la coyuntura del campo canario: “Trabajamos desde el minuto uno en las negociaciones con Europa para mantener las ayudas que resultan esenciales para el sector en Canarias. A medio plazo tenemos un reto imprescindible, como es la elaboración de nuestro Plan de Soberanía Alimentaria, parte esencial en la lucha contra el cambio climático y que busca mayor autosuficiencia”.
Entre otros objetivos, añade la consejera, “figuran la promoción de los productos locales con proyectos como Crecer Juntos, que aúna el sector primario y el turismo; acciones como el programa Ecocomedores, para fomentar el consumo de los niños y niñas en los comedores escolares, facilitando también el trato directo con los productores; la mejora en los planes de riego para enfrentar los problemas derivados de la sequía y la dificultad que tienen los agricultores para mantener sus cultivos a través de obras que dependen del Gobierno; y el desarrollo de las DOSA (Directrices de Ordenación del Suelo Agrario), uno de los grandes problemas del sector agrario en cuanto a la disponibilidad de los suelos y que dificultan la puesta en valor de las actividades agrarias.
Vanoostende adelantó que se están manteniendo reuniones técnicas con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la validación del seguro colectivo del aguacate y de la viña, porque a juicio de la consejera “es fundamental garantizar las explotaciones y a los agricultores ante la pérdida de producción como consecuencia de los cada vez más frecuentes fenómenos atmosféricos adversos”.