Periodismo y Constitución

Mientras los políticos de turno empiezan a buscar nuevos argumentos para convencer a los electores ante la proximidad de las urnas, a algunos nos preocupa y mucho la máquina de guerra verbal que, en ocasiones con mediocre estupidez, han puesto en marcha los diferentes partidos. Al leer la prensa, encender el televisor, escuchar la radio, notamos el discurso venenoso que poco aporta a la convivencia, o nos saltan –a través de internet y otras formas de comunicación– agresivos mensajes que nos avisan de que el fogón lo han puesto a fuego vivo. Por eso, ante la cercanía del 6 de diciembre, efeméride de nuestra Constitución, y sin querer recomponer el desguace de la realidad que nos ocupa, hemos querido acercarnos a la Carta Magna y a su artículo 20 que nos han proporcionado cuarenta años de periodismo libre. Tiempo suficiente para alegrarnos y reflexionar sobre la libertad de expresión y los rumbos –algunos equivocados– que ha seguido, y que no son atribuibles a la Constitución, sino al uso inadecuado, a veces abusivo, de esa libertad.

Cuando escucho, leo y veo ciertos ejercicios de periodismo cuyo rigor no supera el palique en cualquier cafetería, donde se pierden las jerarquías de valores e imperan sin disimulos la aspereza, la crispación y el sarcasmo, al discutir sobre hechos tanto sociales como políticos, he notado como se apartan los principios que deben imperar en los ámbitos de pensar con el afán de disimular o esconder intereses poco honestos. Así, el oyente o el televidente difícilmente puede extraer la verdad. No se tiene en cuenta que la Constitución también recoge un derecho complementario que resulta esencial para salvaguardar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, se trata del derecho paralelo de los ciudadanos a recibir una correcta y veraz información. El compromiso con la verdad es fundamental y no puede soslayarse. La opinión pública necesita para formarse una información libre, responsable y debidamente protegida. Y que sepamos, la Constitución no protege la falsedad por más que por otro lado no prohíba mentir.

No exageramos al decir que existe un amplio sector de nuestra sociedad preocupado por la actitud de algunos profesionales y medios que amparándose en una supuesta protección constitucional ejercen el derecho a informar y a expresar sus opiniones como si ante un micrófono, frente a una cámara, ante un ordenador e incluso a través de un teléfono móvil valiese todo y, lamentablemente, hacen un uso abusivo de sus funciones entremezclando información y opinión con el fin de llevar a oyentes y televidentes al terreno de sus ideas, olvidando además que la Constitución en su artículo 20, apartado 4, dispone que estas libertades tienen su límite en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. La presunción de inocencia, por ejemplo, no se salvaguarda, en mi opinión, únicamente con el trámite de acompañar el nombre bajo sospecha, de la palabra presunto, ni con cumplir posteriormente los preceptos del derecho de rectificación que nunca borrará los perjuicios causados por una información adulterada o falsa. Indudablemente, el nuestro es el pueblo más parlamentario del mundo y  no es de extrañar que las tertulias radiofónicas y televisivas se hayan convertido en pequeños y torpes parlamentos en los que impera la mordacidad, la insensatez y la burla.

En resumen, un campo fértil para  predicadores y correveidiles de poca monta,  que lejos de esclarecer los hechos, multiplican los embrollos. No es –como decía alguien– que vivamos en un país de siete suelas y ninguna tripa, sino que sus tripas se desparraman hasta salir por las alcantarillas de un lenguaje desmaquillado y cargado de epítetos que enervan al auditorio en medio de un lujo verbal y de un clima poco edificante, que no tiene en cuenta el respeto a las ideas antagónicas ni a la valoración ajena. Por eso, después de algunas tertulias, por mucha polémica que exista, extraemos pocas conclusiones. Tal vez, debamos conformarnos con saber –si es que lo adivinamos– cuantos supervivientes quedaron en el estudio de radio o dentro del televisor.

Mientras los políticos de turno empiezan a buscar nuevos argumentos para convencer a los electores ante la proximidad de las urnas, a algunos nos preocupa y mucho la máquina de guerra verbal que, en ocasiones con mediocre estupidez, han puesto en marcha los diferentes partidos. Al leer la prensa, encender el televisor, escuchar la radio, notamos el discurso venenoso que poco aporta a la convivencia, o nos saltan –a través de internet y otras formas de comunicación– agresivos mensajes que nos avisan de que el fogón lo han puesto a fuego vivo. Por eso, ante la cercanía del 6 de diciembre, efeméride de nuestra Constitución, y sin querer recomponer el desguace de la realidad que nos ocupa, hemos querido acercarnos a la Carta Magna y a su artículo 20 que nos han proporcionado cuarenta años de periodismo libre. Tiempo suficiente para alegrarnos y reflexionar sobre la libertad de expresión y los rumbos –algunos equivocados– que ha seguido, y que no son atribuibles a la Constitución, sino al uso inadecuado, a veces abusivo, de esa libertad.

Cuando escucho, leo y veo ciertos ejercicios de periodismo cuyo rigor no supera el palique en cualquier cafetería, donde se pierden las jerarquías de valores e imperan sin disimulos la aspereza, la crispación y el sarcasmo, al discutir sobre hechos tanto sociales como políticos, he notado como se apartan los principios que deben imperar en los ámbitos de pensar con el afán de disimular o esconder intereses poco honestos. Así, el oyente o el televidente difícilmente puede extraer la verdad. No se tiene en cuenta que la Constitución también recoge un derecho complementario que resulta esencial para salvaguardar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, se trata del derecho paralelo de los ciudadanos a recibir una correcta y veraz información. El compromiso con la verdad es fundamental y no puede soslayarse. La opinión pública necesita para formarse una información libre, responsable y debidamente protegida. Y que sepamos, la Constitución no protege la falsedad por más que por otro lado no prohíba mentir.