La empresa Unión de Asfaltos Palmeros SL, en un comunicado, asegura que su planta de asfalto en el polígono industrial del Callejón de la Gata, “cuenta con todas las autorizaciones y licencias”. Señala que “en un estado de derecho el principio de seguridad jurídica es la mayor garantía y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane lo infringe cuando actúa de forma no ajustada a Derecho y de mala fe en tanto que lo hace contra actos propios y vinculantes e incumpliendo todos los plazos y garantías legales”.
El grupo de Gobierno, sostiene Unaspa en la nota de prensa, “espoleado por el portavoz del grupo Socialista, se está ensañando con una empresa palmera que desde hace décadas viene trabajando en la Isla y, en particular, en Los Llanos de Aridane, para cuyo Ayuntamiento ha realizado y realiza en estos momentos trabajos, precisamente, de asfaltado de calles y vías, sin importar daños y perjuicios que con ello se ocasionan a la empresa y a sus trabajadores”.
Explica que “desde hace más de cinco años” Unaspa comenzó “las labores para instalar una planta de aglomerado asfáltico” en el citado polígono. Subraya que “a principio de 2009” solicitó “todas las autorizaciones y licencias a tal efecto precisas”. Detalla que “durante más de cuatro años se han venido tramitando” y asegura que “todas han sido concedidas”, de modo que en la actualidad dispone de “declaración de impacto ecológico aprobada por resolución número 252/2011, de 25 de marzo, de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, autorización para la instalación de una industria de fabricación de aglomerado asfáltico otorgada por resolución de 25 de mayo de 2011 del director general de Industria del Gobierno de Canarias; autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera otorgada por resolución número 498/2012, de 28 de noviembre, de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias; clasificación favorable de la actividad mediante decreto del Cabildo de La Palma de fecha 12 de marzo de 2013, así como ”licencia municipal de instalación y apertura concedida por silencio administrativo por el transcurso del plazo legalmente establecido para resolver que correspondía al Ayuntamiento desde que le fue notificado en el mes de marzo de 2013 el decreto a que se refiere el apartado anterior“.
Informe de Salud Pública
Las autorizaciones relacionadas, afirma, “garantizan que se cumple escrupulosamente con la normativa protectora del medio ambiente y de la salud, hasta el punto de que, por ejemplo, la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 28 de noviembre de 2012 citada, indica de forma expresa que la misma 'con sus propios instrumentos, garantiza y da cumplimiento a los objetivos de protección de la salud recogidos en el informe de Salud Pública”. Además, prosigue, “a los mismos efectos se han impuesto por la Administración autonómica e insular numerosas condiciones para el desarrollo de la actividad que garantizan sin ningún género de dudas la protección del medio ambiente y la salud”.
“Todo cuando ha hecho Unión de Asfaltos Palmeros SL”, insiste, “lo ha hecho dentro de la más escrupulosa legalidad y, además cumpliendo con todo los requisitos, de modo que comunicó el 3 de julio de 2013 al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane mediante escrito presentado por registro general que, una vez había sido concedida la licencia municipal, se iniciaría la instalación de la planta autorizada, sin que durante más de tres meses objetase ni dijese nada en contra”.
Sin embargo, apunta, “el 16 de octubre de 2013 por la tarde, esto es, más de tres meses después de comunicar al Ayuntamiento que se iniciaría la instalación, se notifica a mi representada un decreto en que sorprendentemente se niega que haya sido otorgada dicha licencia, con fundamento en la sentencia dictada respecto de la licencia de otra empresa, cuando dicha resolución judicial nada tiene que ver con Unaspa”. Para “mayor sorpresa”, resalta, “dicho decreto suspende la tramitación de un procedimiento ya terminado hasta que se resuelva un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en que ni es parte Unaspa ni tiene nada que ver con la misma”.
Señala que “para terminar de rematar el despropósito, mediante otro decreto” notificado en la tarde del martes, 22 de octubre, “el Ayuntamiento no solo suspende una instalación cuando no concurren requisitos a tal efecto precisos, sino que, además, dispone simultáneamente, y sin dar posibilidad a la empresa de hacer o alegar nada, precintar la instalación, algo que hace la misma tarde, cuando habían pasado más de tres meses sin hacer nada desde que se comunicó por escrito la instalación”. “Por si fuese poco”, apostilla, “cuando se procede al precinto se precinta no la planta de aglomerado, sino otras instalaciones que nada tienen que ver con la misma, de modo que se precintan, por ejemplo, dos naves que cuentan con las correspondientes licencias propias y maquinaria que está dentro de la misma y que ninguna relación mantienen con dicha planta”.
“Turbulencias políticas entre los socios del gobierno municipal”
Entiende que, “así, se actúa de forma contraria a Derecho, extemporánea y desproporcionalmente contra Unaspa por turbulencias políticas entre los socios del gobierno municipal, tratando de presentar a la empresa como si hubiese actuado irregularmente y en secreto, cuando nada hay más lejos de la realidad”.
Alega que “frente a las referidas actuaciones manifiestamente ilegales no queda más que aplicar la legalidad y para ello Unión de Asfalto Palmeros SL ya ha actuado judicialmente recurriendo al juzgado el decreto que niega el que le haya sido otorgada la repetida licencia y continuará actuando judicial y extrajudicialmente en defensa de sus legítimos intereses, puesto que todo cuando ha hecho ha sido dentro de la más absoluta legalidad y cumpliendo con todas sus obligaciones, a diferencia de lo que ha hecho el Ayuntamiento que, incumpliendo sus obligaciones legales, ha resuelto fuera de todo plazo y de manera no ajustada a Derecho, primando no la seguridad jurídica, sino otras cuestiones que nada tienen que ver con la misma y que han conducido a que se ocasione a Unaspa un enorme perjuicio, tanto económico como de imagen, puesto que se ha querido presentar que la misma actúa ilegalmente y sin cumplir con los requisitos exigidos, cuando es precisamente todo lo contrario, pudiendo acreditarlos sobradamente con documentos , puesto que tienen su poder tanto las referidas autorizaciones que se citan en este escrito como los escritos y comunicaciones presentados donde corresponde, en el Registro General del Ayuntamiento, en vez de en los medios de comunicación”.