El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Cruz de La Palma ha celebrado este lunes la vista oral de medidas cautelares solicitadas por los seis consejeros socialistas del Cabildo contra su expulsión del PSOE. Los mismos, en la demanda civil por vulneración de derechos fundamentales (el de asociación y pertenencia a un partido político), planteada en diciembre de 2013, piden que, en tanto se sustancia el proceso, se adopte, como medida cautelar, dejar “en suspenso” la orden de baja como militantes, provisional y definitiva, decretada por el Comité Ejecutivo Federal del partido el pasado 21 de noviembre.
Una vez oídas las partes, el titular del citado juzgado dictará un auto que resolverá en los próximos días si se suspende o no la reseñada expulsión.
En la vista oral de medidas cautelares estuvieron presentes el abogado defensor de los consejeros socialistas, Jaime Carreres Pérez, el representante del Ministerio Fiscal y el letrado de la Ejecutiva Federal desplazado desde Madrid.
Los recurrentes consideran que el expediente de expulsión no se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Afiliados del PSOE y creen que fue “irregular y sin ningún tipo de garantías”.
Los consejeros expulsados no han recibido todavía contestación por parte de la Ejecutiva Federal a los recursos presentados contra sus expulsiones ante el Comité de Ética y Garantías del partido.
Respaldo de la militancia
Los consejeros socialistas expulsados cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría de los militantes del PSOE en La Palma. La decisión de pactar con el PP en el Cabildo para sacar del Gobierno insular a CC, respaldada igualmente por las bases, provocó la destitución de Anselmo Pestana como secretario general en la Isla, la disolución de la Ejecutiva insular y el nombramiento de una comisión gestora que preside Manuel Marcos Pérez.
La moción de censura que desbancó a CC del gobierno del Cabildo de La Palma y llevó a la presidencia insular al socialista Anselmo Pestana, respaldada por los seis consejeros socialistas y los seis del PP en el pleno celebrado el 22 de noviembre de 2013, está pendiente del recurso presentado por CC en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Coalición Canaria recurrió a la justicia al entender que los consejeros socialistas, cuando se votó la censura, ya no pertenecían al PSOE y, por lo tanto, en el Cabildo, con un cámara de 21 escaños, eran necesarios 17 votos, en vez de 11, como mínimo, para que prosperase la moción.
En su recurso, CC pide la anulación del pleno como medida cautelar en tanto se resuelve el fondo del asunto.