Los seis grupos que conforman el Parlamento de Canarias han votado a favor de un informe por el cual la Cámara emite su parecer desfavorable respecto a la nueva propuesta que ha hecho el Gobierno del Estado en relación a los descuentos en los billetes a residentes canarios.
En la presentación del informe, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, recordó que este informe se produce después de que el Tribunal Constitucional (TC) fallase a favor del Parlamento y anulase la disposición que regula estas subvenciones porque no se había evacuado el preceptivo informe de la Cámara autonómica.
Tras el fallo del TC, explicó Ruano, la nueva propuesta de regulación que hace el Gobierno es que se mantiene el concepto de tarifa bonificable frente a la tarifa de servicio, que establece que en ningún caso se debe producir una disminución de la aportación del Estado a la subvención por residente que está establecida en un 50%.
Así, con el informe desfavorable del Parlamento se pretende que en el trámite normativo de la nueva regulación se sustituya el concepto de tarifa bonificable por el de tarifa por servicios regulares de pasajeros, que data del año 1994.
A su vez, en el documento se incorporan dos previsiones respecto al trayecto directo entre escalas, ya que la propuesta del Estado establece una limitación a que la bonificación se produzca solo si el tiempo que media entre el primer vuelo y el último es de doce horas.
Según argumentó Ruano, esto puede producir algunos problemas para la aplicación efectiva de la bonificación y, por tanto, el Parlamento pide que se lleve a cabo un límite de 24 horas.
En el informe también se hace referencia a la restricción a la libertad comercial, porque se obliga a las compañías aéreas a depositar aquellos contratos que signifiquen precios especiales a clubes deportivos, federaciones u organizaciones de la tercera edad.
En su propuesta, la Cámara considera que no se debe establecer ese límite en los depósitos de los contratos y que la subvención por residente del 50% sea al precio real finalmente pagado por el usuario, ya sea un club deportivo o de la tercera edad.
Por el grupo Popular, Mercedes Roldós explicó que su partido no ha firmado esta emisión desfavorable “no por el fondo, sino por las formas”, porque “la reiteración de temas que han sido suficientemente debatidos en la Cámara ”no llevan a ningún lado“.
Para la diputada popular, “lo sustancial es que la bonificación al transporte regular de pasajeros ha sido atendida en tiempo y forma durante toda la legislatura, y no ha faltado ni un euro por parte del Gobierno para subvencionar el transporte aéreo y marítimo de los ciudadanos canarios”.
Desde Podemos, la diputada Noemí Santana ha mostrado su apoyo al informe al entender que la nueva regulación propuesta por el Estado es un “ataque a la libertad” del transporte a los residentes canarios y limita la competitividad de las empresas canarias.
A su vez, pidió que se promuevan descuentos no sólo en los vuelos que operan dentro del Estado español, sino también con el resto de Europa, y reclamó medidas que garanticen una mejor conectividad entre islas.
El portavoz del grupo de NC, Román Rodríguez, se mostró “totalmente de acuerdo” con el informe, pero quiso dejar claro que la Comunidad Autónoma “no cuenta con mecanismos legales suficientes para garantizar la protección de los derechos fiscales y económicos de Canarias”, por lo que el Gobierno “puede poner este informe en la papelera”.
“Este Parlamento necesita conquistar que sus derechos estén protegidos en el marco de la Constitución porque ni siquiera la reforma estatutaria da cobertura suficiente para proteger los descuentos en los billetes a los residentes canarios”.
El diputado Casimiro Curbelo, del grupo Mixto, dijo que el transporte es un “servicio esencial”, por lo que considera que hay que buscar “mecanismos de cohesión territorial” en la parte económica del REF para “no estar supeditados al vaivén del gobierno de turno”.
Desde las filas socialistas, Julio Cruz criticó que el PP hable de reiteración cuando “siempre ha pretendido modificar las bonificaciones al transporte de pasajeros sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos de Canarias, y para pagar menos porque consideran al archipiélago como una carga y como un gasto”.