Una isla en apuros

Hace algunos años, cuando se produjo el desarrollo meridional de Tenerife y las islas orientales con la construcción de establecimientos turísticos, La Palma estaba dominada por una corriente de opinión radicalmente contraria. La burguesía de propietarios agrícolas del Valle de Aridane y de otras zonas de la Isla que degustaban los suculentos beneficios del cultivo del plátano de exportación y de las actividades colaterales que éste generaba, no sólo no auspiciaron sinergias con los organismos implicados en los planeamientos insulares para el desarrollo de la industria turística sino que abiertamente se mostraban contrarios a cualquier cambio de modelo económico que, suponían, podría poner en riesgo sus privilegios.

Eran los años de desarrollo de las infraestructuras agrarias potenciadas por los créditos blandos del Instituto Nacional de Colonización, que llevaba vigente en La Península desde 1940, así como por la mejora de las exportaciones y de los precios de los plátanos como consecuencia de la aparición de las clases medias en España, fruto de la puesta en marcha del Plan de Estabilización Económica de 1959 que desarrolló el Ministro de Comercio, Alberto Ullatres.

En esta época dorada del milagro económico de la Dictadura, La Palma no puso en marcha ningún proyecto de envergadura, como sucedió en otras Islas, para implantar también aquí, el desarrollo de infraestructuras para el turismo. Podemos asegurar que la presencia de los escasos turistas que se atrevían a llegar a esta Isla eran, en muchos casos, vistos con recelo y hasta con animadversión. Y tampoco eran bien aceptados los palmeros que, en su mayoría universitarios, proponían abiertamente un modelo diferente en las estructuras económicas de la Isla.

En La Palma no hablaban los partidos políticos de turismo, no lo hacían porque no generaba demanda social. Podemos comprobar en las hemerotecas que el debate político se concentraba en la puesta en marcha de la Presa de La Viña, un embalse fantasma para el regadío de plataneras que jamás se construyó, o en la pretensión del Pacto de Progreso que gobernaba Canarias para el control público de las aguas que generó una movilización social en contra sin precedentes en La Isla.

El desarrollo turístico del Sur de Tenerife y Gran Canaria estuvo gestionado en sus inicios por burgueses muy adinerados de las capitales insulares que vieron en las zonas de mayor insolación una oportunidad de oro para sus negocios. Los partidos políticos, siempre a remolque de las demandas bien dirigidas de colectivos influyentes, pusieron todos los medios para que inversores foráneos, capital extranjero y multinacionales invirtieran en los complejos residenciales, hoteleros y de ocio de Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Lanzarote o Fuerteventura. Con ello, la capacidad comercial de las zonas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria y Arrecife o Puerto del Rosario se incrementó al diluirse por la isla las plusvalías procedentes del rápido desarrollo del sur.

Santa Cruz de La Palma, por el contrario, no tuvo burguesía económica de capital activo capaz de agilizar los procesos encaminados a potenciar el desarrollo del sur y oeste soleados de la Isla. Por opuestas razones se unió a los propietarios agrícolas del Valle de Aridane en la negativa por crear un futuro diversificado de la economía insular a través del turismo. Un influyente grupo de funcionarios y pequeños comerciantes miraban con recelo un desarrollo turístico del Sur que diera más crecimiento a la ciudad rival, Los Llanos, que había experimentado un veloz crecimiento poblacional por el efecto llamada de la mano de obra que se necesitaba para la roturación de terrenos y construcción de fincas de plataneras. Esa visión localista del poder evitó, seguramente, que Santa Cruz de La Palma, una de las ciudades más cultas y patrimoniales de las Islas Canarias, tuviera a lo largo de estos años un crecimiento comercial y económico de primer nivel, como sucede en Lanzarote con la monumental Villa de Teguise.

Cuando ya llevaban varios lustros en Tenerife y las islas orientales acometiendo infraestructuras para el desarrollo vertiginoso y cuestionable, en muchos casos, del turismo como motor económico fundamental de aquellas Islas, en La Palma se coló, sin que nadie la cuestionara la Ley de Espacios Naturales aprobada por el Parlamento de Canarias en 1987 que curiosamente reserva, sobre todo, los litorales del soleado poniente. En la Cumbre Vieja, por ejemplo, se protege únicamente la zona situada hacia el oeste por su valor ambiental, dejando los verdes bosques de la vertiente este desprotegidos. La zona costera de El Remo, llamada a ser uno de los asentamientos turísticos del futuro y que está totalmente antropizada, repleta de fincas de plátanos con invernaderos y más de 300 viviendas o casetas populares está incluida en la Ley como Espacio Natural Protegido, sin posibilidad de desarrollo urbanístico.

El primer vuelo chárter con turistas llegó a La Palma en noviembre de 1987, trece años después que a Lanzarote. Procedente de Alemania trajo los primeros 200 visitantes que en las encuestas a pie de avión dijeron que venían buscando sol y tranquilidad. No había en ese momento ni un solo hotel en la zona de mayor insolación de la Isla (el Hotel Sol de Puerto Naos se inauguró en 1990). Veintisiete años después a La Palma vienen unos doscientos cincuenta mil turistas al año y la Isla cuenta sólo con tres hoteles de más tres estrellas y no tiene campos de golf. Al resto de las Islas vinieron el año pasado casi 11 millones de visitantes a pernoctar, entre otros, en los 700 hoteles de Lanzarote y Fuerteventura y a disfrutar de los 21 campos de golf que tenemos en el Archipiélago.

La Palma tiene 6.000 “fanegadas” de terreno dedicadas al intensivo agrícola del plátano que deja unos doscientos millones de euros al año en el PIB insular. La evolución del cultivo, la tecnificación y la concentración de parcelas en grandes fincas implica una desaceleración en la mano de obra necesaria. Aquí, como en ninguna Isla del Mundo, se podrán crear fábricas por razones de lógica empresarial. La única solución será la apertura hacia un turismo distinto, si se quiere, pero que sigue viniendo a La Palma a buscar sol y tranquilidad, como en 1987. El turismo activo de deportes náuticos, senderismo, astronomía o de parapentes es ahora y lo seguirá siendo en el futuro turismo minoritario que sólo vendrá si se abaratan los costes con el turismo convencional. No son necesarios, nadie lo quiere, los 600 hoteles ni los seis campos de golf de Fuerteventura y Lanzarote, pero sí creo que se hace necesario un acuerdo de mínimos para tener una veintena de hoteles en esta Isla en apuros, de muchos ancianos y poca actividad económica.

Es cierto que podemos parecer diletantes al escribir sobre un asunto para el que no estamos suficientemente preparados pero también es cierto que la realidad manda y que se hace necesario abordar nuevos debates para que el futuro, una vez más, no nos vuelva a acoger con retraso.

Hace algunos años, cuando se produjo el desarrollo meridional de Tenerife y las islas orientales con la construcción de establecimientos turísticos, La Palma estaba dominada por una corriente de opinión radicalmente contraria. La burguesía de propietarios agrícolas del Valle de Aridane y de otras zonas de la Isla que degustaban los suculentos beneficios del cultivo del plátano de exportación y de las actividades colaterales que éste generaba, no sólo no auspiciaron sinergias con los organismos implicados en los planeamientos insulares para el desarrollo de la industria turística sino que abiertamente se mostraban contrarios a cualquier cambio de modelo económico que, suponían, podría poner en riesgo sus privilegios.

Eran los años de desarrollo de las infraestructuras agrarias potenciadas por los créditos blandos del Instituto Nacional de Colonización, que llevaba vigente en La Península desde 1940, así como por la mejora de las exportaciones y de los precios de los plátanos como consecuencia de la aparición de las clases medias en España, fruto de la puesta en marcha del Plan de Estabilización Económica de 1959 que desarrolló el Ministro de Comercio, Alberto Ullatres.