El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 19 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, una subvención de 100 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar ayudas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos a personas físicas y empresas, como consecuencia directa o indirecta de la erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre de 2021 en La Palma, informa Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en una nota de prensa.
Las ayudas económicas, señala, tendrán por objeto la reparación o la compensación de la totalidad de los daños sufridos en todo tipo de bienes y actividades realizadas por las personas y entidades afectadas por los efectos del volcán, permitiéndoles recuperar su actividad personal, familiar, profesional, social y económica, en condiciones de calidad de vida equivalentes a las que tenían antes de la erupción.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de quien depende el Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, ha destacado “que esta transferencia es una muestra más de que el Gobierno de España sigue cumpliendo con los compromisos adquiridos con La Palma”.
Concesión directa
Las subvenciones, se explica en la nota, se concederán en régimen de concesión directa, en razón del interés público y social derivado de las singulares circunstancias que ha vivido la isla de La Palma.
La beneficiaria directa de esta subvención, añade, es la Comunidad Autónoma de Canarias, que debe tramitar y gestionar las ayudas y adoptar las medidas necesarias a fin de que se puedan paliar los daños ocasionados por la erupción del volcán.
Actuaciones subvencionables
Las actuaciones subvencionables, apunta, son las siguiente: “Los daños materiales en toda clase de bienes, incluyendo la destrucción o inutilización de viviendas y edificaciones complementarias, así como las edificaciones, instalaciones y bienes afectos a actividades empresariales, entre ellas las agrarias, que constituyan un perjuicio derivado de la erupción del volcán; los daños materiales derivados de la desaparición o imposibilidad de continuar las actividades propias de las distintas explotaciones económicas, empresariales y profesionales, en especial las explotaciones agrarias que constituyan un perjuicio derivado de la erupción del volcán”, así como “cualquier otro daño no incluido que, debidamente acreditado, constituya un perjuicio derivado de la erupción del volcán”.
En la nota se indica que las ayudas concedidas en aplicación de este real decreto podrán tener carácter complementario y serán compatibles con otras subvenciones, indemnizaciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de sistemas públicos o privados, nacionales o internacionales. Y, a los efectos de la concesión de estas ayudas económicas, no será de aplicación límite alguno por la cuantía de los ingresos o renta anuales de la persona o de la empresa afectada que sea beneficiaria.
El importe de la subvención de 100 millones de euros, añade, se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Medidas adoptadas por el Gobierno de España tras la erupción
El 19 de septiembre de 2021, recuerda, entró en erupción el último volcán de La Palma en Cumbre Vieja, que obligó a evacuar amplias zonas de la Isla que sepultó numerosas viviendas y afectando a una parte importante del tejido económico del valle de Aridane.
El Consejo de Ministros del 28 de septiembre de 2021, agrega, aprobó un paquete de medidas, destinadas, por un lado, a ayudar a las personas afectadas por la erupción y, por otro, a articular la recuperación económica de la iIsla y la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.
Dentro de las medidas de impacto inmediato, señala, se adoptó el Real Decreto 820/2021, con una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada.
Asimismo, esa misma fecha, añade, el Consejo de Ministros declaró la isla de La Palma zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC) debido a la erupción del volcán, habilitando a todos los ministerios para determinar las ayudas necesarias para recuperar todos los daños provocados.
Con posterioridad, el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, prosigue, adoptó medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de La Palma, con diversas subvenciones y ayudas directas para paliar los daños en viviendas, locales, entornos productivos y medio ambiente, así como actuaciones de apoyo e impulso a la reconstrucción económica, laboral y social de la Isla.
De igual manera, continúa, el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, contempló a su vez medidas en cuatro ámbitos para la reconstrucción de la Isla: en vivienda, agricultura y pesca, cultura y respecto a los trabajadores del mar.
A su vez, apunta, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad, permitió la prórroga de determinadas medidas de apoyo para la reparación de los daños y para la reconstrucción económica y social de la Isla.
Catástrofe natural
A pesar de las medidas adoptadas, se indica en la nota, “la dimensión y magnitud de esta catástrofe natural, unida a la duración del fenómeno producido por el volcán, justifican que la Administración General del Estado siga llevando a cabo actuaciones, con la mayor celeridad posible, dirigidas a paliar los efectos producidos a las empresas familias de la Isla, y reforzar y dinamizar su economía durante los próximos años”.
Por ello, “el establecimiento de una subvención de concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias se considera la solución más eficiente para garantizar una la llegada de las ayudas económicas necesarias a los afectados”.
A este efecto, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 “se incluyó una dotación presupuestaria, que hoy miércoles se aprueba, destinada a financiar subvenciones, para el conjunto de actuaciones dentro del marco del Plan de Recuperación de La Palma que vienen desplegando las administraciones públicas estos años”.
Por tanto, concluye, “concurren circunstancias excepcionales que acreditan las razones de interés público para la aprobación de este Real Decreto que regula una subvención de concesión directa, prevista en la Ley General de Subvenciones”.