Discapacidad. Integración y no discriminación

Me van a permitir que hable desde mi propia experiencia como persona con discapacidad. Creo que nadie podrá negar que, las personas con discapacidad, hemos sido históricamente poco valoradas. Muchas veces infravaloradas por los gobiernos, otras por la sociedad y, en ocasiones, incluso por las propias familias.

Pues la discriminación no es siempre un acto perverso e intencionado, realizado con el propósito de dañar a alguien, que también se puede dar, sino que la simple invisibilidad, el no tener en cuenta al otro, el mero lenguaje utilizado, el desconocer las normas legales vigentes -y no digamos ya su incumplimiento- son formas de discriminación.

Se nos discrimina desde el lenguaje, donde mucho de lo peyorativo, insultante, despreciativo o estigmatizante está vinculado con discapacidades, me refiero a los términos, inválido, paralítico, subnormal, retrasado, cojo, manco o minusválido, para referirse a personas con discapacidad.

Nos discriminan también cuando desde las televisiones públicas se permite que en programas humorísticos se imiten las formas de hablar, de mirar, caminar o de moverse, propias de personas con discapacidad para provocar la risa.

Se nos discrimina con las barreras arquitectónicas y de la comunicación que impiden nuestra integración y nuestra vida autónoma en todos los ámbitos de la sociedad. Este es un campo, en el desgraciadamente aún queda un gran camino por recorrer. Como ejemplo de ello nos basta mirar el propio edificio del Parlamento de Canarias o muchos edificios públicos en la isla de La Palma que claramente incumplen la normativa de accesibilidad y eliminación de las barreras físicas y de la comunicación y donde determinados espacios de reuniones, no sólo no son accesibles, sino que no son tan siquiera practicables.

Se nos discrimina en el trabajo, incumpliendo las normas legales que amparan el empleo de personas con discapacidad; o en el transporte con vehículos con barreras que nos imposibilitan su utilización, o la ausencia de horarios fijos e insuficientes para los trayectos de aquellas guaguas que sí son accesibles, como ocurre en la isla de La Palma.

Se nos discrimina en la educación, cuando no se imparte una educación inclusiva alegando que no hay recursos económicos para asumirla; o en la salud, incumpliendo las prestaciones que garantizan la rehabilitación y el acceso a la calidad de vida a las personas con discapacidad, por motivos presupuestarios.

Se nos discrimina cuando se abandonan, o no se atienden, a las familias con escasos recursos económicos y con personas con discapacidad a su cargo; e incluso en la cultura popular cuando se sigue practicando el prejuicio y la indiferencia.

Todo ello son formas de discriminación que aún permanecen en nuestra sociedad y que las personas con discapacidad seguimos sufriendo en nuestro día a día. Y son los poderes públicos los que deben arbitrar las medidas necesarias para revertir esta situación.

Y en este proceso, no basta sólo con crear una Comisión Permanente sobre la Discapacidad en el Parlamento de Canarias, que sirva de foro de estudio y debate para el seguimiento de políticas relativas a la discapacidad y de elaboración de nuevas propuestas a favor de las personas con discapacidad, dado el papel transversal de estas políticas en relación al resto de las políticas de la Comunidad Autónoma.

Comisión que espero sea una realidad en la próxima legislatura, pues sería un importante paso, pero que de poco valdría si no se pone en marcha, a su vez, un Plan Canario para la Accesibilidad Universal, que tenga también carácter transversal y que cuente con una ficha financiera que haga posible el cumplimiento de lo recogido en la legislación existente sobre esta materia. Esto es, un plan que incorpore recursos y compromisos presupuestarios plurianuales firmes, que garantice la consecución de los objetivos de accesibilidad fijados en el Plan y permita realizar campañas de sensibilización social sobre esta problemática que afecta cada vez a más personas.