El plátano es, sin duda, el alma agrícola de La Palma. Es más que una simple fruta o un producto de exportación: es la base de la subsistencia de miles de familias en la isla. Sin embargo, los pequeños agricultores, aquellos que durante décadas han sostenido la producción de este valioso recurso, están bajo una amenaza que no viene del clima impredecible o de las plagas, sino del propio marco regulatorio. El Proyecto de Decreto que busca regular la asignación de cantidades de referencia para los productores de plátanos en Canarias se presenta como una solución a la distribución equitativa de recursos, pero en realidad, plantea serios riesgos para la viabilidad de los pequeños productores de La Palma.
Este artículo de opinión desglosará los efectos del decreto, no solo desde una perspectiva económica, sino también social y cultural, en un contexto que exige atención urgente. La sostenibilidad del sector platanero, la equidad en la distribución de ayudas y la supervivencia de las explotaciones familiares están en juego. Y es aquí donde se revelan los verdaderos impactos de estas políticas, que podrían llevar a un desequilibrio profundo en el tejido agrícola de la isla.
La desigualdad estructural que amenaza al pequeño agricultor
Desde hace años, los pequeños agricultores en La Palma se enfrentan a un entorno cada vez más hostil, no solo en términos de competencia de grandes productores, sino también de un clima cambiante y la presión del mercado global. A pesar de esto, muchos de ellos han resistido, adaptándose a nuevas tecnologías y prácticas más eficientes. El cultivo del plátano, un sector tradicionalmente dominado por explotaciones familiares, es el motor económico de muchas áreas rurales de la isla. No obstante, el Proyecto de Decreto que regula las ayudas del POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) plantea un nuevo desafío que podría ser devastador.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es el límite de producción por hectárea, establecido en 65.000 kg. Esta cifra, aparentemente arbitraria, busca evitar que grandes productores concentren las ayudas, limitando así su influencia en el mercado. Sin embargo, para los pequeños agricultores, que a menudo dependen de su capacidad para maximizar el rendimiento de sus tierras limitadas, este límite se convierte en una barrera que desincentiva la eficiencia.
A lo largo de los años, muchos de estos agricultores han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en mejorar sus técnicas de cultivo, en optimizar el uso del suelo y en implementar prácticas más sostenibles. Estas inversiones han dado lugar a un aumento en la productividad, permitiéndoles competir en un mercado cada vez más globalizado. Pero ahora, con la imposición de este límite, todo ese esfuerzo parece verse castigado. ¿Por qué mejorar, por qué invertir en tecnologías más eficientes, si cualquier incremento en la productividad que supere los 65.000 kg/ha no será recompensado con un aumento en las ayudas? Esta política no solo desincentiva la innovación, sino que también ataca directamente la lógica económica de muchos pequeños agricultores.
Por otro lado, las grandes empresas que poseen amplias extensiones de tierra no se ven afectadas de la misma manera. Para ellas, la optimización del rendimiento por hectárea no es tan crucial, ya que su capacidad para distribuir la producción en una mayor superficie les permite beneficiarse plenamente de las ayudas. De este modo, las grandes explotaciones pueden seguir acumulando recursos, mientras los pequeños agricultores luchan por mantener sus fincas a flote. Esta situación crea una desigualdad estructural que favorece a los grandes productores y amenaza con expulsar del mercado a las pequeñas explotaciones familiares.
El ciclo de revisión de las ayudas: una espada de doble filo
Otro de los aspectos más preocupantes del Proyecto de Decreto es la modificación del ciclo de revisión de las cantidades de referencia. En lugar de realizarse cada dos años, como se hacía hasta ahora, el nuevo marco propone que estas revisiones se lleven a cabo cada tres años. A primera vista, esto puede parecer una simplificación administrativa, destinada a reducir la burocracia y dar estabilidad al sistema de ayudas. Sin embargo, para los pequeños agricultores, que operan en un entorno agrícola marcado por la imprevisibilidad, este cambio podría tener consecuencias desastrosas.
La agricultura en La Palma no es ajena a los riesgos climáticos. Los vientos fuertes, las lluvias torrenciales y las sequías forman parte del paisaje, y los agricultores de la isla deben enfrentarse a estos fenómenos de manera regular. Un mal año, debido a condiciones climáticas adversas, puede suponer una reducción drástica en la producción. Bajo el nuevo sistema de revisión, aquellos agricultores que experimenten un año catastrófico deberán esperar tres años antes de poder ajustar sus cantidades de referencia, lo que significa que podrían quedarse sin el nivel de ayudas necesario durante un período prolongado. Esta extensión del ciclo de revisión aumenta considerablemente la incertidumbre financiera, ya que un mal año podría traducirse en tres años de dificultades económicas.
El retraso en el ajuste de las ayudas también impide a los agricultores realizar las inversiones necesarias para recuperarse tras un mal año. Si las ayudas se reducen, los pequeños agricultores no podrán reinvertir en sus fincas, lo que les dificulta mejorar su productividad en años posteriores. Este ciclo vicioso puede llevar a un deterioro progresivo de las explotaciones, afectando no solo la sostenibilidad económica de las mismas, sino también el bienestar de las familias que dependen de ellas.
La reserva de cantidades de referencia: ¿Una luz al final del túnel?
No todo es negativo en este decreto, y hay que reconocer que algunos de sus puntos ofrecen una esperanza para ciertos agricultores. Uno de ellos es la creación de una reserva de cantidades de referencia no asignadas, que podrá ser utilizada por nuevos agricultores o aquellos que han sufrido desastres naturales, como la devastadora erupción volcánica de 2021 en La Palma.
Este mecanismo podría representar una oportunidad para aquellos agricultores que han perdido sus tierras a causa de la erupción y que buscan reintegrarse al sector productivo. Sin embargo, la eficacia de esta medida dependerá de cómo se implemente. Es fundamental que las autoridades gestionen esta reserva de manera transparente y equitativa, asegurando que los agricultores que más lo necesitan sean los que se beneficien de ella.
A pesar de este atisbo de esperanza, no se puede ignorar el hecho de que muchos pequeños agricultores de La Palma ya se encuentran en una situación precaria, y cualquier retraso en la asignación de estas reservas podría tener un impacto devastador en su capacidad para recuperarse y continuar produciendo.
El futuro de los pequeños agricultores: una especie en peligro de extinción
La agricultura en La Palma siempre ha estado en manos de pequeños agricultores, que con esfuerzo y dedicación han conseguido mantener vivas sus fincas generación tras generación. Estas explotaciones no son solo el sustento económico de muchas familias, sino que también representan una parte fundamental de la identidad cultural de la isla.
El Proyecto de Decreto, tal y como está planteado, amenaza con erosionar esta realidad. Al desincentivar la productividad y la innovación, y al favorecer a las grandes empresas agrícolas, corre el riesgo de convertir a los pequeños agricultores en una especie en peligro de extinción. Si estos agricultores no pueden competir en igualdad de condiciones, muchos se verán obligados a abandonar sus tierras, con lo que perderemos no solo una parte esencial de la economía local, sino también una parte de nuestra historia y cultura.
El pequeño agricultor no puede ser tratado como una simple cifra en un decreto. Son personas con nombres, apellidos, familias y una profunda conexión con la tierra que cultivan. Son ellos quienes mejor entienden las necesidades de la agricultura en La Palma, quienes han aprendido a adaptarse a las difíciles condiciones climáticas y quienes han mantenido viva una tradición agrícola que se remonta a siglos atrás.
Propuestas para un enfoque más justo y sostenible
Ante este panorama, es urgente que se reconsideren algunos de los aspectos del Proyecto de Decreto. A continuación, se proponen una serie de ajustes que podrían mitigar los efectos negativos sobre los pequeños agricultores y promover una agricultura más equitativa y sostenible:
- Ajuste progresivo del límite de producción por hectárea: En lugar de establecer un límite fijo para todos los productores, el decreto podría implementar un sistema de límites progresivos que tengan en cuenta el tamaño de la explotación. De este modo, los pequeños agricultores que logran altos rendimientos en áreas reducidas no se verían penalizados por su eficiencia, mientras que las grandes empresas no podrían concentrar ayudas de manera desproporcionada.
- Flexibilidad en el ciclo de revisión: El ciclo de revisión de tres años podría mantenerse, pero con la introducción de revisiones extraordinarias en casos de condiciones climáticas extremas o desastres naturales. Esto permitiría a los agricultores ajustar sus cantidades de referencia de manera más ágil y acorde a la realidad de su producción.
- Incentivar la sostenibilidad y la innovación: El decreto debería fomentar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y premiar a aquellos agricultores que invierten en mejorar la calidad y la eficiencia de su producción. En lugar de penalizar la productividad, se debería ofrecer incentivos adicionales a aquellos que logren altos rendimientos mediante técnicas sostenibles.
Mayor participación de los agricultores en el diseño de políticas: Los agricultores deben tener voz en el proceso de toma de decisiones. Es fundamental que se establezcan mecanismos de consulta que les permitan contribuir con su experiencia y conocimientos a la elaboración de políticas que afecten directamente a sus medios de vida.
Conclusión: un futuro para la agricultura familiar en La Palma
El Proyecto de Decreto que regula las ayudas del POSEI tiene buenas intenciones en su diseño, pero sus efectos sobre los pequeños agricultores de La Palma pueden ser devastadores si no se introducen modificaciones que promuevan una verdadera equidad en el sector agrícola. La supervivencia de las pequeñas explotaciones familiares está en juego, y con ellas, la sostenibilidad económica, social y cultural de la isla.
Es imprescindible que las autoridades revisen los aspectos más problemáticos del decreto, ajusten los límites de producción, flexibilicen los ciclos de revisión y promuevan una agricultura que premie la innovación y la eficiencia. Solo así se podrá garantizar que los pequeños agricultores de La Palma tengan un futuro y que la isla mantenga su identidad agrícola.