“A río revuelto, ganancia de pescadores”, reza un conocido refrán que ilustra perfectamente la situación que está viviendo La Palma tras la erupción de Tajogaite. En las aguas revueltas del terrible remolino de confusión, desesperación e incertidumbre que ha traído consigo el volcán, han acudido a echar el lance determinados intereses particulares y de las administraciones locales que han visto en la reconstrucción una auténtica lotería de oportunidades para llevar a cabo todo aquello que hasta ahora la falta de recursos, la oposición ciudadana o incluso la normativa legal les había impedido hacer.
Somos conscientes de la enorme dificultad que supone gestionar una crisis de esta envergadura y reconocemos la voluntad de los dirigentes públicos de atender a las necesidades de la población. Pero el afán de dar una respuesta inmediata al descalabro económico y social que nos acucia, parece haberlos lanzado a una loca carrera por ejecutar una avalancha de proyectos de enorme trascendencia para el futuro de la isla, sin contar en absoluto con quienes supuestamente hemos de beneficiarnos de ello, el pueblo palmero. La emergencia de la reconstrucción, más que una seria amenaza, está siendo ya un auténtico atropello a los derechos fundamentales de los habitantes de La Palma.
Ya desde las primeras semanas de la erupción, los viejos proyectos aparcados o dormidos no tardaron en aparecer. Bajo el disfraz del apoyo solidario a los afectados, vimos cómo un grupo de propietarios ofrecía sus terrenos para la construcción del Nuevo Todoque. No eran otros que los promotores del antiguo Aridane Golf, convertidos ahora en donantes “desinteresados” a cambio de la recalificación urbanística de una parte de esos terrenos situados en pleno Espacio Natural Protegido de Cumbre Vieja-Teneguía donde la justicia les impidió construir en su momento.
También hemos visto al sector inmobiliario y a particulares sin escrúpulos aprovechar la escasez de terreno urbanizable en el Valle para alimentar la especulación urbanística subiendo los precios del suelo rústico a las familias sin vivienda a causa de la erupción que buscan desesperadamente una parcela donde reconstruir su hogar.
Pero quizá lo más grave de todo es la falta de consideración de las administraciones públicas que han convertido la reconstrucción en una carrera contrarreloj, sacrificando en el camino derechos básicos que nos asisten como ciudadanos: el derecho a la información y el de participación en la toma de decisiones, por muy de emergencia que sean. Mientras la población afectada espera con estoica paciencia el reparto de una pedrea de esa lotería del volcán que le permita rehacer su vida, las administraciones, aliadas con los intereses económicos de ciertos grupos de influencia, se apuntan al premio gordo de los grandes proyectos. Aprovechan la coartada de la emergencia para imponer una serie de obras que, de haberse efectuado por los cauces normales, a buen seguro habrían tenido contestación popular.
Ya ocurrió hace unos años con el proyecto de la autopista de La Cumbre que logró paralizarse gracias a la amplia movilización ciudadana que denunció su enorme impacto social y ambiental. Pues ahora las grandes carreteras, que siempre han estado ahí, al acecho, atacan de nuevo: el volcán les ha abierto la veda. Vuelve la autopista, reconvertida ahora en circunvalación de El Paso, el tramo Argual-Tazacorte, la carretera de La Costa-Puerto Naos, que pretende tener continuidad en la vieja aspiración de conectar El Remo con Fuencaliente. Muchos vecinos se verán afectados: expropiados por el volcán primero y ahora por la implacable administración. Pero lo más lamentable es que hemos tenido que enterarnos por la prensa, por las redes o por los rumores de la calle.
Es muy triste que la gente del Valle se haya visto obligada a rellenar formularios durante meses, a apuntarse en diferentes registros, aportando incontables documentos justificativos simplemente para acreditar su inscripción como afectado y poder tener acceso a las prometidas ayudas de las que muchos poco o nada sabemos aún, mientras que la administración, en nombre de la emergencia y amparada por ella, se salta todos los procedimientos habituales sin avisar siquiera a los afectados y negándoles cualquier tipo de acceso a la información correspondiente a los expedientes de las obras.
Ante este flagrante atropello a los ciudadanos, a quienes se les ha ocultado una información tan básica como conocer si el trazado de la carretera de La Costa pasa por su finca o vivienda, a las asociaciones de afectados solo les queda recurrir a la denuncia ante la fiscalía o los tribunales de justicia. Una vía lenta y muy difícil, que, de darles la razón, como ha ocurrido tantas veces, lo hará tarde y probablemente no les dejará otra opción que la protesta desesperada en la calle. Porque hay dudas razonables sobre la declaración de emergencia de estas obras que podrían justificar al menos una paralización cautelar: ¿es legal realizar al mismo tiempo tres carreteras por la vía de emergencia para cumplir el mismo objetivo: comunicar las dos zonas del Valle aisladas por la lava? ¿Es legal declarar obra viaria de emergencia para restablecer comunicaciones un tramo de carretera donde ya existen vías por las que es posible transitar?
Y, por si esto fuera poco, aún hemos tenido que asistir con indignación e impotencia a la desinformación en los medios, donde se ha querido hacer ver a la opinión pública que se ha modificado el trazado consensuándolo con la sociedad palmera (cuando es el mismo trazado que ya conocíamos antes de la reunión del lunes pasado, a la que en ningún momento se invitó a los afectados), que solo se van a ocupar 3,2 hectáreas (cuando basta con contabilizar la cantidad de terreno que necesita una infraestructura de estas características –accesos, rotondas, áreas de exclusión- para saber que la superficie inutilizada será muchísimo más amplia) o que la nueva carretera va a soportar un tráfico de 20.000 vehículos (cuando todos sabemos que son cifras infladas para justificar una obra mayor de la que se necesitaría).
Así estamos, rumiando nuestro desconcierto, noqueados por las secuelas de Tajogaite, callados unos por apatía o servilismo, otros por simple amargura, hundidos en la depresión o en una sorda indignación o, sin más, demasiado ocupados buscándonos la vida como podemos. Y, mientras, aprovechando ese infierno en que estamos sumidos, quienes dicen representarnos han visto en el procedimiento de emergencia los cielos abiertos, la vía libre a la ejecución de proyectos nuevos o largo tiempo agazapados en sus gavetas: todo en secreto, cocinado de espaldas a la gente, sin información, sin tiempo para reaccionar ni alegar, sin protestas. ¿Se han preguntado qué interés hay en ello? ¿Puede llamarse a eso “interés común”? ¿Piensan, por ejemplo, que es casual que las obras de esta carretera empiecen justo después de las vacaciones de Semana Santa, dificultando la movilización vecinal? ¿Es este el valor que dan a nuestro papel en la reconstrucción y a la participación ciudadana que tanto se pregona?