El grupo de Gobierno (PSOE-PP) del Ayuntamiento de Tazacorte asegura que “UB-CC pretende privilegios fiscales que no se le dan al resto los vecinos”. En un comunicada señala que “ante la acusación directa del UB-CC a la alcaldesa de cortarles el agua” recuerda a Unión Bagañeta (UB-CC) “de nuevo que quien gestiona el agua es la empresa Canaragua, la cual tiene el mismo proceder con todos los vecinos y vecinas, cumpliendo escrupulosamente con lo establecido en la ordenanza reguladora aprobada en el año 1994 , concretamente en el art. 37 que establece '?el impago reiterado, de al menos, dos recibos por precio público de consumo de agua por parte de abonados?., producirá el corte del suministro del abonado, previa audiencia del interesado?'.
Además, precisa, “la empresa envía una notificación de deuda y después una notificación de suspensión dando un plazo de 20 días para pagar la deuda, ofreciendo además la posibilidad de fraccionamiento de pago”. Este procedimiento, alega, “debe conocerlo UB-CC ya que ellos lo aprobaron en el año 1994 aplicándolo durante todos estos años a muchos vecinos”.
El Ejecutivo local “le recuerda” asimismo “a la oposición que los cortes de agua no son trabajo de la alcaldesa sino fruto de la aplicación de una ordenanza. A lo que sí se dedica la alcaldesa y concejala de Bienestar Social, Carmen Acosta, es mediar con la empresa cuando existen situaciones de emergencia, negociando con la empresa para que retrase el corte a familias que están pasado un mal momento y tramitando en los casos necesarios las ayudas de emergencia pertinentes evitando el corte del servicio, pero en ningún caso para que un partido político que no paga sus recibos tenga privilegios ante el resto de vecinos y vecinas”.
La alcaldesa considera “poco afortunado el posicionamiento de UB-CC defendiendo de forma continua intereses particulares y no se preocupe de las verdaderas necesidades de nuestros vecinos”.
En cuanto a las empresas que se encuentran en el almacén de los Cejas, “empresas que UB-CC ubicó allí en condiciones precarias”, el grupo de Gobierno señala que “están en vía de regularización; si bien, la única que parece preocuparle a UB-CC, la cerrajería, ya está regularizada con contrato de alquiler firmado con el propietario del inmueble suponiendo unos ingresos para la administración local, solución que debería haber buscado el anterior grupo de Gobierno antes de permitir allí las diferentes actividades que se realizan”.