“Entre cuatrocientos y quinientos kilos de castañas”. Esta es la cantidad que un agricultor calcula que le robaron el pasado fin de semana de cuatro de las fincas que gestiona. No solo castañas. A lo largo del año también desaparecen centenares de kilos de ciruelas, peras, manzanas y otras frutas. Se ha instalado desde mucho tiempo entre muchos recolectores furtivos la idea de que lo que está en el monte está allí a disposición del primero que llegue. Una especie de barra libre.
Contra lo que muchos creen, o quieren creer, la mayor parte del monte palmero es terreno privado, a pesar de que casi la totalidad de los propietarios no lo cuidan ni lo explotan. Desde que La Palma evolucionó de una economía primaria a una economía basada en el sector servicios, gran parte del monte quedó abandonado. Los abuelos, o bisabuelos, sacaban provecho de él para complementar sus actividades agrícolas y ganaderas en la medianía. Muchos de sus herederos ni siquiera sabrían localizar esos “pedazos” de monte. Buena parte de ellos ni siquiera vive en La Palma. Los que sí se siguen dedicando a la agricultura no suelen trabajarlo por la desprotección ante los robos o porque creen que no es rentable.
“El monte es la gran despensa de la isla”, afirma un experto. “Mientras en los supermercados están cobrando hasta siete euros por un kilo de castañas de fuera, aquí dejamos que las roben, se pudran en el suelo o se las coman las ratas”. El bosque de castañeros también se ha usado tradicionalmente para extraer madera de gran calidad, materia orgánica y pasto para animales; como lugar para producción de miel, para extraer material para cestería, para sembrar bajo sus ramas cultivos de secano: papas, lentejas, millo, cebolla, ajos y todo tipo de legumbres, hortalizas y plantas aromáticas. A estas actividades se ha añadido recientemente el ecoturismo, la educación medioambiental y la recolección de setas.
Un grupo de agricultores acaba de formar la Asociación de Agricultores Tradicionales y Gestión Agroforestal Aurelio Acevedo. Mediante esta agrupación pretenden comenzar a explotar la inmensa riqueza de estos bosques. Afirman que el primer paso es frenar un saqueo que desalienta cualquier iniciativa y, para ello, retoman una vieja reivindicación de los agricultores en la isla: que las autoridades actúen para detener los robos.
Esta ayuda está llegando. La Guardia Civil redobla los esfuerzos de vigilancia; los ayuntamientos de Puntagorda y de El Paso y el Cabildo insular comienzan a reaccionar preparando una campaña de concienciación, poniendo señales y arreglando las pistas forestales. “Por fin están empezando a actuar, pero aún es insuficiente. Hace falta constancia, más empeño y más organización”, afirman desde la asociación.
El Cabildo de Tenerife, con el apoyo de hasta once ayuntamientos, comenzó a principios de otoño una campaña para poner en valor la explotación de los castañeros de la isla. En La Palma también parece que se está empezando a mover algo, como acabamos de ver. Si las instituciones finalmente se implican del todo en solucionar el asunto de los robos, se habrá resuelto un gran problema. El beneficio es claro: se evitará que el monte siga abandonado a su suerte, convertido en un lugar improductivo, inaccesible, lleno de ratas, plantas exóticas invasoras y de material fácilmente inflamable en caso de incendio.