El pasado 28 de julio, durante la firma del Pacto por la Ciencia e Innovación de Canarias, la ministra de Ciencia e Innovación y el presidente del Ejecutivo canario anunciaron la primera parte de una decisión ya tomada: las islas acogerían la sede del nuevo Centro Vulcanológico Nacional (CVN). Días después, el 8 de agosto, Ángel Víctor Torres confirmaba a la prensa esa primera parte tras reunirse con Pedro Sánchez en Lanzarote y al día siguiente fue el Diario de Avisos el que desveló en su portada la segunda y poco sorprendente parte de dicha decisión: su sede estará en Tenerife. Entonces, y solo entonces, al toparse en una bonita mañana veraniega con la foto del Teide en la portada del decano, es cuando hubo algún tipo de reacción por parte de los representantes políticos palmeros en forma de nota de prensa (su vehículo de comunicación favorito) y algún que otro 'tweet'. A falta de repuestas más contundentes, como el impulso de declaraciones institucionales en los 14 ayuntamientos y el Cabildo o promover activamente la movilización ciudadana en favor de la instalación del CVN en la isla, resulta llamativa –aunque no inusual– la torpeza con la que se ha manejado este asunto, saliendo en tromba todos los partidos y alguna asociación empresarial a reclamar el emplazamiento del nuevo centro en La Palma cuando ya era demasiado tarde.
No obstante, el hecho de que la creación del Centro Vulcanológico Nacional aún no se haya oficializado parece mantener un cierto hálito de esperanza al que aferrase. El presidente del Gobierno recordó este martes en su visita a la isla que la determinación de la sede física de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal se basa en un proceso de evaluación “que está regulado”. Esta regulación parte de la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, que fue creada por medio del Real Decreto 209/2022 y se encuentra ya constituida bajo la presidencia de Isabel Rodríguez en calidad de ministra de Política Territorial. Dicho real decreto especifica con meridiana claridad que “los criterios que se considerarán en la elección incluirán, entre otros, la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación”.
Estos y no otros son los criterios que por ley debe evaluar la citada comisión para asesorar al Consejo de Ministros, que es a quien corresponde en exclusiva la decisión final. Examinando uno por uno los criterios legales que establece el real decreto –nada se menciona aquí, por cierto, de los “informes científicos” a los que ayer se refirió el presidente del Gobierno canario– resulta más que obvio que Canarias no puede cohesionarse social y territorialmente mientras unas islas se sobrepueblan y enriquecen y otras se despueblan y empobrecen. En cuanto al servicio público que prestaría el centro, debe tenerse en cuenta de que hablamos de un organismo de investigación que, más allá de la red de sensores, no precisa de grandes infraestructuras ni de excepcionales condicionales naturales para desarrollar su labor por lo que en verdad su ubicación es más o menos independiente de su actividad. De hecho, la red de vigilancia volcánica depende ahora mismo del Instituto Geográfico Nacional, con sede en Madrid. La situación del mercado de trabajo, en cambio, resulta similar, al menos en términos porcentuales, en ambas islas, aunque tampoco es menos cierto que La Palma ha mantenido un nivel de desempleo estrucutral más alto, incluso durante el mejor momento económico de nuestra historia reciente.
Por último, la lucha contra despoblación aparece aquí como el criterio clave, tanto que ha sido además una directriz fundamental de la acción política del actual Gobierno de España, el primero en tener un ministerio específicamente dedicado al asunto. Su relevancia es tal que el propio decreto ley impone a la comisión la elaboración de “un informe anual sobre la aportación que las sedes de las instituciones pertenecientes al sector público institucional estatal realizan a la vertebración territorial y a la lucha contra la despoblación de las zonas más afectadas por el reto demográfico”. Llegados a este punto, nos basta un vistazo rápido a las estadísticas poblacionales para comprobar que La Palma es la única isla española que no solo no ha incrementado su población en los veinte últimos años, sino que de hecho la ha reducido, porque aunque sigamos estancados en los eternos 80.000 empadronados, se han publicado varios cálculos que estiman en no más de 60.000 las personas que realmente viven en la isla. Por el contrario, en ese mismo periodo Tenerife ha visto incrementada su población en un 30%, rozando ya el millón de habitantes, y Lanzarote, que también podría aspirar a albergar el nuevo centro por haber sido la isla con la erupción histórica ḿas larga y devastadora, ha casi duplicado el número de sus pobladores, lo que pondría una hipotética candidatura conejera por detrás de la palmera en este aspecto.
Por todo lo expuesto, es perentorio que las autoridades palmeras se consagren a la tarea de presentar una buena candidatura ante la comisión, dejando de lado el postureo en redes sociales y el 'bienqueda notaprensista'. Existe consenso político y social total para que el Centro Vulcanológico Nacional se emplace aquí, y esa decisión ha de seguir un procedimiento regulado cuyos criterios están publicados en el BOE. No hay ninguna duda de que Tenerife tiene argumentos muy potentes para añadir un organismo público más a su entramado político-adminstrativo, pero nosotros estamos en disposición de presentar otros que, sin ir contra nadie, están más en sintonía con el espíritu de la norma. Hay que asumir, eso sí, que será una batalla en solitario porque, a excepción de Nueva Canarias, ninguno de los partidos del turno (CC, PP y PSOE) ha secundado en el ámbito regional a sus compañeros de La Palma, lo cual nos conduce a reflexiones que quizás expongamos otro día.
Sergio Armas Pérez