El alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, asegura que el Ayuntamiento “está cumpliendo estrictamente con el Estado de Derecho” y que “se están siguiendo los trámites establecidos para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)” del Consistorio.
Recuerda que tomó posesión de su cargo el 13 de junio de 2015 y se encontró con una sentencia de mayo del mismo año, por lo que, al estar el presupuesto a mitad de ejecución y sin dotación consignada para este fin, no podía ni siquiera contratar la elaboración de la RPT.
En diciembre de 2015, en plena elaboración de los presupuestos, se decidió habilitar partida para la Relación de Puestos de Trabajo. En la Mesa de Negociación convocada con el fin de tratar el Capítulo 1 (Personal) del Presupuesto de 2016, se planteó por un delegado de personal la necesidad de elaborar la RPT, y se manifestó la voluntad del grupo del Gobierno de comenzar con los trámites de la misma. Sin embargo, el sindicato UGT solicitó tiempo para buscar una alternativa a dicho documento que resultara menos lesiva a los intereses de los trabajadores. “En un ejercicio de respeto a la libertad sindical y a la representación de los trabajadores con los que todos los días comparto tareas, le otorgo tiempo”, expone el primer edil. “En este itinere, la Policía Local insta la ejecución de la sentencia de la RPT y, a su vez, recibimos la semana pasada providencia del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife en la que se nos emplaza, por una tendencia al impulso procesal, a presentar un plan de actuaciones (con cronograma) que el Ayuntamiento pretende realizar para la ejecución de la sentencia”, explica. Añade que “existe un plan de actuaciones que solo se encontraba en suspenso, a la espera del escrito del sindicato, que enviaremos en el plazo conferido al juzgado requirente, en un ejercicio de cumplir estrictamente con el Estado de Derecho”.
El alcalde de Breña Alta subraya que “no me gustan las batallas dialécticas fuera de los foros apropiados y establecido para el debate, pero considero que la información también es un derecho fundamental y me siento en la obligación, por responsabilidad, de informar a mis vecinos”.
Entiende que “la Administración Pública y las personas que le sirven tienen que tener una tendencia constructiva. Deben priorizar los intereses de los ciudadanos por encima de todo y, evidentemente, por encima de los intereses particulares, por muy legítimos que creamos que estos sean”. “La Policía Local tiene un papel fundamental en nuestro municipio que no se debe empañar con descalificaciones personales que hace su propio sindicato, así como tampoco con colapsar la Administración con escritos diarios sin pretensiones objetivas”, concluye.